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“Efectivamente estamos hablando aquí de comunidades que por décadas han vivido en un territorio donde no se cumple el derecho humano a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la educación por los reiterados episodios de cierre de colegios y jardines infantiles”, recordó Maisa Rojas, quien puso un nuevo factor que complejiza aún más la ecuación.
La decisión del directorio de Codelco de proceder con el cierre programado de fundición Ventanas mantiene en alerta a los trabajadores de las divisiones de la cuprífera estatal, quienes han puesto en relieve los costos económicos y sociales que generaría el plan de clausura. Sin embargo, el Gobierno de Gabriel Boric ha destacado otro problema que no necesariamente toman en cuenta los actores involucrados en esta polémica: la eventual demanda que los vecinos de Quinteros y Puchucaví -reconocida zona de sacrificio ambiental- podrían interponer en contra del Estado si continúa la operación de una planta que cuenta con una tecnología obsoleta y contaminante.
Y ciertamente que es un tema que preocupa, reconoció la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien recordó además que la reciente ratificación del Tratado de Escazú impone nuevos estándares en materia ambiental. No obstante, la ministra recordó que la misma Justicia ha resuelto en favor de las comunidades afectadas por los episodios de intoxicación, de tal modo que tal escenario podría repetirse y desembocar en un millonario pago de indemnizaciones. “Recordemos que en 2018, cuando hubo estos episodios de intoxicación masiva, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso un recurso de protección y la Corte Suprema lo acogió, y hay un fallo y 15 medidas que se tenían que haber implementado, y que tenemos que implementar. Hay avances ahí”, señaló Rojas.
“Efectivamente estamos hablando aquí de comunidades que por décadas han vivido en un territorio donde no se cumple el derecho humano a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la educación por los reiterados episodios de cierre de colegios y jardines infantiles”, agregó la titular del Ministerio de Medio Ambiente. “Y lo que se dijo desde el principio que estas medidas preventivas sean los las empresas las que paralicen y no los colegios”, añadió.
Rojas sostuvo que el objetivo de este Gobierno es “evitar al máximo el riesgo a nuevas afectaciones a la salud, y por eso estamos aplicando este principio preventivo”, declaró en el programa Mesa Central de Canal 13.
“El Tratado de Escazú”, señaló la ministra Rojas, impone “mayor transparencia y acceso a la información, en mayor participación, y nos permite exigirle al Estado a que cumpla con las normas. Y también a las empresas privadas, pues evita la corrupción”, agregó, destacando que la adhesión al tratado permite “tomar mejores decisiones ambientales”.
Sobre el alegato de los trabajadores de Codelco, en orden a que basta un plan de inversiones en Ventanas para que pueda operar bajo estándares aceptables, así como la existencia de otras instalaciones contaminantes que no han sufrido medidas tan severas, Maisa Rojas destacó que ya se encuentra en vigencia un plan gradual de descontaminación, uno que “ya va en su tercer año”, lo que obligará a “las empresas del cordón industrial, que son veinte, a que tengan que ir haciendo mejoras” en base a una actualización de sus respectivos planes operacionales.
“En ese contexto es que están los 54 millones de dólares (de inversión) sobre la mesa. Pero la verdad de las cosas es que Codelco sabe hace mucho tiempo que no va a ser suficiente, porque el plan no sólo es gradual y más exigente, sino que también se tiene que revisar, y entonces la evaluación de Codelco es que se necesitan 1.000 millones, y eso es el valor de una nueva fundición”, declaró, al tiempo que recordó que la fundición es responsable del 62% de las emisiones de dióxido de sulfuro.
“El evento del 6 de junio es gatillante. Aquí hay contaminación por material particulado, hay contaminación por compuestos orgánicos volátiles, por dióxido de azufre. Si yo saco el 62% de las emisiones por lo menos eventos asociados a dióxiso de azufre debieran disminuir”, señaló.
No obstante, Maisa Rojas adelantó que inevitablemente algunas instalaciones serán clausuradas “por el plan de descarbonización asociada a la Ley Marco del Cambio Climático. Es un inicio de una relación distinta con los territorios”.
La situación en la bahía de Quinteros “es un síntoma agudo de una mala relación que hemos tenido los seres humanos con nosotros mismos y la naturaleza. Consecuencia de eso es una crisis de contaminación, de biodiversisdad y cambio climático, y esas tres crisis se resuelven con una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza y nosotros mismos. Cuando el Presidente Boric dice que este será el primer gobierno ecologista, nosotros decimos que tiene que haber un proceso de transición justa”, aseveró la ministra del Medio Ambiente.
