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Crédito: Agencia Uno
Tras la aprobación hace algunas semanas de la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica la iniciativa que permite el despliegue militar para el resguardo de establecimientos de importancia social o pública, el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) manifestó su rechazo al proyecto. «Considerando que el país se encuentra en un crucial e histórico momento constitucional, no es oportuno ni conducente que en estos momentos esta reforma redefina la política militar. El empleo de las FF.AA. en actividades de control del orden público es un error, es inoportuno y es peligroso, razón por la que la propuesta de la Nueva Constitución no lo considera», enfatizaron.
El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), abordó la decisión de la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica, la que aprobó la iniciativa que permitirá -entre otras cosas- el despliegue militar para el resguardo de establecimientos de importancia social o pública.
A través de un comunicado donde entregan ocho puntos de por qué el proyecto debe ser rechazado, indicaron que «normaliza el uso de las FF.AA en asuntos de orden interno»
«El despliegue de los militares fuera de sus cuarteles en asuntos de orden interno debe ser claramente una excepción dentro del acontecer político. Si en algún momento se les llegara a necesitar, la vía legal para convocarlos debe ser a través de los estados de excepción constitucional. Asimismo, la implementación de esta reforma incorporaría un nuevo rol no profesional para las FF.AA., lo cual supondría serios problemas en términos operativos, con graves consecuencias para la profesionalización de estas instituciones», sostuvieron.
Otro de los puntos da cuenta que «no identifica una figura que asuma la responsabilidad política de los sucesos que puedan acaecer durante la labor militar y tampoco establece una línea de mando claramente definida».
«¿De qué autoridad van a depender los militares que estén resguardando una infraestructura crítica? No existiendo el estado de excepción, ¿los delegados presidenciales y gobernadores van a tener la autoridad y el mando apropiado? Dado que Carabineros va a seguir teniendo la responsabilidad del orden público general, ¿van a poder dar órdenes a los militares que estén haciendo labores de resguardo? No hay que olvidar que cuando las responsabilidades políticas, operacionales y penales son difusas en relación a quién ejerce la violencia y quien la ordena, se abren espacios para la violación de los derechos humanos», complementaron.
Para el GADFA, la iniciativa «refuerza el hiperpresidencialismo», ya que «la decisión del uso interno de los militares recae únicamente en el poder ejecutivo en base a criterios discrecionales de quien ejerza la presidencia».
«Implica un retroceso en las formas de protección del orden público puesto que se incrementarían las posibilidades de violación de los derechos humanos, tal como ocurrió frente a las protestas de 2019 y 2020», señalaron.
También, la iniciativa tiene una «definición ambigua de ‘protección'».
«Lo que se propone proteger—en la forma en que se presenta en el proyecto–no corresponde con gran parte de las infraestructuras a resguardar. Un supermercado (“centro de abastecimiento”) es saqueado por una población civil; una carretera (“vías de comunicación”) se extiende por kilómetros y no tiene muros; un aeropuerto o un terminal de buses, son lugares por los que transitan miles de personas diariamente», sostuvieron.
«Además, “proteger” exige saber qué amenaza habrá que enfrentar y esta indefinición puede llevar a labores que van mucho más allá de la simple presencia militar en un lugar determinado. Por último, y más grave aún, abre la puerta para que la inteligencia militar defina a sectores de la sociedad civil como un objetivo, es decir, como un posible “enemigo interno”, complementaron.
En la misma línea, advirtieron una «indefinición sobre el contexto de uso de armas letales».
«Esta acción de protección se desarrollaría bajo la luz de nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Éstas facultan a los militares para hacer uso de armas letales frente a situaciones no especificadas debidamente, lo cual expone a la población a un grave peligro de ser víctima de la violencia militar», manifestaron.
Por otra parte, argumentaron que las Fuerzas Armadas no se encuentran preparadas para cumplir con la propuesta.
«Exigirá una preparación específica a las FF.AA. para el desempeño de esta labor por lo que será necesario incrementar el presupuesto militar; implementar un entrenamiento especial para enfrentar turbas; compras a gran escala de instrumentos antidisturbios y desarrollar doctrinas para la acción interna, todo lo cual escapa a la función de las FF.AA. y las expone a un tipo de conflictividad para la cual no están ni deben estar preparadas. La dramática experiencia durante 17 años de dictadura no debe ser olvidada al respecto», indicaron.
«La protección del orden público debe descansar únicamente en las instituciones policiales, las que deben ser fortalecidas, orientadas y conducidas por la autoridad política para el uso legítimo y eficaz de la fuerza, con respeto a los derechos humanos. Perder de vista estas orientaciones conspira contra un Estado de derecho en forma», señalaron.
Ante esto, declararon que «considerando que el país se encuentra en un crucial e histórico momento constitucional, no es oportuno ni conducente que en estos momentos esta reforma redefina la política militar».
«El empleo de las FF.AA. en actividades de control del orden público es un error, es inoportuno y es peligroso, razón por la que la propuesta de la Nueva Constitución no lo considera. La crisis de legitimidad del uso de la fuerza en el país se agravó después de 2019 por lo que el empleo de las FF.AA. en estas materias no ayudará a superarla. Por el contrario, la agudizará. Por las razones anteriores, desde GADFA hacemos un llamado a las/os parlamentarios y parlamentarias a rechazar definitivamente esta reforma constitucional que debilita nuestra democracia», sentenciaron.
