Luego de que se diera a conocer que la Coordinadora Arauco Malleco iniciará un «proceso de recuperación territorial» que implica la toma de siete fundos pertenecientes a empresas forestales en Angol, la ministra del Interior, Izkia Siches, sostuvo que «para nosotros, la CAM no es representativa del pueblo mapuche, y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad». «Vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y obviamente hacer que la fuerza del Estado se haga presente, porque es lo que corresponde. Hay que desalojar si eso se materializa», complementó.
El pasado sábado, se dio a conocer que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en conjunto con la comunidad María Cayulleo, iniciará un «proceso de recuperación territorial» que implica la toma de siete fundos de empresas forestales en la comuna de Angol.
Según informa La Tercera, el anuncio se dio en medio de la aprobación del Congreso a la nueva prórroga del Estado de Excepción en la zona sur del país y la ampliación de las dos querellas por Ley de Seguridad del Estado contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul.
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Al respecto, la ministra del Interior, Izkia Siches, manifestó a TVN que, «para nosotros, la CAM no es representativa del pueblo mapuche, y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad. Vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y obviamente hacer que la fuerza del Estado se haga presente, porque es lo que corresponde. Hay que desalojar si eso se materializa».
«Como Gobierno estamos activamente llevando el Estado a las regiones, particularmente a La Araucanía, porque son zonas que además de enfrentar la violencia, enfrentan niveles de pobreza y de abandono por parte del Estado que son abrumadoras y que sin duda necesitamos avanzar en soluciones políticas, pero ello no puede contemplar la violencia ni las usurpaciones», complementó.
En ese sentido, la secretaria de Estado fue consultada por la decisión del Gobierno de ampliar las querellas contra Llaitul, argumentando que «no cambió nada, desde el primer momento interpretamos que los delitos tenían que ser perseguidos en nuestro país».
«Desde el inicio vimos que existían una serie de querellas, porque este tipo de acciones han sido reiteradas en el tiempo, que estaban vigentes, y a nuestro juicio el Ministerio Público podía actuar», manifestó.
«Pero con las recientes declaraciones que se atribuyen hechos constitutivos de delitos y al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino. Esperamos que las medidas se puedan tomar al breve plazo», añadió.
Consultada por el cambio en el accionar del Gobierno con respecto a la ampliación de las querellas, Siches apuntó que «aquí no hay ideas, aquí hay amenazas y además hay adjudicación de hechos constitutivos de delitos, y en eso hemos sido claros desde el primer momento. Definimos que existían una serie de querellas por Ley de Seguridad del Estado abiertas, que eran para hechos pasados y también futuros, que eran un instrumento que la Fiscalía podía tomar y, en este caso, al considerar que el Ministerio Público no quería actuar en esa línea, definimos ampliarla y creo que fue una buena decisión».
El ente persecutor «señalaba que no tenía las herramientas, teníamos interpretaciones distintas, pero más que pelear entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, necesitábamos mostrar claridad y eso fue lo que hizo el Gobierno», sentenció Siches.