PAÍS
Crédito: Agencia UNO
En el documento se explicó que “el presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”.
Humo blanco salió finalmente de las reuniones que durante los últimos días llevaron adelante los partidos del oficialismo para generar un documento con propuestas para reformar la nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.
Debido a este éxito en las reuniones, este jueves desde el exCongreso Nacional en Santiago dieron a conocer el texto completo con las propuestas en donde hubo consenso.
Te puede interesar:
Entre los firmantes del documento estuvieron los timoneles del PPD, Natalia Piergentili; el Partido Liberal, Patricio Morales; de Acción Humanista, Tomás Hirsch; del movimiento UNIR, Lorena Fries; del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; del Partido Radical; Leonardo Cubillos; de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre; de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba; del Partido Comunista, Guillermo Teillier; y de Convergencia Social, Diego Ibáñez.
En el documento se explicó que “el presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”.
«Las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional”, agregan.
En ese sentido, las tiendas oficialistas se comprometen 8 grandes cambios a la propuesta de nueva Constitución que fue redactada por los convencionales: Cambio de nombre del Sistema de Justicia por Poder Judicial; nuevo Estado de Excepción; fin de la reelección presidencial; eliminación de la iniciativa que permitía a los parlamentarios presentar proyectos que irrigaban gasto; cambios a la Justicia indígena; aclaración del ámbito de consentimiento indígena; especificación de las autonomías territoriales; y derecho y propiedad de las viviendas.
El primero de los puntos aborda la plurinacionalidad donde si bien «valoran el avance», identificaron «temas que buscamos aclarar, respetando los principios establecidos en el Convenio 169, actualmente en aplicación en Chile».
Así, propusieron que la consulta indígena se aplique «sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas». En cuanto al consentimiento previo, en tanto, se explicitará que sólo será aplicable a la «regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales».
El texto además abordó las autonomías territoriales. Estas se realizarán «con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas», para lo cual se establecerá «expresamente» que sus atribuciones deben ser «coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile».
Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la «igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos». En ese sentido se precisará que «la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales».
En cuanto a derechos sociales, sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación «del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional».
Sobre la propiedad de las viviendas, afirmaron que está «absolutamente asegurada». El oficialismo confirmó que «se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia».
Además, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud asegurando que esta iniciativa «permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados». Así, añade el documento, «bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud».
En materia de seguridad, se abordaron los cuestionamientos referentes a los Estados de Excepción, por lo que proponen «establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho».
En sistema político, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención «para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales».
En cuanto a las iniciativas de gasto fiscal, los partidos de Gobierno anunciaron que consideran necesario «eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al estado». Además, agregan que «la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal».
Finalmente, en el poder judicial, se refirieron a la independencia del Poder Judicial, para lo cual proponen «reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial'».
«Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos», cierran.
