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El Ministerio Secretaria General de la Presidencia (Segpres) —a cargo del ministro Giorgio Jackson— está en la mira de la FIscalía, tras ser cuestionado desde la derecha por la adquisición de libros de la propuesta de nueva Constitución. El Ministerio Público ya envió un oficio a la cartera, solicitando los primeros antecedentes sobre este caso.
Asegurando que la causa ya está siendo investigada, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, abordó las querellas emanadas desde el Partido Republicano y Renovación Nacional (RN) y que apuntan al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) por el delito de malversación de caudales públicos, a raíz del proceso de compra directa de casi 700 mil ejemplares del proyecto de nueva Constitución que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre. Algo que el Gobierno calificó como injustificado, defendiendo que se trata nada más que de la campaña de información «Hagamos Historia», mientras que el titular de la cartera aludida, Giorgio Jackson, tildó las querellas como un «show triste».
Abbott indicó que ya se comunicó con el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendariz, quien le indicó que lo que le ha solicitado a la Segpres es «información respecto a la veracidad sobre la existencia de la adquisición de los textos legales en cuestión, y cuál es la justificación legal». Ese es el sentido de la información que se le ha solicitado a la Segpres, explicó el persecutor, confirmando que la investigación está «en etapa inicial».
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«Lo que se ha pedido es información inicial en términos de que si es efectivo el hecho de la adquisición, y luego cuál es la justificación legal, para luego ver si se encuadra dentro del marco legal y si puede ser constitutivo de algún delito», precisó Jorge Abbott, expresando que «el Ministerio Público tiene que reunir todos los antecedentes necesarios para poder luego tomar una decisión respecto de la querella que ha sido presentada y aceptada».
En cuanto a los plazos de la indagatoria, el jefe del Ministerio Público argumentó que «la sanción de un eventual delito cometido por un funcionario público no tiene ninguna relación con un Plebiscito. En consecuencia la investigación tendrá un tiempo necesario para poder tomar una decisión fundada».
Junto con solicitar la justificación legal de las impresiones, se dio un plazo de 30 días para presentar los antecedentes requeridos.
