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El titular de la Subsecretaría del Interior abordó nuevamente los dichos del líder de la CAM, tras participar en la conformación del consejo asesor contra el crimen organizado de la región de Valparaíso. Monsalve reiteró que el objetivo estas instancias buscan coordinar a todas las instituciones del Estado que tienen capacidades y mandato legal para fiscalizar, controlar o perseguir focos delictuales como el tráfico de drogas, la tenencia de armas, contrabando, entre otros delitos asociados al crimen organizado, proponer planes de acción para enfrentarlos y diagnosticar las brechas de las instituciones para tener mejores resultados.
Durante la conformación del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el Gobierno vaya a presentar una nueva querella por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras los dichos del dirigente mapuche en los que admitió que la organización «recupera» madera como fuente de financiamiento.
Monsalve comentó que «hemos sido emplazados como Gobierno muchas veces respecto a las declaraciones de Héctor Llaitul. Hemos dicho más de una vez que respecto a la efectividad de aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que siempre se emplaza al gobierno a querellarse por la Ley de Seguridad del Estado, su eficacia ha sido nula, porque hoy día no hay nadie detenido por la Ley de Seguridad del Estado».
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El titular de la Subsecretaría del Interior aseguró que «si uno quiere detener, llevar a la cárcel y procesar a quienes cometen delitos lo que yo tendría que decir es que esa ley no ha permitido hacer eso. Pero se nos emplazó, por parte del fiscal nacional, al Gobierno de presentar una querella por los dichos de Héctor Llaitul y nosotros concurrimos a ampliar la querella porque ya habían querellas presentadas por la Ley de Seguridad del Estado».
Monsalve hizo referencia al anuncio del Gobierno de la ampliación de las querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la CAM, luego que el Ejecutivo endureció el tono emplazando a la Fiscalía a actuar.
«Esa ampliación de querella le permite al fiscal nacional y por lo tanto al Ministerio Público investigar la constitución de delitos tipificados en la Ley de Seguridad del Estado, pero también le permite perseguir eventuales delitos comunes, tipificados en cl código penal, ya sea respecto a los dichos que ya ha expresado el señor Llaitul, como respecto a aquellos delitos que pudieran encontrase en la investigación que lleva a adelante el Ministerio Público», agregó el subsecretario Monsalve.
«Desde mi perspectiva, creo que lo que le corresponde al Ministerio Público, más que pronunciarse respecto de lo que dijo o no dijo, lo que le corresponde al Ministerio Público es investigar para recabar evidencia que permita tipificar los delitos. Lo que el gobierno busca es que el Ministerio Público reúna la evidencia, lleve adelante los procesos de investigación, para reunir la evidencia y las pruebas que permitan tipificar los delitos y sancionarlos. Ese es el trabajo que esperamos del Ministerio Público», enfatizó la autoridad de gobierno.
El subsecretario Manuel Monsalve, reiteró que el objetivo de estas instancias buscan coordinar a todas las instituciones del Estado que tienen capacidades y mandato legal para fiscalizar, controlar o perseguir focos delictuales como el tráfico de drogas, la tenencia de armas, contrabando, entre otros delitos asociados al crimen organizado, proponer planes de acción para enfrentarlos y diagnosticar las brechas de las instituciones para tener mejores resultados.
Tras reunirse con el Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca y el fiscal regional (s), Cristian Andrade, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a la delegada presidencial regional, Sofía González, encabezaron la constitución del consejo asesor regional contra el crimen organizado.
En la oportunidad, Monsalve comentó que “la tarea es identificar y desarticular a las organizaciones criminales que ingresan armas, drogas, que se dedican a reducir los vehículos que se roban y que, por lo tanto, son dueños de un negocio, pues mientras no identifiquemos y desarticulemos organizaciones criminales relevantes, es muy difícil que seamos capaces de modificar la tendencia en materia de delitos y, particularmente, de delitos violentos”.
Por su parte, la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González indicó que “el principal objetivo es articularnos y definir prioridades entre las distintas organizaciones del Estado, para combatir el crimen, incautar armas y en definitiva dar respuesta a una necesidad básica que nos plantean los vecinos y vecinas a lo largo de la región de Valparaíso, sobre sentirse seguros cuando caminan por las calles y miran con mucha preocupación el cómo hemos ido perdiendo ciertos espacios”.
Esta primera sesión permitió definir contrapartes técnicas y establecer una mirada diagnóstica general de la región de Valparaíso. “Como nos ha planteado nuestro Presidente, no podemos seguir reproduciendo las mismas formas de enfrentarlo. Si queremos resultados necesitamos hechos concretos, ponernos objetivos y ponernos a disposición de lo que la ciudadanía requiere”, sostuvo la delegada presidencial.
Sobre esto último, el subsecretario Monsalve agregó que otra de las tareas del consejo regional es poder “diagnosticar las brechas, por lo tanto las falencias que pueda tener una institución para tener más efectividad en materia de materia de crimen organizado”. En ese sentido, adelantó la autoridad, que para la región de Valparaíso “ya se está analizando la incorporación de nuevos escaneres para Adunas y en el caso de Gendarmería, se buscará fortalecer la capacidades tecnológicas para boquear la señal telefónica al interior de las cárceles”.
Los Consejos Regionales Contra el Crimen Organizado ya constituidos en las regiones de Los Ríos, Araucanía, Biobío, Metropolitana, Antofagasta, Tarapacá, Arica y ahora en Valparaíso están conformados a Carabineros, PDI, el Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) y contará con la participación de socios estratégicos como el Ministerio Público, Gobernador/a, regional, Servicio de Impuestos Internos (SII), CONAF, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Registro Civil e identificación.
