Estudio plantea fórmulas para resolver históricas listas de espera pensando en los pacientes y sus necesidades de atención

En medio del debate por la creación del nuevo Sistema de Salud Universal anunciado por el Gobierno, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello dio a conocer un estudio donde compararon el gasto por egresos hospitalarios en el sistema público y privado, y plantean fórmulas para resolver el problema de las listas de espera.

“Aunque las listas de espera aumentan, el actual Gobierno y Fonasa podrían reducirlas si analizaran los datos del FONASA y, superando barreras ideológicas, decidieran políticas públicas para enfrentar la crisis de las listas de espera sin generar mayores costos que los que utilizaría en el sistema público hospitalario. En efecto, este informe demuestra que el gasto por egresos hospitalarios en el sector privado prestador es similar al de la red pública hospitalaria en patologías similares en diagnóstico , gravedad y nivel de resultado: No es más caro resolver hoy en el sistema privado las listas de espera que en el sistema público hospitalario, y además, hay capacidad instalada que podría utilizarse al igual que en la crisis del COVID en los años 2020-2021, reduciendo el tiempo de espera de las personas y bajando el riesgo de muerte por la espera”, afirman los editores del estudio, Hector Sanchez, Director del ISP Unab y Manuel Inostroza, académico adjunto.

“Consistente con lo señalado en nuestro tercer informe, el último reporte ministerial de listas de espera, del 30 de junio del 2022, demuestra lo infructuoso que han resultado los esfuerzos del actual Gobierno y Fonasa en reducirlas”, señala el texto.

Agrega que, respecto del informe de listas de espera del 31 de diciembre del 2021 (con 2.025.979 personas en espera), en los primeros seis meses del años 2022, han crecido en 81.152 los casos de espera en consultas nuevas de especialistas no GES, en 16.579 los casos en espera para una cirugía no GES y en 13.084 los casos en espera por las patologías GES. “Incrementos que estructuralmente vuelven las listas y tiempos de espera en una crisis sanitaria de proporciones históricas en nuestro sistema de salud, a lo que hay que agregar 20.649 personas reportadas como fallecidas estando en las listas de espera en el período de enero a junio del año 2021 pero informadas este 2022”, afirman los autores.

Otras de las cifras analizadas arroja que entre los años 2013 y 2021, los ingresos de Fonasa aumentaron 2,7 veces más que los de isapres, lo cual ha permitido la disminución de la relación de ingresos por beneficiario isapres/Fonasa desde 1.81 veces a solo 1.36 veces. Dado estos aumentos en los ingresos, el Fonasa ha podido gastar más en prestaciones, al punto que en el año 2020, la relación de gasto en prestaciones per cápita isapres y Fonasa fueron prácticamente iguales: $586 mil anuales en isapres v/s $581,6 mil anuales en Fonasa.

En el caso del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) para el período 2013-2020, el gasto en el Fonasa y las isapres crecieron anualmente en promedio un 18,2% y un 14,8%, al punto que el año 2020 este gasto consumió casi 3 de los 7 puntos porcentuales de cotizaciones en Fonasa y 2,5 en las Isapres.

“Dado este aumento de ingresos y gastos en nuestro sistema de salud, y al hecho de que en particular los gastos en prestaciones se han igualado entre los beneficiarios de isapres y Fonasa, se hace necesario y más urgente que nunca aplicar mecanismos e incentivos que permitan hacer un mejor uso de los recursos disponibles y que nos permitan resolver los problemas de salud, especialmente las listas de espera, definiendo dónde es más económico y eficiente comprar las prestaciones hospitalarias que necesitan los beneficiarios del Fonasa, así como se hizo en los momentos más críticos de la pandemia”.

En ese sentido, el estudio propone al Gobierno extender el sistema de clasificación y compra de prestaciones (GRD) al sistema público y privado. “Este permite alinear la gestión clínica con una asignación eficiente de los recursos públicos, ya que relaciona el gasto con el nivel de actividad y severidad de los pacientes e incluye los incentivos a mejorar el acceso y oportunidad de la atención, haciendo comparable la actividad asistencial de los diferentes establecimientos hospitalarios”, explican.

Para que esto sea posible, se requiere generar “una gobernanza de datos públicos y una renovación de los datos abiertos del Fonasa, que incluya los costos y acceso a las atenciones de salud que reciben sus beneficiarios, tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas. Esto permitiría al Congreso, universidades y opinión pública, hacer transparente el seguimiento de una gestión basada en resultados y de una evaluación del uso eficiente de los recursos públicos por parte de la red hospitalaria”.

Al finalizar, el estudio afirma que “respecto a la similitud encontrada en la gran mayoría de los precios de compra público v/s privado, resultaría urgente, dada la crisis sanitaria en la que nos encontramos por las listas de espera que afectan a los beneficiarios del Fonasa y en especial a su población más pobre y vulnerable, que los GRDs como mecanismo de compra tendieran a homogenizarce en el costo de la atención clínica, separando los costos de oportunidad y de capital, permitiendo así el desarrollo y sostenibilidad de una complementariedad público-privada basada exclusivamente en la resolución de los principales problemas de salud de la población beneficiaria del Fonasa y no en su impedimento por barreras de corte ideológico”.

“Los constantes aumentos en las listas y tiempos de espera entre 2016-2022, nos demuestran que el sector público prestador ha sido y será completamente incapaz de resolverlas por sí solo, toda vez que los costos actuales de la red pública hospitalaria incluyen niveles de ineficiencia que de mantenerse hacen insostenible el desarrollo del nuevo Sistema Nacional de Salud y del Fondo Único de Salud, tal como se proponen, y como ya hemos señalado en los anteriores informes, sin acometer primero las necesarias reformas estructurales al sistema público prestador y fortaleciendo una mayor y mejor integración público- privada en la prestación de servicios en beneficio de los beneficiarios del sistema principalmente los más pobres, que son los que conforman las listas de espera y sufren las consecuencias llegando en más de 20.000 casos a la muerte según estadísticas oficiales del MINSAL en primer semestre 2021”, afirman sus autores.