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Créditos: Agencia Uno
De las nueve querellas ninguna sigue en pie, ya que fueron las delegaciones presidenciales las que emitieron solicitudes para desistir. Desde la Subsecretaría del Interior afirmaron que el motivo «responde al trabajo que durante todo este tiempo se ha mantenido con los camioneros, lo que ha permitido lograr acuerdos en materia de seguridad y orden público”.
El Gobierno desistió de querellarse por medio de la Ley de Seguridad del Estado (LSE), contra los camioneros que protagonizaron el bloqueo de carreteras a finales de abril.
Bajo la LSE el Ministerio del Interior presentó nueve querellas, de las cuales dos fueron en Tarapacá, tres en Atacama y las demás en Coquimbo, Maule, Los Lagos y Magallanes, de estas ninguna continuó su curso.
Fue por medio de las delegaciones presidenciales que se desestimaron estas acciones judiciales. En un caso ingresaron la solicitud de desistimiento el 13 de septiembre en Tarapacá, la cual fue aprobada por el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte este martes.
El mismo 13 de septiembre las delegaciones presidenciales de Los Lagos y Magallanes emitieron una solicitud para desistir del proceso judicial, solicitudes que también fueron aceptadas por los tribunales, según consignó La Tercera.
Sobra otra de las causas cerradas, desde el Ministerio Público de Alto Hospicio indicaron que fue «por no tener antecedentes para fundas una acusación», agregando que el tribunal fijó para el 9 de noviembre la audiencia que «revisará dicha petición de no perseverar y consigo cerrar la causa».
Desde la Subsecretaría del Interior afirmaron a La Tercera que “el desistimiento de las querellas varios meses después de presentadas responde al trabajo que durante todo este tiempo se ha mantenido con los camioneros, lo que ha permitido lograr acuerdos en materia de seguridad y orden público”.
Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC), Sergio Pérez, indicó que “nunca hubo mérito para aplicar ninguna Ley de Seguridad del Estado» a los camioneros, ya que no se cortaron las rutas, sino que se «estrangularon» con el objetivo de pedir «compresión».
Pérez añadió que si “el Gobierno ha estimado necesario retirar alguna posible querella, me parece que está dentro de lo que tiene que hacer un Gobierno que entiende que nuestro actuar gremial está en la línea de pedir lo correcto, que se restablezca el estado de derecho en la nación”.
