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Crédito: Agencia Uno
El Ministerio Público desarrolla una investigación por los delitos de cohecho y soborno, vinculados a un contrato de transacción suscrito por Minera Candelaria y el municipio de Tierra Amarilla.
La Fiscalía de Atacama solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó el desafuero del diputado Jaime Mulet (FRVS). Esto, en el marco de la investigación contra el parlamentario por el delito de cohecho pasivo.
El Ministerio Público desarrolla una investigación por los delitos de cohecho y soborno, vinculados a un contrato de transacción suscrito por Minera Candelaria y el municipio de Tierra Amarilla -cuando Mulet asesoraba al alcalde de la comuna, Osvaldo Delgado-, en el contexto de conflictos ambientales acaecidos en dicha localidad.
La audiencia para formalizar a Mulet fue reagendada en tres ocasiones. En la última -que se realizaría el 5 de abril del 2022-, el diputado no compareció. Su defensa aludió que asistiría una vez fuera desaforado.
Ante esa negativa, la Fiscalía pidió el desafuero de Mulet, «a objeto de compeler al parlamentario a comparecer a la audiencia de formalización y de esta manera, evitar que dicha investigación continúe dilatándose injustificadamente», señaló Fiscalía en un comunicado.
«Durante la investigación en curso, se ha logrado formalizar y obtener medidas cautelares personales en contra de varios de los imputados por los delitos indagados, con la sola excepción del Diputado Mulet, por haberse negado a asistir a la audiencia de formalización que se encuentra pendiente», añadió el ente persecutor.
Según Fiscalía, el exalcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado (fallecido), concertado y asesorado por los abogados Jaime Mulet (hoy diputado), Ramón Briones y Hernán Bosselin, solicitó y aceptó con infracción a los deberes del cargo, el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros, de parte de la compañía contractual Minera Candelaria, acordando un contrato de transacción sobre daño ambiental, en contravención a la ley.
En dicho contrato, el municipio renunciaba o no perseveraba en la acción de reparación de daños ambientales producidos en la comuna por la empresa minera; se comprometía a comunicar a la OCDE a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que las partes habían llegado a un acuerdo; declarar y reconocer sin reserva la inexistencia de daño ambiental alegado en demandas, denuncias o acciones existentes en base a un nuevo estudio en el que se señalaba que no existían tales daños o no habían sido provocados por Candelaria.
Para la Fiscalía, las conductas desplegadas por el equipo de abogados conformado por Mulet, Briones y Bosselin se trasuntaron en instar de consuno al exalcalde Quevedo para aceptar los beneficios económicos para terceros a cambio de incumplir los deberes de su cargo.
Para el Ministerio Público, los tres colaboraron activamente en la conducta del alcalde al tener un rol determinante desplegada en actos propios en negociación y redacción de esta transacción ilegal.
El beneficio económico solicitado por el exedil previa asesoría del equipo de abogados mencionado, alcanzó la suma de $7 millones de dólares, de los cuales, $3 millones de dólares quedaron en arcas municipales y los restantes $4 millones de dólares, por cuenta del municipio, pero sin pasar por las arcas municipales, se destinaron al pago de honorarios de los asesores y abogados Briones y Bosselin.
