PAÍS
Crédito: Agencia Uno
La sede del INDH correspondiente a la región de La Araucanía realizó el 17 de agosto una actividad con el objetivo de «promover el voto informado» -indicó la directora del Instituto, Consuelo Contreras-, de cara al plebiscito constitucional. A ella asistieron las exconvencionales Manuela Royo, Rosa Catrileo y Francisca Linconao.
La Contraloría General de la República (CGR) llamó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a «ajustarse a la normativa», a propósito de una actividad realizada por el organismo en agosto -en la comuna de Angol-, cuyo objetivo era promover el voto informado de cara al plebiscito constitucional.
La CGR emitió el informe -revelado por Radio Bío Bío– luego de que una persona -cuya identidad es reservada- denunciara una actividad del INDH que «habría infringido el principio de imparcialidad». La sede regional de La Araucanía realizó el acto el 17 de agosto del 2022. A él asistieron las exconvencionales Manuela Royo, Rosa Catrileo y Francisca Linconao.
El órgano contralor requirió un informe a la directora del INDH, Consuelo Contreras, sobre el hecho. Contreras apuntó que la sede de La Araucanía, “en el marco de las funciones habituales de defensa y promoción de los derechos humanos, organizó un conversatorio sobre derechos humanos, con la finalidad de promover el voto informado de las personas».
Sobre el acto, la Contraloría concluyó que “si bien entre las funciones del del INDH se encuentran aquellas relacionadas con la promoción, protección y difusión de los derechos humanos, no está considerando dentro de aquellos organismos de la Administración a los que les competa ‘promover el voto informado de las personas’.
El órgano contralor también apuntó que el INDH debe «adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, sus actuaciones se ajusten a lo establecido en la normativa y jurisprudencia reseñada”.
La CGR recordó que su instructivo sobre el plebiscito de salida indica: “autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas».
Tampoco podían «ejercer influencia sobre otros empleados o sobre particulares con el mismo objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas”, añade.
A su vez, apuntaron, en el marco del instructivo, que los ministerios de la Segegob, Segpres, Desarrollo Social, y la Dirección Administrativa de la Presidencia, podían informar sobre la importancia del voto, cumpliendo con la debida imparcialidad.
Consultados sobre el dictamen de Contraloría, el INDH indicó que “la convocatoria y lo expuesto por funcionarios/as en la jornada se centró en nuestras funciones de promoción de los DDHH, basada en la normativa y en estándares del derecho internacional de derechos humanos».
«Debido a todo lo anterior solicitaremos una reconsideración del dictamen del contralor, para aclarar el alcance de nuestras facultades en el marco de la difusión y promoción de los derechos humanos”, señalaron al citado medio.
