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Crédito: Agencia Uno
En el marco de la elección para reemplazar al fiscal nacional, Jorge Abbott, la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) expresó su malestar y discordancia con algunos de los nombres que buscan quedarse con el cargo. En concreto, acusan que «existen candidaturas de quienes formaron parte de la deficiente administración de Jorge Abbott que no significan más que perpetuar los graves problemas que hoy tiene la Fiscalía».
Ad portas de la nueva elección para reemplazar en el puesto de fiscal nacional a Jorge Abbott, la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip) expresó su malestar y discordancia con algunos de los nombres que buscan quedarse con el cargo.
En concreto, acusan que «existen candidaturas de quienes formaron parte de la deficiente administración de Jorge Abbott que no significan más que perpetuar los graves problemas que hoy tiene la Fiscalía».
«Entre los nombres que generan ruido al interior de la Fenamip son Erika Maira, Marta Herrera y Nayalet Mancilla, profesionales que fueron parte activa de la administración» del actual fiscal nacional, acusan.
En cuanto a Maira, sostienen que «fue dirigenta sindical de la ANF (Asociación Nacional de Fiscales) y coincidentemente en este periodo asume como Gerente Nacional de la División de Víctimas y Testigos, quien a juicio de Fenamip no ha ejercido ni resuelto de manera satisfactoria las críticas de los dirigentes realizadas en cuanto a la precaria implementación de la Ley 21.057 que ‘regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales’, nuestra organización sindical relevó a esta autoridad nacional la necesidad de solicitar al Ministerio de Justicia dotación adicional para nuestro servicio con el objeto de cumplir a cabalidad el compromiso contraído en cuanto a la atención de estos sensibles usuarios».
«Esto sin mencionar que dicha profesional es una de las artífices de esta Ley, la cual hoy no cuenta con la dotación necesaria para brindar un servicio de acuerdo al estándar de exigencia de esta labor y nos preocupa, enormemente, que esta deficiente implementación sea enarbolado como un gran avance en materia de acceso a la justicia», complementan.
Sobre Marta Herrera manifiestan que «actualmente es Jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, quien ha sostenido, de acuerdo a los dirigentes, posturas que se han contrapuesto a las posturas sindicales que buscaron mejorar la situación interna de los funcionarios, uno de estos hechos es una resolución del Fiscal Nacional que prohíbe la expresión de opiniones en el contexto de elecciones populares, lo que dio origen a la causa vigente de Tutela de Derechos Fundamentales interpuesta contra el Ministerio Público, por lo que consideramos una abierta vulneración al derecho a la Libertad de Opinión consagrado en nuestra legislación nacional y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos e interpretación que es avalada por dicha jefatura».
«Además, desempeñaba el mismo cargo, cuando el año 2016 se le abrió una Causa Penal a una dirigente sindical por dichos en la prensa, causa penal que se dio por archivado provisionalmente producto de una conciliación judicial», adicionan.
Sobre la fiscal Nayalet Mansilla, «en su jurisdicción se abrió la controversial causa penal a una funcionaria por el robo de 6 capsulas de café, quién fue finalmente sobreseída por el Tribunal de Garantía respectivo, resolviendo que el actuar del Ministerio Público fue desproporcionado y arbitrario, actuar en donde dicha jefatura es responsable al no evitar un escandaloso caso de error judicial».
«Respecto a Eugenio Campos, pesa sobre sus hombros una querella por apremios ilegítimos contra dos funcionarias del Ministerio Público en el contexto de las indagatorias del denominado ‘caso Arias’, en el que finalmente el fiscal Emiliano Arias fue absuelto por la Corte Suprema», apuntan.
«A juicio de los dirigentes, los perfiles de estos candidatos no se acercan a lo que los funcionarios aspiran tener en un fiscal nacional que llegue a mejorar la gestión institucional», añaden.
Ante todos los antecedentes entregados, desde Fenamip demandan que «la próxima autoridad lidere un proceso de modernización institucional y de adecuación a las nuevas realidades delictivas del país».
«Para ello necesitamos que se aumente la dotación de funcionarios/as y fiscales a nivel nacional, lo que es coherente con el aumento sostenido en el ingreso de denuncias y con la cada vez mayor complejidad de los delitos investigados», cierran.
