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Crédito: Agencia Uno
El Tribunal de Cuentas de la Contraloría rechazó un reparo (platas objetadas) formulado por el órgano contralor en 2014 por más de $57 millones de pesos, por problemas en el registro contable y depósitos de licencias por incapacidad laboral.
La Contraloría falló a favor de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por un juicio de cuentas (en ellos, el órgano contralor busca recuperar dineros públicos, cuando en sus auditorías obtiene pruebas de irregularidades) dirigido en su contra, en el marco de su administración en la Municipalidad de Santiago (fue alcaldesa entre el 2012 y el 2016). Sin embargo, todavía le quedan otros dos procesos en curso.
De acuerdo a La Segunda, el Tribunal de Cuentas de la Contraloría rechazó un reparo (platas objetadas) formulado por el órgano contralor en 2014 por más de $57 millones de pesos, por problemas en el registro contable y depósitos de licencias por incapacidad laboral.
Entre los cuentadantes (imputados), estaban Tohá y su antecesor, Pablo Zalaquett. El Tribunal de Cuentas eximió de responsabilidad a Tohá, en primera instancia, hace algunas semanas.
En tanto, el órgano condenó a Zalaquett y a otros seis imputados a pagar solidariamente más de $38 millones de pesos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas eximió en segunda instancia al exedil y a una alcaldesa que lo subrogó, por no corresponderles un nivel tan acabado de supervisión de recursos. El órgano censuró a los cinco funcionarios restantes.
Contraloría realizó en 2017 un reparo por el atraso en el pago de cotizaciones de 2015 a funcionarios de educación. Ello provocó intereses y multas por cerca de $196 millones. El órgano atribuye a Tohá «omisión culpable» y «negligente» por no «haber velado por una eficiente e idónea administración de los recursos».
La defensa de Tohá alegó fuerza mayor, por una crisis financiera debido a huelgas de estudiantes y profesores, lo que impactó en los subsidios por asistencia.
El otro caso en curso corresponde a un supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial, como en gastos en computadores y otros materiales fuera de convenio, pero siempre destinados a recintos educacionales.
También se consideran pagos a docentes cuyos contratos no fueron presentados cuando Contraloría los requirió.
Por el caso, Contraloría busca recuperar más de $265 millones.
