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Crédito: Agencia Uno (referencial)
Los cinco excarabineros involucrados pasaron a retiro y luego fueron contratados como civiles para trabajar en la 23° comisaría de Talagante, donde armaron una organización que permitía vender armas al crimen organizado usando a personas que las inscribían y luego las declaraban como extraviadas.
Un reportaje dio a conocer como cinco excarabineros condenados por traficar armas que terminaron en manos del crimen organizado cumplirán sus condenas en libertad y no pisarán la cárcel.
Según consigna Ciper, los exfuncionarios policiales pasaron a retiro y luego fueron contratados como civiles en la institución para trabajar en la 23° comisaría de Talagante, donde elaboraron una organización que les permitió vender armas a criminales mediante la utilización de personas que las inscribían y luego declaraban como extraviadas.
En esa misma línea, los excarabineros pagaban entre 80 mil y 160 mil pesos a las personas para que prestaran sus nombres e inscribieran armas, los que eran tildados de «deportistas o coleccionistas», lo que les permitió inscribir más de las dos armas permitidas a la población civil. Según el medio antes mencionado, la organización vendió 118 pistolas, escopetas y fusiles. La mayoría de ellas eran pistolas Glock debido a su poder de fuego y compatibilidad de municiones.
El fiscal Heriberto Reyes apuntó que «el grueso de las armas fue a parar a todo el sector sur de la capital y en ese lugar nosotros incautamos muchísimas municiones, armas, explosivos, pero ni cerca de la cantidad que se habían reducido».
El encargo de entregar las licencias psiquiátricas a los «palos blanco» autorizados para el porte de armas era el médico boliviano Alberto Martínez Amurrio, quién el pasado 11 de mayo fue sobreseído por el Tribunal de Garantía de Talagante. El único requisito para esto era que le informara periódicamente su domicilio al Ministerio Público y que donara $500 mil a la Fundación Las Rosas de Isla de Maipo.
Asimismo, Fiscalía decidió suspender el procedimiento contra el excarabinero Cristian Arriaza. En octubre de este año, se condenó a Carlos Díaz por tenencia ilegal de armas de fuego, uso y almacenamiento del uniforme de Carabineros a 3 años y un día de presidio, lo que fue sustituido por la remisión condicional.
Los exfuncionarios policiales Marcos Garrido y Fernando Alvial habían sido condenados a cinco años de presidio como autores del delito de tráfico de armas. No obstante, pudieron optar por la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
A Rodrigo Rojas Cortés también se le suspendió condicionalmente el proceso, a cambio de que entregue la suma de $300 mil a Bomberos. Además de los cinco excarabineros, otras 36 personas fueron imputadas por el Ministerio Público.
