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El legislativo no alcanzó los votos necesarios para la reforma, que precisaba un mínimo de 66 votos y dar pie a un referéndum que comprobaría el respaldo a las elecciones, o al menos 87 votos para poder aprobarla con esa misma cuantía a favor en una segunda votación de la próxima legislatura.
El Congreso peruano rechazó el viernes una reforma constitucional para posibilitar el adelanto de elecciones generales a fines del 2023, una iniciativa propuesta por la presidenta Dina Boluarte, en medio de violentas protestas y tras la renuncia de dos ministros en el gabinete del Gobierno.
El legislativo no alcanzó los votos necesarios para la reforma, que precisaba un mínimo de 66 votos y dar pie a un referéndum que comprobaría el respaldo a las elecciones, o al menos 87 votos para poder aprobarla con esa misma cuantía a favor en una segunda votación de la próxima legislatura.
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La votación fue de 49 a favor, 33 en contra y 25 abstenciones para la iniciativa que planteaba realizar elecciones en diciembre del próximo año, acortando el mandato de Boluarte previsto hasta mediados del 2026, una de las principales demandas de las protestas en el país andino que han dejado al menos 16 muertos.
Boluarte asumió al poder tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial de forma ilegal.
Algunos legisladores dijeron que se rechazó la propuesta de adelanto de elecciones porque miembros de izquierda, que apoyan a Castillo, querían incluir en la iniciativa que además de los comicios se considere la creación de una asamblea constituyente.
«El Congreso le ha dado la espalda al pueblo», dijo a periodistas Susel Paredes, una legisladora de izquierda que no apoya al exmandatario y que votó a favor de la reforma.
La ministra de Educación y el ministro de Cultura anunciaron su renuncia por Twitter, las primeras dimisiones en el gabinete, mientras los bloqueos de carreteras y el cierre de algunos aeropuertos de regiones andinas de Perú se mantenían el viernes.
«La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte», dijo la ahora exministra de Educación, Patricia Correa, al publicar su renuncia en las redes sociales.
La jefa de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que el mayor número de víctimas se produjo el jueves con la muerte de ocho personas tras enfrentamientos entre la policía y el Ejército con manifestantes en la región andina de Ayacucho, en medio de intento de tomar el aeropuerto de la ciudad.
«Tenemos una contabilidad dolorosa que podría llegar a dos decenas de personas (fallecidas)» durante las protestas, afirmó Revollar, en una entrevista con la radio local RPP.
La funcionaria dijo que en las protestas de Ayacucho los manifestantes incendiaron locales del Poder Judicial y fiscalía, y que miembros de las fuerzas de seguridad hicieron uso de sus armas para repeler ataques al aeropuerto y a sedes públicas.
«Hemos interpuesto una denuncia penal ante las fiscalías penales especializadas en derechos humanos de Huamanga (Ayacucho), para que se determine la responsabilidad por las graves vulneraciones que han afectado la vida e integridad de las personas», dijo la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
El Comando Conjunto de Las Fuerzas Armadas dijo en un comunicado que en los disturbios del jueves en Ayacucho, una patrulla del Ejército había sido «atacada por una turba con objetos contundentes, explosivos y armas de fuego artesanales».
Luego la patrulla aplicó la fuerza «legalmente establecida» sin precisar si los soldados usaron armas de fuego.
Las protestas no han cesado pese a que el gobierno de la presidenta Boluarte ha decretado el «estado de emergencia» nacional y entregó el control del orden público a las Fuerzas Armadas. A última hora del jueves se ordenó un toque de queda nocturno en 15 provincias, buena parte en las regiones de mayor convulsión, en otro esfuerzo por aplacar los conflictos.
Los manifestantes piden el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente, la liberación del exmandatario Castillo y la renuncia de Boluarte.
La justicia de Perú ordenó el jueves una prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Castillo, mientras es investigado por «rebelión y conspiración» tras intentar disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial de forma ilegal.
Castillo, un profesor de primaria que ganó sorpresivamente las elecciones por estrecho margen con el apoyo de las regiones mas pobres del país, ha negado las acusaciones.
El exmandatario será reubicado dentro de la base policial, donde está detenido, a un pequeño penal especialmente construido hace años para el expresidente Alberto Fujimori, condenado por abusos a los derechos humanos y corrupción.
Autoridades de transporte informaron el viernes que se han despejado bloqueos en el norte del país, pero se mantenían cerrados varios tramos en la principal carretera de la costa en el sur del país, con decenas de vehículos de carga varados.
Las protestas han generado el cierre de lugares turísticos en Perú, como el de la ciudadela inca de Macchu Picchu, y se han conocido reportes de cientos de visitantes varados.
Sonia Vigil, una turista noruega, dijo el jueves que llegó a Perú hace cuatro días y que «todo se volvió loco». «Hay basura en las calles y gente protestando y bocinas por todas partes. No estoy muy segura de lo que está pasando, realmente no nos dicen mucho y todo está en español y me cuesta entenderlo», afirmó.
