PAÍS
Tanto el subsecretario del interior como la vocera de La Moneda indicaron que es una materia que se va a evaluar desde el Ministerio de Justicia. El subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, señaló que «hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos evaluando aquello». Por su parte, el diputado independiente y parte de la bancada republicana, Stephan Schubert, mencionó que «este es un tema sensible y que por cierto, hay que analizar caso a caso y poner atención a los tratados internacionales y en particular respecto a lo que señale el convenio 169 de la OIT, a lo cual Chile es parte».
VallejoEl subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la creación de una cárcel especial para personas miembros de Pueblos Originarios. Indicó que es una materia en evaluación y que corresponde al Ministerio de Justicia —liderado por Marcela Ríos— evaluarlo, «porque de ella depende Gendarmería y por tanto los recintos penitenciarios».
En la misma línea se refirió al tema la titular de la Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmando que «hay varios parlamentarios que han levantado esta propuesta de manera transversal, no solo un sector político».
«Por lo tanto, lo que ha señalado el subsecretario de Justicia y el ministerio es que se toma esta propuesta y que se va a evaluar», señaló la vocera de La Moneda. Y agregó: «Considerando que ha sido una propuesta que se ha levantado de manera transversal, por cierto hay que estudiarla y así lo ha señalado el Ministerio de Justicia».
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, explicó a La Tercera que «hay un conjunto de parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos evaluando aquello».
«Estamos, además, revisando los costos que tendría y si efectivamente es posible en el marco que establece el Convenio 169 de la OIT —documento que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas—», aseguró el subsecretario Gajardo.
El diputado independiente y parte de la bancada republicana, Stephan Schubert, mencionó que «este es un tema sensible y que por cierto, hay que analizar caso a caso y poner atención a los tratados internacionales y en particular respecto a lo que señale el convenio de la OIT, a lo cual Chile es parte».
«Lo relevante es no hacer que esto signifique un privilegio, sino que precisamente una buena forma de velar por la reclusión de aquellas personas que se encuentran en la condición especial de pueblos originarios», añadió el parlamentario.
Cabe mencionar que en septiembre de este año, por seis votos a favor y dos en contra, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que modifica dos códigos para reconocer derechos penales y procesales en favor de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas.
El proyecto tiene su fundamento en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007. Dichos marcos normativos internacionales instan a disponer de medidas alternativas a la privación de libertad.
Asimismo, destaca los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, vigentes en Chile en la propia la Ley Indígena, de 1993, así como en los compromisos adquiridos por el Estado de Chile, sus instituciones y representantes, desde 1989 a la fecha, que aún no son cumplidos.
En dicha línea, la propuesta efectúa modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. Así, promueve medidas alternativas a la privación de libertad al momento de establecer una pena a una persona perteneciente a los pueblos indígenas.
Para ello, se plantea tomar en consideración sus usos y costumbres, así como las características económicas, sociales y culturales diferenciadoras de las personas indígenas.
El texto legal también propone que si el juez opta por la prisión preventiva en un recinto carcelario, deberá ordenar que se resguarden los derechos del imputado. En este ámbito, por ejemplo, se considera desarrollar sus ceremonias religiosas o mantener sus características culturales.
Además, indica que la sentencia condenatoria deberá expresar, detalladamente, los fundamentos del análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. De igual modo, contemplar las características económicas, sociales y culturales del condenado, que determinen la aplicación de penas sustitutivas a las penas privativas de libertad.
La moción fue presentada por las/os diputadas/os PS Emilia Nuyado, Marcos Ilabaca, Manuel Monsalve, Luis Rocafull y Leonardo Soto; PC Carmen Hertz; Comunes Claudia Mix; FRVS Alejandra Sepúlveda; PPD Ricardo Celis; y RD Miguel Crispi.
