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El Partido Republicano presentó el líbelo acusatorio contra el titular de Desarrollo Social, de acuerdo al prólogo del escrito, ante «el abuso de autoridad y de poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución Política de la República y la legislación vigente”. Uno de los cargos es “infringir gravemente la Constitución Política de la República y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)».
El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió a la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios del Partido Republicano. El secretario de Estado dijo sentirse en calma y dispuesto a cooperar con la investigación.
«Estoy muy tranquilo y a disposición de lo que requiera el Congreso, en el uso de sus facultades fiscalizadoras, para poder entregar toda la información y documentación, como ya lo hice en la Comisión de Desarrollo Social hace algunas semanas», declaró el ministro Jackson, en un punto de prensa.
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Por lo tanto, reiteró Jackson, «estoy absolutamente tranquilo de poder entregar toda la información necesaria, para que los parlamentarios y parlamentarias se formen su juicio, su opinión, y procedan con este acto de fiscalización que contempla nuestro ordenamiento jurídico».
Cabe mencionar que la Cámara de Diputadas y Diputados sorteó este miércoles los integrantes de la comisión que revisará la el líbelo acusatorio en contra del titular de Desarrollo Social. La instancia estará formada por tres diputadas oficialista y dos legisladores opositores.
El diputado Johannes Kaiser explicó en un video subido a sus redes sociales que la acusación también se funda en parte por «la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al haber acusado a una funcionaria de gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las instrucciones ilícitas e ilegales que le dio a dicha funcionaria”.
El caso al que alude el legislador corresponde a la exseremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien acusó haber recibido «presiones indebidas» del Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Medioambiental.
Posteriormente, el Ministerio de Desarrollo Social indicó en un comunicado que el Gobierno pidió la renuncia de Hidalgo ante una pérdida de confianza “por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle”.
