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Crédito: Agencia Uno (referencia)
La senadora afirmó que el candidato a Fiscal Nacional no cumple con la ética ni con la competencia profesional para el cargo. Además, asegura que las personas perseguidas por los delitos emparejados en la Ley 20.000 deberían ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos.
«El gobierno ha sido vencido frente a un gallito iniciado por senadores» comentó la senadora Loreto Carvajal (PPD), demostrando su decepción ante el candidato a Fiscal Nacional, Ángel Valencia, propuesto por el Presidente Gabriel Boric. En este contexto, la senadora anunció que votará en contra de Valencia porque no tiene los estándares éticos ni profesionales, a su parecer.
Agrega que un fiscal «debe ser la reserva moral para perseguir el crimen organizado. Se debe entender que la defensa en base a proteger la riqueza de algunos y causas sentenciadas de abuso de menores y mujeres no puede ser sino contrario a lo que es un Fiscal Nacional».
«Por cierto que votaré en contra», señaló. También espera que exista una reflexión respecto «a qué es lo que está recibiendo de información el Presidente y cuáles son los antecedentes que llevan a esta definición cuando han habido ya dos intentos fallidos, donde no solo como senadora del PPD he sido totalmente leal y consecuente con la postura del Presidente, pero hoy llama la atención que en dos ocasiones anteriores, teniendo en vista el mismo nombre hoy se defina por él dejando a todos perplejos respecto de una decisión que todos entendíamos que el señor Valencia ya no estaba en consecuencia», afirmó.
Además, Carvajal considera que la opción de Valencia es un fracaso para el gobierno porque “el nombre del señor Valencia descartado en dos ocasiones anteriores, hoy puesto sobre la mesa, atendiendo a sus cualidad profesionales, no sé de qué tipo, por su puesto que llama y existe la atención respecto a cómo se llega a un nombre descartado en dos ocasiones”.
Asegura que se defiende de una manera casi absoluta la libertad de trabajo. «Pero entendamos que hoy existen ciertas inhabilidades para ejercer la profesión de abogado. Las personas que están siendo perseguidas por los delitos emparejados en la Ley 20.000, debería ser inhabilitada para ejercer cargos públicos», concluyó.
