CULTURA|MEDIOAMBIENTE
Compañías ya no podrán oponerse a la publicación de uso y tipo de antibióticos, antiparasitarios, mortalidades y biomasa, estando de forma permanente disponible al público. Se establecen fuertes multas por cada salmón escapado y suspensión de las operaciones.
El Congreso aprobó la modificación de la Ley N°18.892 General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura, tras una tramitación de cuatro años.
El hecho fue celebrado por la organización de conservación marina Oceana, para la cual se trata de un paso importante para la regulación de una industria que, a su juicio, se negó sistemáticamente a la transparencia y a asumir las responsabilidades ambientales producto de los escapes.
“Con esto se concluye el trabajo de años, en el que en conjunto con muchas organizaciones hemos trabajado en garantizar algo básico, como es la transparencia y el acceso a la información sobre contaminantes o aspectos de esta actividad económica que pueden afectar la salud de las personas y el medio ambiente. Además, esta ley previene la ocurrencia de escapes, estableciendo sanciones efectivas que la legislación actual impedía”, explicó Javiera Calisto, directora jurídica de Oceana Chile.
“Se escuchó a la sociedad civil, a la pesca artesanal y a la ciencia, todos quienes demostraron su apoyo transversal al proyecto”, agregó.
La nueva ley obliga a las salmoneras a transparentar los datos sobre el uso de antibióticos, antiparasitarios, mortalidades y producción, incentivando el mejoramiento de una actividad que genera altos impactos en el medio ambiente.
Desde 2014, Oceana comenzó a solicitar anualmente al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la información sobre uso de antimicrobianos y producción por empresa, encontrándose siempre con la oposición de la mayoría de las salmoneras, las que argumentaban que la entrega de estos datos afectaba sus derechos económicos y comerciales.
La negativa, daba paso a largos procesos judiciales que duraban hasta cuatro años, para que finalmente las salmoneras fueran obligadas a liberar la información, cuando esta ya había perdido gran parte de su valor.
“La transparencia de estos datos y el oportuno acceso a la información trae una serie de beneficios sociales. Es crucial para evaluar el manejo de cada empresa, desarrollar mejor política pública, incentivar la competencia y reducir el uso de antibióticos, antiparasitarios y las mortalidades, permitiendo a los consumidores tomar mejores decisiones y realizar un escrutinio público de las acciones de fiscalización que la ley le encomienda a Sernapesca”, aseguró Calisto.
Otro de los aspectos destacados de la normativa se relaciona con el establecimiento de fuertes sanciones económicas por cada salmón que se escape, fijando medidas que prevengan su ocurrencia, ya que, al ser especies introducidas, exóticas y catalogadas como invasoras, generan impactos en la fauna local y en especies de relevancia para la pesca comercial, considerando que el salmón no cuenta con depredadores naturales en Chile.
La ley permitirá además que, tras un escape de salmones, los pescadores artesanales puedan capturar los ejemplares, lo que ha sido calificado por la ciencia como la medida más eficaz para su recaptura.
“Esta ley establece una regulación moderna, que asegura la sanción por el escape de salmones, contemplando incentivos a las compañías para recapturarlos de manera eficiente y así disminuir la multa, permitiendo así reducir las externalidades de esta industria”, aseveró Calisto.
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