La Cámara de Diputados aprobó el informe de comisión mixta con 110 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones. Anteriormente, el Senado igualmente visó el texto.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer el informe de comisión mixta sobre la reforma constitucional de infraestructura crítica. La iniciativa permite al Presidente disponer de las Fuerzas Armadas para proteger esta infraestructura y colaborar con el control fronterizo, bajo circunstancias específicas. Con la aprobación, la Corporación despachó el proyecto a ley.
La Cámara de Diputados visó el texto con 110 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones. Anteriormente, el Senado igualmente aprobó el informe de la comisión mixta.
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La reforma entrega una nueva facultad al Presidente que se concretará a través de un decreto supremo fundado. Este será suscrito por los ministros del Interior y de Defensa Nacional. A través de él se encargará a las FF.AA. la protección de la infraestructura crítica del país. Esto, cuando exista peligro grave o inminente a su respecto.
La infraestructura crítica comprende el “conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública”. Igualmente, aquellas “cuya afectación cause un grave daño a:
Se entenderá por infraestructura crítica aquella “indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población”.
La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados suprimió el martes -con votos de la oposición- un punto clave del proyecto de infraestructura crítica: la facultad de las FF.AA. para colaborar en el orden público.
Al día siguiente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llamó a que la Cámara de Diputados rechazara en general el proyecto, con el objetivo de que pasara a comisión mixta para reponer el artículo suprimido.
Tal como instó Tohá, la Cámara Baja rechazó en general el proyecto y pasó a comisión mixta. En esa instancia, el Gobierno y la oposición acordaron un protocolo de acuerdo que viabilizó la iniciativa.
Las partes pactaron que, a partir de febrero, se conformarán dos mesas técnicas para analizar los lineamientos de la futura ley sobre reglas del uso de la fuerza. La propuesta se enviaría al Congreso con calificación de suma urgencia (15 días para el trámite), en la primera semana de abril.
Por otra parte, se desarrollará una propuesta respecto de capacidades especializadas para las policías y FF.AA. para la protección de fronteras. Dicho trabajo concluiría en la segunda quincena de mayo y constituirá la base para el proyecto de ley o decreto respectivo.