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Crédito: Agencia Uno (referencia)
La cifra estimada actualmente se sitúa en torno a las 6.100 personas, lo que quieren disminuir derribando viviendas construidas bajo estándares antiguos de resistencia a terremotos para el año fiscal 2025 y elevar al 25 por ciento la proporción de edificios con disyuntores sensibles a seísmos, que corten automáticamente el suministro eléctrico en caso de gran terremoto, para el año fiscal 2030.
El Gobierno metropolitano de Tokio anunció que planea establecer un nuevo objetivo de “reducir prácticamente a la mitad” el número máximo estimado de víctimas mortales en caso de terremoto significativo registrado directamente en la capital japonesa.
La cifra estimada actualmente se sitúa en torno a las 6.100 personas, mientras que el Gobierno metropolitano pretende alcanzar el nuevo objetivo para el año fiscal 2030, según un borrador de trabajo sobre la revisión del plan regional de prevención de desastres para Tokio, presentado el martes durante la reunión de un comité gubernamental.
El borrador también contempla medidas para reforzar la prevención de desastres, como avances en la resistencia a los terremotos de las edificaciones y un mayor uso de materiales ignífugos para su construcción.
En mayo de 2022, el Gobierno metropolitano revisó un 30 por ciento a la baja su estimación del daño derivado de un eventual seísmo, por primera vez en casi 10 años.
Según las estimaciones revisadas, la cifra máxima de fallecidos de 6.148, junto con alrededor de 194.000 edificios afectados, resultarían de un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter con epicentro en la zona sur del centro de Tokio.
La capital de Japón está tratando ahora de reducir todavía más la estimación de fallecidos, realizando esfuerzos como derribar las viviendas construidas bajo los estándares antiguos de resistencia a terremotos para el año fiscal 2025 y elevar al 25 por ciento la proporción de edificios con disyuntores sensibles a seísmos, que corten automáticamente el suministro eléctrico en caso de gran terremoto, para el año fiscal 2030.
El Gobierno metropolitano tiene previsto formalizar el borrador a comienzos del año fiscal 2023, que comienza en abril, tras escuchar las opiniones de los residentes locales.
