CULTURA
Deben abrir las mentes de los alumnos a nuevos mundos, pero en las bibliotecas de centenares de escuelas en Florida (Estados Unidos) miles de libros permanecen literalmente fuera del alcance de los estudiantes.
Por ejemplo, en los condados de Manatee y Duval -que juntos suman casi 300 centros educativos- los profesores han debido ocultar de la vista de los niños los libros de las bibliotecas de sus salones.
En algunos casos han tapado los textos con papel y cartulina; en otros, han guardado los libros en cajas. El efecto buscado es el mismo: bloquear el acceso de los estudiantes a este material de lectura.
Detrás de esta drástica medida está la aplicación de la ley HB 1467, aprobada por el Congreso de Florida y firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis en marzo de 2022.
De acuerdo con sus promotores, el objetivo de esta legislación es proteger los derechos de los padres de controlar el tipo de materiales a los que sus hijos son expuestos en la escuela.
“En Florida, nuestros padres tienen todo el derecho de participar en la educación de sus hijos. No vamos a permitir que los políticos nieguen a los padres el derecho a saber lo que se enseña en nuestras escuelas. Estoy orgulloso de firmar esta legislación que garantiza la transparencia del plan de estudios”, dijo DeSantis cuando se promulgó esta norma.
Sus críticos, sin embargo, aseguran que se trata de un instrumento de censura, de un arma usada por los conservadores en su cruzada contra la llamada cultura “woke” (despierta), un término empleado en Estados Unidos para quienes han asumido como deber enfrentarse a problemas de desigualdad o discriminación, especialmente por razones de raza, genero u orientación sexual.
DeSantis ha dejado clara su oposición frontal a la cultura “woke”, denunciando que con ella se estaba adoctrinando a los niños en las escuelas.
“Rechazamos la ideología woke. Combatimos el woke en la legislatura, combatimos el woke en las escuelas, combatimos el woke en las empresas. Nunca jamás nos rendiremos a la muchedumbre woke. Florida es donde el woke va a morir”, dijo en un discurso tras ser reelegido como gobernador en noviembre.
Pero ¿cómo una ley para permitir que los padres ejerzan control sobre lo que estudian sus hijos ha llevado a la práctica clausura de las bibliotecas en los salones de centenares de escuelas?
La ley HB 1467, que entró en vigor en julio de 2022, exige a las escuelas asegurarse de que los libros que allí se ofrecen estén libres de pornografía, se ajusten a las necesidades de los estudiantes y sean apropiados para su edad.
DeSantis rechaza abiertamente la cultura “woke”.
Posteriormente, en diciembre pasado, el Departamento de Educación de Florida (DOE) extendió la aplicación de esa normativa a las bibliotecas que tienen los maestros en sus aulas.
“Entonces, el distrito escolar intentó colocar esas bibliotecas del aula en una situación de cumplimiento de la norma, por lo que pidieron a los maestros que no dieran acceso a los alumnos a las mismas hasta que todos los libros hubieran sido aprobados por el especialista en medios”, le explica a BBC Mundo Pat Barber, presidenta de la Asociación Educativa de Manatee, el sindicato que representa a los profesores de ese condado, uno de los más afectados por la norma.
En la práctica, la consecuencia de todo esto para los estudiantes es que ya no tienen acceso a materiales de lectura que podrían de ser de su interés.
Algunos expertos en pedagogía denuncian que esta medida atenta no solamente contra la formación que pueden recibir los estudiantes, sino que también afecta la creación de hábitos de lectura cuyos beneficios se disfrutan a lo largo de toda la vida.
“La razón por la que los maestros construyen bibliotecas sólidas en el aula es porque quieren tener tantos libros como sea posible que puedan ser de interés para todos los estudiantes que tienen en su clase porque están tratando de desarrollar lectores para toda la vida y niños que disfruten de la lectura por placer, así como para obtener información”, dice Barber.
“Pero la comodidad y la disponibilidad dentro del salón de clases ya no estará ahí hasta que los libros hayan sido examinados”.
En Florida se han organizado algunos eventos para dar mayor acceso a los libros que están siendo objetados.
La revisión, además, afecta las potestades de los maestros en las escuelas.
“Ningún maestro tiene pornografía en la biblioteca de su salón, por lo que hacer toda esa revisión y quitar estas decisiones de las manos de los profesores, que han recibido un entrenamiento riguroso para determinar qué es apropiado para sus estudiantes, es algo muy perturbador”, agrega.
Pese a todo, probablemente esta no sea la mayor de las preocupaciones de los educadores.
Dado que uno de los argumentos para la revisión de los textos es que estos puedan contener pornografía, en la eventualidad de que se facilitara a los estudiantes algún material que fuera considerado de esta forma, ello podría derivar en un retiro de la licencia para enseñar o en una pena de prisión.
“Dar pornografía a un menor es considerado como un delito grave de tercer grado [castigado con hasta cinco años de cárcel], por lo que existe la amenaza de violar la ley. Por ello, es una gran preocupación que un maestro sea acusado de violar esta ley. No de que la violen, sino incluso simplemente de que sean acusados de hacerlo”, dice Barber.
El entrenamiento que reciben los especialistas en medios de las escuelas encargados de dar el visto bueno a los libros, exige que estos textos estén libres de pornografía (entendida como la representación de un comportamiento erótico con el fin de causar excitación sexual). Si se trata de alumnos de kínder a tercer grado de primaria, tampoco pueden abordar temas de orientación sexual o de identidad de género.
Finalmente, no se permite material que presente la discriminación de una forma que “un individuo en virtud de su raza, color, sexo u origen nacional sea [considerado] racista u opresor, sea de forma consciente o inconsciente”.
La normativa que ha llevado a la remoción de libros en escuelas de Florida se está aplicando de forma distinta en cada uno de los 67 distritos escolares del estado, lo que hace difícil hacerle seguimiento.
Sin embargo, de acuerdo con cifras del Florida Freedom to Read Project (FFTRP), una ONG que busca hacer frente a esta legislación, hasta septiembre pasado en ese estado han sido objetados más de 900 títulos, de los cuales más de 400 habían sido removidos temporalmente de las bibliotecas y 65 terminaron siendo censurados.
Según cifras actualizadas a principios de febrero, en el estado se habían registrado unas 1.858 solicitudes de retirada (algunos libros han sido objeto de más de una petición).
Uno de los libros en revisión es la biografía del beisbolista Roberto Clemente.
Entre los libros que han sido cuestionados se encuentran varias biografías, incluyendo la del beisbolista puertorriqueño Roberto Clemente, la de cantante cubana Celia Cruz, y la de Sonia Sotomayor, la primera hispana en convertirse en jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.
También la de la activista de los derechos civiles Rosa Parks y la del Dalai Lama.
“Muchos de esos libros tratan sobre la experiencia de vida de personas negras y morenas. Y muchos tienen personajes LGBTQ o historias con temas LGBTQ, que tienden a ser la mayoría de los libros que están prohibidos”, explica Raegan Miller, directora de Desarrollo y Finanzas del (FFTRP), a BBC Mundo.
“Luego algunos tienen material más desafiante como, por ejemplo, la novela “Ojos azules” [de la ganadora del premio Nobel Toni Morrison] que representa una escena muy violenta. Pero ese libro, publicado en 1970, se ofrece en un curso de nivel universitario en el grado 11 y se lee bajo la instrucción de un maestro, que es cómo queremos que los estudiantes puedan leer esos libros: junto a un maestro que les ayude a comprender que esta podría ser la experiencia vivida por otra persona o comprender que hay personas así en el mundo”, agrega.
Entre los libros objetados está la primera novela de la ganadora del Nobel Toni Morrison.
Hace casi un año, poco antes de que DeSantis firmara la ley HB 1467, PEN America -el capítulo estadounidense de la asociación internacional de escritores PEN- denunció lo que consideraba como una “campaña orquestada” a través de Estados Unidos para prohibir libros que contengan contenido “objetable”, algo que -según apuntaban- con frecuencia se limitaba a contenido que reconociera la identidades LGBTQ o la existencia del sexismo y del racismo.
“El objetivo de la ley HB 1467 es facilitar esa campaña”, afirmaban.
BBC Mundo se puso en contacto con el Departamento de Educación de Florida, así como con la oficina del senador republicano en ese estado Joe Gruters -uno de los impulsores de esa norma-, pero al momento de publicar esta nota no se había recibido respuesta.
Más recientemente, el pasado 10 de febrero, PEN America denunció que 176 libros habían sido removidos de las aulas de las escuelas en el condado de Duval y que llevaban 10 meses fuera de la vista de los alumnos sin señales de cuándo regresarían.
Paradójicamente, pese a la masiva remoción de libros de las bibliotecas escolares en Florida, existe también descontento entre quienes creen que hay que ir más lejos y consideran que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes.
Una de esas organizaciones se llama Community Patriots Manatee y se definen como un grupo de estadounidenses que “aman la libertad, abrazan el autogobierno y trabajan para garantizar la justicia para todos”, según su página web.
En un post publicado en su portal titulado “Consentimiento parental y porno no son aceptables”, señalaban que luego de que “padres y patriotas” se quejaran, el distrito escolar del condado de Manatee puso en marcha un protocolo para revisar libros “gráficamente eróticos”, pero criticaban que seis meses más tarde muchos de esos textos fueran puestos de vuelta en las estanterías con la “vaga e inejecutable restricción” de exigir que los estudiantes obtuvieran el consentimiento de sus padres para poder acceder a ellos.
La librería Books and Books en Miami pintó en su fachada una lista de libros prohibidos para protestar contra la censura.
De acuerdo con ese grupo, el que se recurra al consentimiento de los padres crea un vacío legal para que en las escuelas siga habiendo material inapropiado en las estanterías.
“Creemos que la ley es clara: el material que sea perjudicial para los menores no debe estar en las escuelas, con o sin el consentimiento de los padres”, afirman, e instan a sus miembros a contactar a las autoridades escolares para hacerles saber su malestar.
“Los padres, los contribuyentes y los ciudadanos preocupados no quieren que esto ocurra en nuestras escuelas. Debemos mantener la presión sobre la Junta [Escolar] y comunicarnos directamente con los directores para que sepan que queremos [esos libros] fuera, independientemente del -‘consentimiento de los padres”, señalan.
Se trata, precisamente, de una postura cuestionada por la FFTRP.
“Lo que estamos viendo es que si uno de los padres se opone a algo, entonces se lo quitan a todos los niños. Y dado que todos somos de orígenes muy diversos, creemos que los verdaderos derechos de los padres significan que tengo una decisión. Puedo tomar una decisión con mi maestro sobre lo que es apropiado para mi hijo y otro padre no puede tomar esa decisión por mí”, dice Raegan Miller.
Pero este debate va más allá de las posiciones enfrentadas entre padres que piensan de una u otra forma pues, según explica Pat Barber, de la Asociación Educativa de Manatee, la nueva ley en Florida ha permitido que miembros de la comunidad que ni siquiera tienen hijos puedan decidir sobre lo que se enseña en las escuelas.
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