MUNDO
Crédito: DW
Los diputados franceses fracasaron en el intento de tumbar a la primera ministra Élisabeth Borne y su reforma de las pensiones, cuya adopción por decreto recrudeció unas protestas llamadas a continuar.
“Sólo faltaron nueve votos para derribar este gobierno y su reforma, un gobierno que ya está muerto para los franceses y que ya no tiene ninguna legitimidad”, dijo la diputada de izquierda radical Mathilde Panot. La votación fue más ajustada de lo esperado. La moción presentada por el grupo independiente LIOT, con el apoyo de la izquierda, recabó 278 votos de los 287 necesarios. La presentada por la extrema derecha sólo obtuvo 94.
La caída de las dos mociones pone fin a la saga parlamentaria de la reforma, aunque la oposición ya anunció recursos ante el Consejo Constitucional para frenar su aplicación e impulsar a su vez un referéndum. A la espera de su decisión, este lunes quedaron adoptados definitivamente el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa.
El presidente liberal Emmanuel Macron decidió el jueves imponer su proyecto sin el voto de los diputados, al temer una derrota en el Parlamento en un contexto de rechazo de los sindicatos y de dos de cada tres franceses, según los sondeos.
Su primera ministra, en primera línea en la defensa de esta reforma clave para el segundo mandato de Macron, se dijo “determinada a continuar aportando las transformaciones necesarias” para el país tras ganar las votaciones, en una declaración a AFP. Pero Borne surge debilitada de este pulso, máxime cuando casi un tercio de diputados del partido opositor Los Republicanos (LR, derecha), que negoció con el gobierno la reforma, votó a favor de tumbarlo. “Es evidente que hoy el gobierno tiene un problema de legitimidad y que el presidente no puede convertirse en un espectador”, dijo a la cadena BFMTV el derechista Aurélien Pradié, cabeza visible de esta oposición en el seno
La líder ultraderechista Marine Le Pen, rival de Macron en el balotaje de la elección presidencial de 2022 y cuyo partido sale reforzado del conflicto social en los sondeos, estimó que la primera ministra “debe marcharse” o el presidente, “cesarla”.
El presidente, a quien no afecta la moción de censura, se juega además poder aplicar el programa de su segundo mandato hasta 2027. El domingo, a través de su entorno, aseguró que quería ir hasta el final con su proyecto de pensiones. Pero los observadores estimaban que el gobierno lograría una victoria pírrica. El uso del 49.3 “dificultará la adopción de futuras reformas”, advirtió la agencia de notación Moody’s, favorable no obstante a este tipo de leyes.
Además se produce en un contexto de tensión creciente en las calles, después que Francia registrara las mayores protestas contra una reforma social en tres décadas: el 7 de marzo, entre 1,28 y 3,5 millones de personas manifestaron. “Reitero mi llamado al presidente: Retire esta ley, no la promulgue. Esto calmaría los ánimos”, había advertido en el diario Libération el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, para quien Macron será “el responsable de lo que ocurra”.
Carreteras bloqueadas, transportes perturbados, el aeropuerto de Tarbes-Lourdes (sur) invadido, miles de toneladas de basura en las calles de París, falta de combustible en el sureste… Los huelguistas multiplicaron las acciones de protesta.
