PAÍS
Después de dos ocasiones fallidas, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue citado por la fiscal adjunto de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, para prestar declaración en calidad de imputado por una de las causas que investiga el delito de “omisión” de haber hecho lo necesario para impedir apremios ilegítimos cometidos por carabineros durante el denominado estallido social de 2019. Yáñez ocupaba el cargo de director de Orden y Seguridad en ese momento. El oficial fue citado como imputado en septiembre pasado, pero logró posponer la cita en dos ocasiones. La fiscal Chong precisó que la “declaración no constituye ningún requisito previo para que se tome ningún tipo de decisión, ni de término, ni tampoco de avanzar en línea de una formalización”.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, guardó silencio en el interrogatorio al que fue citado como imputado en la investigación que lo vincula con el delito de “omisión” de haber hecho lo necesario para impedir apremios ilegítimos cometidos por algunos carabineros durante el “estallido social”.
La investigación, en manos de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, busca esclarecer las responsabilidades del alto mando en los hechos que protagonizó la policía uniformada durante las masivas manifestaciones de fines de 2019, acciones por las cuales la institución fue apuntada por diversos organismos internacionales producto de “violaciones generalizadas” a los derechos humanos.
También te puede interesar:
“Se le imputa, específicamente, el delito de apremios ilegítimos por la figura homicida. Es decir, no haber realizado acciones tendientes a evitar que se materializaran los apremios ilegítimos y las torturas que se verificaron durante un período determinado. Esto, en su rol anterior en la institución, cuando él fungió como director de Orden y Seguridad”, señaló la fiscal Chong a la prensa, luego de llegar al edificio de Carabineros, donde fue recibida por Yáñez.
Tras proceder con la diligencia en la Dirección General de Carabineros, la fiscal afirmó que “ellos tienen el derecho de guardar silencio e insisto en que ello no puede representar para los imputados ninguna consecuencia legal adversa. En ese contexto, en circunstancia que se trata del director eneral de Carabineros no muta los derechos le asisten a cualquier ciudadano”.
Chong agregó que “la investigación continúa al margen de la colaboración que puede entregar, sin perjuicio de como señalaron sus abogados, lo más probable que en un horizonte de tiempo máximo de 3 meses, podría estar en condición de prestar declaraciones”.
La persecutora precisó que la “declaración no constituye ningún requisito previo para que se tome ningún tipo de decisión, ni una decisión de término, ni tampoco una decisión de avanzar en línea de una formalización”.
Yáñez fue citado como imputado en septiembre pasado, pero el oficial logró posponer la cita en dos ocasiones.
Esta indagación comenzó en 2019 en Valparaíso y puso el foco en el actual jefe de Carabineros por su rol como director de Orden y Seguridad al momento de estallar las masivas movilizaciones en el país.
Yáñez ya declaró en calidad de imputado en febrero de 2022, cuando –también al mando de la institución militarizada–, fue citado por la fiscal jefe de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien estuvo a cargo de la investigación en una primera fase.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del pasaje del metro y se convirtió en un clamor por un modelo económico más justo y más derechos sociales. Las revueltas dejaron más de una treintena de muertos y miles de heridos, señalamientos por violaciones generalizadas a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad por parte de Naciones Unidas y Human Rights Watch, además de episodios de violencia que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas.
Para encauzar el descontento social por la vía institucional, políticos de todos los sectores acordaron un proceso constituyente para dejar atrás la carta magna escrita en la dictadura y reformada luego en 2005. La propuesta de nueva ley fundamental fue rechazada por un 60 % de la población y hoy la discusión constituyente vive una segunda fase con nuevas elecciones en mayo próximo para conformar un nuevo órgano redactor.
