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La parlamentaria de RD compareció ante la comisión, para enfrentar una acusación de tráfico de influencias presentada por diputados de la UDI. Tras una larga exposición personal de la diputada, la mayoría de los miembros de la comisión acogió el requerimiento y se le aplicó una multa del 5% de su dieta parlamentaria. Orsini declaró que estudiará el fallo y utilizará herramientas legales si es necesario, ya que sostiene que no ha cometido ninguna falta a la ética.
La diputada Maite Orsini, militante de Revolución Democrática (RD), compareció este martes ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para responder al requerimiento presentado por diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes la acusaron de tráfico de influencias por el denominado caso “telefonazo”. Durante la sesión, la parlamentaria tuvo la oportunidad de exponer su versión de los hechos ante la instancia disciplinaria.
Cabe mencionar que la diputada Orsini realizó una llamada telefónica a la generala Karina Soza, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, tras una polémica detención al exfutbolista Jorge Valdivia. Se acusó un acto ilegal y arbitrario en contra del otrora seleccionado nacional, durante un procedimiento policial donde se habrían vulnerado sus derechos.
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Aunque se había acordado mantener en secreto el resultado de la audiencia, trascendió que la mayoría de los miembros de la comisión acogió el requerimiento presentado contra Orsini y se le impuso una multa del 5% de su dieta parlamentaria, equivalente a unos 270 mil pesos. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo para aplicar la máxima sanción de “censura”, que puede implicar una multa de hasta el 15% de la dieta líquida, ya que solo cuatro diputados estuvieron a favor de esta medida.
Al respecto, según consignó La Tercera, el presidente de la comisión, el diputado Nelson Venegas (PS), aún no ha emitido una declaración oficial sobre la resolución, ya que se espera la notificación correspondiente a la diputada afectada.
Por su parte, Orsini se mostró molesta con el hecho de que se haya filtrado información sobre el fallo antes de ser notificada. Además, declaró que estudiará el fallo para determinar si es necesario utilizar herramientas legales para demostrar su inocencia.
La diputada sostiene que no ha cometido ninguna falta a la ética y que la comunicación que sostuvo con las autoridades involucradas no puede ser interpretada como tráfico de influencias.
