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Créditos: Agencia Uno
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó las medidas que está promoviendo la administración del Presidente Gabriel Boric para enfrentar la delincuencia luego de los sucesos que afectan la seguridad en el país. En esa línea, la titular de la Segegob comunicó que el Plan Calle Sin Violencia tendrá inicio una vez que las autoridades respectivas lo anuncien, pues “el gobierno no ha dado una información oficial aún sobre el resto de las comunas” donde comenzaría a regir. También apuntó que, respecto al proyecto que regula el uso de fuerza por parte de policías y Fuerzas Armadas, este “fue solicitado por los mismos parlamentarios en el marco de la discusión del proyecto de infraestructura crítica”, y “es muy pronto para negarse a legislar sobre una materia que fue parte de un compromiso transversal.
En el marco de una nueva edición del programa Gobierno Informa, la ministra Camila Vallejo, de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), se pronunció sobre el futuro del proyecto de ley que esta semana ingresó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados: la iniciativa que busca normar las Reglas de Uso de Fuerza por parte del personal policial.
Además, en cuanto a la agenda de seguridad, Vallejo abordó el Plan Calle Sin Violencia, luego de que durante esta mañana el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, reclamara la exclusión de su comuna en la implementación de la medida. Al respecto, la vocera enfatizó que “el gobierno no ha dado una información oficial aún sobre el resto de las comunas. Cuando esté oficializado, la autoridad correspondiente va a oficializarlo. Esto no es llegar y hacer una competencia entre comunas”.
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La ministra Vallejo expuso que la selección de las comunas contempladas en la política responde a una serie de criterios. “Tiene que ver con presencia y tráfico de armas, bandas criminales, crimen organizado, narcotráfico; además con una situación que aqueja a las comunidades que es la impundad penal, es decir, casos que no han sido esclarecidos sobre todo respecto a delitos violentos. como homicidios. Y en ultima instancia, deterioro de los barrios”, indicó.
“Esas 30 comunas concentran en 30% de la población y concentran el 50% de los delitos violentos. (El plan) estaría partiendo en la comuna de Santiago, luego se extendería durante el mes de mayo a otras comunas”, dijo la autoridad. Además, adelantó que este no sería el único plan para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía, puesto que sectores rurales y urbanos plantean diversas formas de abordar el problema y una gran articulación por parte de los distintos entes involucrados.
Respecto al mismo tema, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma y Flor Weisse, emitieron un comunicado criticando a la administración de Gobierno en cuanto a las comunas seleccionadas. Los parlamentarios sostienen que “primero nos enteramos de diez comunas donde se iniciaría la ejecución de esta intervención, y ahora resulta que no están definidas”.
Coloma y Weisse apuntan a las declaraciones desde el ministerio del Interior, donde afirman “existe un desorden total y una falta de planificación en materia de seguridad”. Además, aseveran que “casi todas eran afines al gobierno, y ante las críticas por lo subjetivo de la designación y sin conocer los criterios técnicos para ello, la ministra Tohá se retracta y dice que aún no están definidas las comunas con que partirán este plan”.
Sobre las Reglas de Uso de Fuerza, Vallejo comentó que “vamos a insistir en el diálogo. Es un proyecto que recién fue presentado, y lo que corresponde a nuestro juicio en nuestra democracia con tres poderes, es promover ese diálogo en el Congreso, para avanzar en algo que fue solicitado por los mismos parlamentarios en el marco de la discusión del proyecto de infraestructura crítica”.
Asimismo, la autoridad de Estado puntualizó que “(las reglas de uso de la fuerza) ya existen, en principio, pero no tienen rango legal, y esa discusión es importante tanto para las policías como las fuerzas armadas que han estado desempeñando tareas de orden y seguridad”.
“Reglas claras para el uso de la fuerza les permiten tener un respaldo de Estado institucional en el proceder respecto al uso de sus armas; y que existan principios claros y entendibles en la legislación de proporcionalidad, racionalidad y legalidad”, explicó la ministra vocera. “Es muy pronto para negarse a legislar sobre una materia que fue parte de un compromiso transversal”, agregó.
