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Créditos: Agencia Uno
Luego del dictamen de la Contraloría, tanto miembros de Republicanos como personeros de la UDI decidieron emprender acciones para cuestionar a la alcaldesa de Santiago, alegando que el procedimiento de compra era un ejemplo de un “negocio fraudulento”. Sin embargo, desde la oficina de la líder comunal, destacaron la transparencia con la que se llevó a cabo el proceso, enfatizando que no se realizó ningún pago con dinero público.
Después de que la Contraloría General de la República objetara la compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte del Municipio de Santiago, un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), liderados por Juan Antonio Coloma, instó a los concejales de la comuna a denunciar a la alcaldesa, Irací Hassler (PC), por “notable” abandono de deberes.
A esto se suma una querella interpuesta por los diputados Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, quienes pidieron la formalización de la edil por fraude al fisco, en relación con la cancelada adquisición del antiguo recinto hospitalario. La Contraloría determinó que el valor a pagar no se justificaba, ya que el avalúo fiscal del inmueble era cuatro veces menor al precio por el que se pretendía comprar.
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Boris Barrera, diputado del PC, fue una de las voces que que salió en defensa de la autoridad comunal: “la derecha ha querido empatar con nuestra alcaldesa porque ellos tienen innumerables casos de corrupción, como el alcalde que se llevó el dinero a esconder a los muros de su casa, otra alcaldesa de Antofagasta que está prófuga, otra cuestionada en Viña del Mar, Maipú, hay una lista inmensa de alcaldes corruptos pertenecientes al sector de la derecha”.
En tanto, Coloma emitió un comunicado al que posteriormente se sumaron los parlamentarios de su partido, Marta Bravo y Daniel Lilayu, en el que afirman que “se configuran todas las causales necesarias para que los concejales de Santiago se atrevan a denunciar a la alcaldesa Hassler por notable abandono de deberes”.
En una línea similar, el parlamentario UDI, Jorge Alessandri, comentó que “la Contraloría General de la República esclareció lo que muchos ya sabíamos: que existía un sobreprecio impresionante”.
“La municipalidad de Santiago estaba dilapidando recursos públicos con el pretexto de mejorar la salud. Ahora falta la otra hebra: ¿para qué eran las platas? ¿Qué se pretendía financiar de forma oscura? ¿A dónde iba el negocio? ¿Quién era el que vendía y tenía relación con el municipio?”, apuntó Alessandri.
Por otra parte, los parlamentarios del Partido Republicano afirman en la querella que “lo distintivo de este delito consiste en la posición relativa del respectivo funcionario que, en razón de su cargo, interviene en una determinada operación de significación patrimonial para el Estado u otra entidad pública, en el marco de lo cual ha de tener lugar la defraudación, con perjuicio para el respectivo patrimonio público”.
Sumado a eso, Irarrázaval señaló que “Hassler es un peligro para la estabilidad financiera de Santiago y esperamos que la justicia sea implacable con ella y con todos los funcionarios que participaron de este negocio ilegal”, por lo que continuarán el proceso legal en busca de que haya una condena para Hassler.
El Partido Comunista salió a defender a la alcaldesa, declarando que “el interés de la derecha no es la transparencia, su interés es buscar un falso ‘empate’ respecto de múltiples casos de corrupción donde están involucrados sus militantes” a través de un comunicado.
En la misma misiva, el PC sostuvo que “manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo a la compañera Irací Hassler, quien continuará haciendo todos los esfuerzos para dar respuestas a los requerimientos y urgencias sociales de los vecinos y vecinas de Santiago”.
