Opinión
El próximo 17 de noviembre debería entrar en vigencia la Ley de Aporte al Espacio Público, cuyo objetivo es lograr mitigaciones entendiendo que todos los proyectos inmobiliarios generan externalidades en su entorno. Los aportes se basan en la densidad y destino del proyecto y serán entregados a la comuna donde se emplazan. Si bien es una normativa enfocada en mejorar los espacios públicos, tendrá efectos en el precio de las viviendas, porque podría llegar a aumentar hasta en un 44% el valor del suelo y con ello el valor de la construcción, pudiendo llegar a elevar el precio final de un departamento en un 8%. Este efecto es bastante mayor al impacto que tuvo el IVA en su momento.
Existe otra nueva norma en vigencia creada para mejorar las condiciones de las personas: la Ley de Ductos, que obliga a las inmobiliarias a encargarse de todo el cableado para los servicios de telecomunicaciones. Esta normativa tiene dos grandes ventajas: por una parte, no hay contrato de exclusividad con una empresa determinada y, por otra, todo el edificio está conectado. Sin embargo, esto también aumenta el costo de construcción en forma importante y el de mantención de los edificios, ya que con esta ley quedan a cargo de las comunidades y no de las empresas que entregan este servicio.
Esta última norma está impactando entre 1,4% y 2% el valor de venta, por lo que sólo producto de estas dos iniciativas un departamento que hace un par de meses valía UF 2.000 ahora lo encontraremos en alrededor de UF 2.200, hasta un 10% más alto.
Ante esta realidad, es de suma importancia que al momento de crear nuevas iniciativas se evalúe todas las posibles implicancias que tendrán, ya que, aunque el objetivo final es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, tienen una afectación en los precios de las viviendas, que siguen subiendo y no parecen estar ni cerca de estabilizarse con estas leyes.
