Opinión
A comienzos de la pandemia del Covid-19, el país se enfrentó a una escasez de legumbres provocada por un conjunto de factores. Por un lado, frente a una situación de estrés, temor y ansiedad frente a las medidas de cuarentena que complicaban las salidas se produjo un sobreabastecimiento a nivel familiar; es decir, familias que repentinamente compraron tres o cuatro veces su cantidad usual de legumbres, bajo el razonamiento que es una provisión no perecible que se podrá consumir en caso de emergencia. Este giro en el consumo, también puede entenderse como respuesta al impacto económico de la crisis en los hogares, buscando reemplazar proteínas animales por vegetales de menor costo. Además de lo anterior, el aumento del consumo de legumbres tiene relación con las medidas sanitarias de cuarentena que incluyeron el cierre de colegios y el teletrabajo para quienes no somos trabajadores de primera necesidad. El hecho de quedarse en casa implicó hacerse cargo de alimentación que anteriormente era resuelta en guarderías y casinos de colegio para los más pequeños, y en comedores institucionales, restaurantes o una compra al paso para quienes trabajábamos fuera de casa. En ese sentido, el #quedarseencasa, implicó también preparar y consumir lo que tradicionalmente es la mayor ingesta de alimentos del día, es decir #almorzarencasa.
Sumado al aumento de la demanda familiar de legumbres, hubo una inesperada alza en la demanda institucional. Las medidas que implementó el gobierno para adaptarse y apalear los efectos nutricionales de la crisis resultaron en una transformación de programas de alimentación escolar, desde una porción de comida preparada a una caja de ingredientes para ser retiradas y preparadas en casa. Sumado a la –a lo menos problemática– experiencia de las Cajas para Chile, crearon una repentina presión sobre el stock disponible de legumbres. Tanto así que se evidencian casos donde el desabastecimiento de legumbres era tal, que en las cajas se reemplazaron por cuscús– alimento que no solamente carece de un aporte nutricional comparable, sino que tampoco está arraigado en las prácticas culinarias nacionales.
La respuesta del gobierno al desabastecimiento de legumbres evidenciado hacia fines de mayo, fue una inyección internacional de legumbres importadas desde la agroindustria canadiense. Importación de 240 toneladas de legumbres que el Ministro de Agricultura, como fiel creyente de la eficiencia de la mano invisible del mercado, vaticinara que “permitirán regular los precios y asegurar el stock”, a la vez de restarle dramatismo al desabastecimiento, asegurando que Chile no era un gran consumidor de legumbres.
Y es que desde mediados del siglo XX, efectivamente ha habido una tendencia a la baja en el consumo de legumbres. Esto se enmarca en un proceso de transición alimentaria mundial en donde la composición de la dieta promedio muestra un aumento sostenido de consumo de proteína de origen animal. Popkin (2001), plantea que en la mayoría de los países del mundo se está produciendo un cambio de dieta cada vez más acelerado, en el cual el consumo apunta hacia una dieta alta en grasas y carbohidratos refinados, en desmedro del consumo de granos y fibra. Chile se encontraría en la penúltima fase de esta transición nutricional, y en cuanto a legumbres, su consumo per cápita ha disminuido sostenidamente desde lo 60’s. Solo en la última década decrece una tasa media anual de -2,7%, resultando en que actualmente los chilenos en promedio solo comen 1,3 kilos de porotos, 800 gramos de lentejas y 200 gramos de garbanzos al año, disminución que se acentúa en la población más joven. Lo anterior está bastante alejado de las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Salud, quienes sugieren un consumo de 2 o más raciones semanales de legumbres.
No solo ya no seríamos los grandes consumidores de porotos que solíamos ser, sino que tampoco somos grandes productores: si en la década de los 80 la superficie cultivada de legumbres estaba entre 100.000 a 150.000 hectáreas, en la última década es del orden de las 20.000 hectáreas, y sin un crecimiento relevante en sus rendimientos (Baginsky, 2018). Las causas de la perdida productiva obedece a decisiones de la gran agricultura nacional en el contexto del mercado alimentario global; por un lado hay una oferta de legumbres a bajo costo desde países como Argentina y Canadá, a la vez que políticas como “Chile Potencia Alimentaria” pone los incentivos en cultivos de mayor rentabilidad. Si bien, la baja en producción coincide con la baja en consumo, un análisis conjunto de oferta y demanda muestra que la perdida de nuestra capacidad productiva ha sido más acelerada que la disminución de la demanda local y sus causas también recaen en políticas comerciales que privilegian lucro por sobre seguridad y soberanía alimentaria.
Durante la pandemia hay señales de que esta tendencia se está revirtiendo, al menos temporalmente. Más que obsoletas, como sugieren los dichos del ministro, las proteínas vegetales están al centro de las estrategias alimentarias estatales para apalear los efectos nutricionales de la crisis económica. Esta coyuntura es una oportunidad para potenciar iniciativas como las de INIA, que busca recuperar la producción nacional mejorando condiciones para la pequeña agricultura, principales proveedores locales de legumbres a través de las ferias libres. Si bien la importación representa un ahorro de corto plazo en los ya ajustados presupuestos de los hogares, es una buena práctica en el quehacer de las políticas públicas calcular también las oportunidades perdidas en cada decisión política. Un análisis a mediano y largo plazo reflejaría perdidas en cuanto a soberanía alimentaria con efectos en múltiples aristas. Por ejemplo, desde el punto de vista agrícola, perdemos la oportunidad de reactivar una cadena de valor corta de provisionamiento local de productos de calidad, en beneficio al consumidor y a la pequeña agricultura; y a la vez, disminuyendo la huella ecológica de la transacción. Perdemos también la oportunidad de manejos más ecológicos con sistemas de rotación, donde las legumbres permiten disminuir el uso de agroquímicos.
Por estos días, lamentablemente vemos que si bien, la importación de legumbres canadiense le permitió al Ministro Walker ganarse un poroto en cuanto a su rating político, en su pronóstico estaba más perdido que poroto en paila marina, y es que la promesa de la mediática importación de legumbres para, en teoría, provocar una rápida auto-regulación del mercado, no se ha cumplido a la fecha. De acuerdo a ODEPA, desde fines de mayo los precios de las legumbres en las ferias, donde el 70% de los hogares compra frutas y verduras, han ido en aumento: para los porotos superando los $3.200 pesos por kilo, y para lentejas en el orden de los $2.600 pesos por kilo. Lo llamativo es que la disminución en precios si ha ocurrido para los porotos en supermercados, donde se tiene una ventaja de escala para la importación y eficiente distribución a los sectores mejor provistos de estos canales de venta. En otras palabras, vemos que la reciente importación ha tenido un efecto desigual según canal de venta. A esto se suman los impactos de las masivas compras para el programa de emergencia Cajas para Chile, los cierres temporales de ferias libres, y las limitaciones que la pandemia ha introducido para el “salir a comprar”, que ha su vez han significado un aumento en compras con aplicaciones virtuales. Los factores antes mencionados tienen la potencialidad de, en conjunto, re-concentrar un mercado de abastecimiento, privilegiando grandes retailers por sobre pequeña y mediana agricultura y canales de venta tradicionales. Consecuencias de lo anterior son la homogenización de la oferta, erosión de prácticas alimentarias y productos locales y daño a economías locales, tanto de productores como de intermediarios y comerciantes.
Los efectos nocivos de la baja en producción y consumo de legumbres no se limitan a los planos de la economía, agricultura y comercio local, sino también a la salud. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró el 2016 como el año de las legumbres y bajo el título “semillas nutritivas para un futuro sostenible” resaltó sus beneficios multidimensionales: son nutritivas, constituyen un aporte a la salud de las personas, contribuyen a combatir el cambio climático, protegen la biodiversidad, y son un bastión para la seguridad alimentaria. Además de estas ventajas, podemos identificar otras bondades del consumo de legumbres a micro escala, relacionadas a su carácter de proteínas democráticas: las legumbres son una alternativa de consumo de altos estándares nutricionales, y bastante asequibles, situándose a un precio mucho menor que proteínas de origen animal. Además de su atractivo precio, es fácil conseguirlas en el mercado; estas pueden ser adquiridas tanto en supermercados, mini-markets, ferias libres, almacenes a granel, entre otros tipos de comercio local. Otro punto a favor que tienen las legumbres es su fácil preparación y almacenamiento en los hogares; basta con hervirlas para que sean comestibles, y bien almacenadas son de alta durabilidad. Por último, y sin menor mérito, en países como el nuestro las legumbres se asocian a una idea de comida casera o comfort food, es decir, un plato reconfortante y nutritivo, capaz de brindar ese “calor de hogar”.
La crisis generada por la pandemia, sumado a la crisis generada por décadas de inconformidad con el modelo de producción, económico y de políticas públicas crea una coyuntura única para generar cambios en los planos micro-cotidianos y macro-económicos. En los últimos meses, hemos visto la aparición de canales de venta alternativos que conectan a agricultures con consumidores locales; las familias cocinan juntas y para algunas de estas se hace con mayor equidad en la repartición de tareas entre hombres y mujeres que en generaciones anteriores o incluso pre-pandemia. El amplio acuerdo del plebiscito del 25 de octubre que muestra inconformidad con el modelo económico también pone en cuestionamiento las actuales políticas agrícolas y de comercialización de alimentos. Es hora de un nuevo pacto sobre los modos de producción, consumo y comercialización de alimentos que privilegie nutrición, seguridad alimentaria y el bienestar en nuestras ciudades y campos, y volver a hacer real nuestro tradicional refrán “más chileno que los porotos”.
