Opinión
En más de una oportunidad hemos leído en la sección cartas de algunos medios de comunicación acusaciones contra la actividad inmobiliaria. Esta sería, según los autores de tales comentarios, una especie de industria que pasa por encima de las leyes para hacer lo que quiere, cuándo quiere y dónde quiere.
Como gremio, consideramos que estas aseveraciones carecen de fundamentos, entendiendo que cada proyecto se construye sólo si cuenta con los permisos correspondientes, los que a su vez se conceden únicamente en la medida en que el proyecto cumple con lo establecido en los planes reguladores y las normativas vigentes. Por lo demás, el diseño de estos instrumentos es de exclusiva responsabilidad de las autoridades (nacionales, regionales y/o comunales).
Si un proyecto no cumple con lo que se le exige, lo que corresponde es que los permisos no sean otorgados.
Nuestras empresas socias, partiendo por las propias inmobiliarias, están haciendo un trabajo serio, sistemático y de largo plazo para elevar permanentemente sus estándares en favor especialmente de sus trabajadores y trabajadoras, la comunidad y el medio ambiente.
Si bien todo es perfectible, lo que nos impulsa a todos es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a reducir el déficit habitacional que existe en nuestro país. Y para ello es clave tener una industria inmobiliaria competitiva, dinámica y comprometida con el desarrollo sostenible. No corresponde que se le utilice como pretexto para justificar fallas del regulador o de la planificación urbana, aspecto este último en el que a nivel nacional tenemos importantes falencias que se deben corregir.
Como gremio, nos estamos haciendo cargo de lo que la sociedad espera de nuestro sector y somos parte del proceso de transformación que estamos viviendo, el que queremos seguir profundizando con los aportes de todos quienes, como nosotros, aspiren a construir un mejor país.
