Hola! Para nadie es un misterio que en el mundo y en Chile se están librando batallas día a día, minuto a minuto. Están aquellas que son globales y que amenazan la paz mundial y también aquellas que, siendo locales, amenazan la paz social. Entre las últimas está la batalla contra la delincuencia y contra la banalidad de la violencia y su frecuencia. Complejo sería acostumbrarnos a manejar cifras de dos dígitos por homicidios cada semana, como viene ocurriendo.
Y también está la batalla contra la corrupción, con el caso Hermosilla como ejemplo del total descaro. Pero además están las otras batallas, las desplazadas, esas que se dejan para el día siguiente, para la otra semana, para después de las elecciones, como pensiones, pacto fiscal, salud y otras.
Medio Ambiente tiene asimismo su batalla y se aprecia intensa. Con perspectivas que antagonizan entre sí y que, aun cuando pueden darse consensos en el Congreso, en modo alguno limitan la discusión y cancelan el debate. La reforma al SEIA, en el marco de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que cumple 30 años, es sin duda la más gravitante.
En esta edición conoceremos también detalles del innovador proyecto chileno Nilus, que pretende crear glaciares artificiales y que obtuvo el premio Acción por el Clima. El hundimiento del salar de Atacama, detectado desde el espacio a través de satélites, será otro de los temas que abordaremos y que han impactado a investigadores, debido al peligro que representa.
Finalmente, les dejaré una entrevista con Aníbal Pauchard, director del Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad (IEB), sobre la importancia de la COP16 que se llevará a cabo en Colombia, en menos de dos meses.
Ahora sí, ya están informados de lo que viene. ¡Síganme los buenos!, y arranquemos con Juego Limpio.
A 30 años de la promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y a días de que comience un nuevo trámite del proyecto que busca hacer más eficiente el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), parece existir consenso entre el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que defiende que el proyecto fortalece la institucionalidad ambiental, y aquellos que opinan, por el contrario, que la reforma a la Ley 19.300 la debilita.
Mientras para algunos dicho consenso genera confianza, para otros provoca preocupación. Por lo mismo, no es difícil advertir que las oposiciones al proyecto aumentarán, en la medida que avance en ambas Cámaras, pero se concentrarán fuera de los márgenes del Congreso.
Aunque son varias las miradas que existen sobre la reforma, busqué conocer la opinión de la directora del Centro del Clima y la Resiliencia – CR2, Pilar Moraga, y contrastarla con la del ministerio.
¿Por qué? Porque resulta interesante el contrapunto, dado que el trabajo anterior de la ministra Maisa Rojas fue precisamente el de Moraga: dirigir el prestigioso centro. Para este ejercicio tomé dos aspectos que parecieran estar en el centro del debate: la injerencia política y las atribuciones –fortalecidas o debilitadas– del MMA.
Pilar Moraga, investigadora en Gobernanza y Ciencia Política y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, sostiene que el proyecto, lejos de reducir la discrecionalidad política, la aumenta. Critica, por ejemplo, que la designación de la máxima autoridad del Consejo de Reclamación Ambiental –que reemplazaría al Consejo de Ministros– sea una atribución del Gobierno de turno, y señala que esta discrecionalidad se extiende a la flexibilidad en los procesos de urgencia, permitiendo a la autoridad reducir los tiempos de tramitación a su discreción.
Además, cuestiona la introducción de declaraciones juradas para la modificación de proyectos sin revisión previa de la autoridad ambiental, considerándolas un debilitamiento de la protección en dicha área.
El MMA, por su parte, defiende que el Consejo de Reclamación Ambiental será un órgano colegiado, diseñado para revisar las Resoluciones de Calificación Ambiental de manera integral, basado en conocimientos técnicos y científicos. No considera problemático que el Presidente de la República designe a la máxima autoridad del consejo, dado que no se han propuesto otros procedimientos alternativos.
«Creemos que no es preciso argumentar que la propuesta aumenta la injerencia política, considerando que en la situación actual son los ministros, designados directamente por el Presidente, quienes toman esa decisión».
Otro punto de controversia es el rol del MMA en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Mientras el Gobierno sostiene que la reforma fortalecerá este proceso, al garantizar un sello de calidad mediante un informe final del Ministerio del Medio Ambiente, Moraga argumenta que el proyecto limita las atribuciones del MMA en la EAE, un instrumento clave de gestión ambiental. Subraya que la EAE no es obligatoria para las políticas ni planes, y que el informe final de evaluación no es vinculante para la tramitación de estos instrumentos.
«El proyecto limita las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente en la Evaluación Ambiental Estratégica, que es un instrumento de gestión ambiental clave y en que nuestro país está bastante debilitado, puesto que procede únicamente respecto de los instrumentos de gestión ambiental».
En conclusión, las visiones del ministerio y de la actual directora del CR2 son opuestas. Para el MMA, el proyecto fortalecerá la institucionalidad ambiental; para Pilar Moraga, no hay nada positivo que destacar, ya que considera que «es un pésimo proyecto para la protección ambiental del país».
Según la Organización Meteorológica Mundial, los glaciares monitoreados por investigadores perdieron, en promedio, más de 1,3 metros de espesor entre octubre de 2021 y octubre de 2022, una reducción significativamente mayor al promedio de la última década.
Ante esta situación, constituye una gran noticia y una esperanza para el futuro que un grupo de chilenos, a cargo del proyecto Nilus, haya ganado el Premio Acción por el Clima.
El proyecto Nilus, inspirado en los glaciares artificiales del Himalaya, lleva tres años sorteando obstáculos y también conectando apoyos para dar solución a la crisis hídrica mundial de agua, mediante la creación de embalses artificiales sólidos.
¿Cómo lo hacen? Nilus utiliza dispositivos instalados en canales precordilleranos para formar ice stupas, estructuras de agua congelada que sirven como reservas en áreas montañosas. Frente a la creciente amenaza del calentamiento global y la desaparición de glaciares, los fundadores del proyecto –un equipo de ingenieros liderado por Sebastián Goldschmidt– se centran en almacenar agua de manera sostenible y proteger los ecosistemas afectados. Para ello, el equipo ha establecido un laboratorio en alta montaña, donde crean prototipos de estas estructuras para optimizar la creación de grandes reservas de hielo.
El primer piloto del proyecto Nilus se realizó en 2021 en el Parque Arenas, ubicado en San José de Maipo, Región Metropolitana, Chile, donde se construyó el primer ice stupa del país, con capacidad para almacenar más de 500 m³ de hielo. Esta tecnología no solo es efectiva en el almacenamiento de agua, sino que también contribuye a la restauración de ecosistemas precordilleranos y ayuda a las comunidades locales a adaptarse al cambio climático.
Desde una perspectiva científica, los ice stupas pueden desempeñar un papel crucial en la mitigación de los efectos del cambio climático, proporcionando agua dulce en épocas de sequía y ayudando a mantener los niveles de acuíferos subterráneos.
La expansión del proyecto Nilus a otros países podría ser un paso importante hacia la creación de una red global de soluciones innovadoras para la gestión del agua.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chile reveló que el salar de Atacama se está hundiendo gradualmente, entre 1 y 2 centímetros por año.
El estudio, publicado en la prestigiosa revista IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, documenta cómo la subsidencia afecta no solo al Salar de Atacama, sino también a otras regiones del mundo.
Lo peligroso de tal constatación –según destacan los investigadores– es que la pérdida de agua subterránea, a través de los procesos de extracción de la salmuera, lleva a la compactación de los acuíferos, reduciendo su permeabilidad y porosidad, lo que a su vez provoca un hundimiento del terreno.
Francisco Delgado, investigador principal del estudio, advirtió que los cambios irreversibles en la permeabilidad del suelo pueden tener consecuencias graves a largo plazo.
Los investigadores detectaron que el bombeo de salmueras para la extracción del litio implica una pérdida significativa de agua, con más del 90% del recurso evaporándose en la atmósfera.
Es más, estudios anteriores demostraron que los niveles de agua subterránea en la zona han caído más de 10 metros en los últimos 15 años, lo que sugiere que la tasa de extracción supera con creces la velocidad de recarga del acuífero.
A la luz de los resultados, las conclusiones de los geólogos de la U. de Chile señalan que la pérdida de agua subterránea compromete la recarga natural de los acuíferos, lo que a largo plazo puede resultar en la desertificación de áreas previamente habitables y productivas.
En síntesis, el estudio liderado por la Universidad de Chile no solo ofrece una visión detallada de los cambios geológicos en esta área, sino que también subraya la necesidad de políticas de gestión del agua más sostenibles.
A medida que el mundo enfrenta los desafíos del cambio climático y la escasez de agua, la tecnología satelital y la investigación colaborativa resultan cruciales para adoptar medidas oportunas.
La Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía adjudicaron recientemente dos nuevos proyectos clave para fortalecer el ecosistema del hidrógeno verde en Chile, ubicados en las regiones de Antofagasta y del Biobío.
El primer proyecto, liderado por el Centro Mario Molina en Antofagasta, consiste en la creación de un HUB de hidrógeno verde para el transporte, con infraestructura avanzada para la producción, almacenamiento y dispensación del elemento. El segundo proyecto, «H2ERMES», se desarrollará en Talcahuano, Región del Biobío, y se enfocará en la producción y distribución de hidrógeno verde para operaciones logísticas y transporte pesado, utilizando energías 100% renovables.
Con un financiamiento parcial de la Aceleradora de Hidrógeno Verde, en el sector me comentan que estos proyectos buscan establecer las bases para un uso eficiente y sostenible de este elemento, posicionando a Chile como un líder en la economía del hidrógeno verde.
El desarrollo a gran escala –observan– depende de la modernización del transporte marítimo y de su capacidad de anticiparse a la inmensa demanda de buques que se necesitarán al momento de dar el gran salto.
En Juego Limpio quise conocer la visión del sector marítimo sobre la velocidad con la que están avanzando estas innovaciones en Chile y cómo estamos preparados a nivel país para asumir este desafío. ¿Qué acciones se deberían tomar para anticiparse a ese momento?
Para la que sí constituye una preocupación es para la Cámara Naviera Internacional (ICS), que recientemente lanzó un nuevo informe, titulado Turning hydrogen demand into reality: Which sectors come first?, que explora el potencial del hidrógeno limpio como una solución clave para la descarbonización.
En el informe, redactado por el Dr. Stefan Ulreich, profesor de Economía Energética en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach, Alemania, se sostiene que, para satisfacer la creciente demanda de hidrógeno, se necesitará de nuevas infraestructuras, incentivos económicos y un entorno regulatorio estable a largo plazo para fomentar la adopción del hidrógeno verde en diversos sectores.
Además, el estudio destaca la necesidad de desarrollar una cadena de suministro global robusta, lo que podría implicar la construcción de hasta 411 nuevos buques de hidrógeno, o hasta 500, si este se transporta como amoniaco.
Ulreich enfatizó en su estudio que la demanda de hidrógeno deberá multiplicarse por cinco respecto a los niveles actuales, para cumplir con los objetivos de cero emisiones netas para 2050. Esto significaría una demanda de aproximadamente 500 millones de toneladas de hidrógeno entre 2030 y 2050. Guy Platten, secretario general de ICS, añade que la industria será la principal consumidora de este elemento, pero que el transporte marítimo también desempeñará un papel crucial en la economía del hidrógeno, actuando como facilitador para su distribución global.
Como adelantamos en la edición anterior de Juego Limpio, en cada número iremos desarrollando diversas temáticas relacionadas con la crisis de la biodiversidad que enfrentamos y que servirán como contexto clave para comprender la importancia de la COP16, que se llevará a cabo en menos de dos meses en Cali, Colombia.
Para este viaje tendré la asesoría permanente del Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad (IEB). Para partir, comenzaré con una entrevista a Aníbal Pauchard, director del IEB y académico de la Universidad de Concepción.
-¿Cuál es la importancia de COP16?
–En la última década hemos recibido noticias muy preocupantes del estado de la biodiversidad a nivel mundial. Se estima que de los 8 millones de especies que habitan el planeta, más de 1 millón se encuentran en peligro de extinción, y que los impulsores humanos de este deterioro de la biodiversidad, como el cambio climático, la destrucción de hábitat y las especies invasoras, van a seguir en aumento (IPBES 2019).
En este complejo escenario, la COP16 de Cali, Colombia, es la primera vez en que los países se van a reunir después de la aprobación del nuevo Marco Global para la Biodiversidad en Montreal, del año 2022. El Marco de Kunming-Montreal establece cuatro objetivos generales y 23 nuevas metas de la Convención de la Diversidad Biológica para el periodo 2030-2050, y buscan establecer medidas efectivas de conservación de la biodiversidad para frenar la actual crisis planetaria, que está llevando a la extinción de especies y a la destrucción de ecosistemas.
-¿Cuáles son los principales objetivos?
-Son cuatro objetivos generales que deben alcanzarse para 2050. Se centran en la resiliencia e integridad de los ecosistemas, el uso sostenible de la biodiversidad, el reparto equitativo de los beneficios, y los mecanismos de financiación e implementación efectivos, con una meta de US$ 700.000 millones al año para los esfuerzos de conservación.
Las metas 2030 de Kunming-Montreal son más específicas y se centran en: 1) reducir las amenazas a la biodiversidad; 2) cubrir de manera equitativa las necesidades de las personas; y 3) mejorar la implementación de las medidas de conservación. Solo como ejemplo, la meta que se ha hecho más conocida es la meta 3, que busca alcanzar una protección efectiva del territorio en áreas protegidas de 30% al 2030, por lo que coloquialmente se le denomina meta 30×30. También la meta 2, que busca la restauración ecológica del 30% del territorio, es una meta que se espera tenga un impacto importante en acciones de conservación. Otro ejemplo concreto de meta es la 6, que busca la reducción de las especies invasoras, con una meta ambiciosa del 50% para el 2030.
-¿Qué se espera de esta cumbre de la biodiversidad? ¿Por dónde pasarán las tensiones?
-Durante esta COP16, se espera que los países signatarios de la Convención de la Diversidad Biológica, entre los que se encuentra Chile, discutan los avances y mecanismos para el logro de este nuevo marco global 2030-2050. Por esto es muy relevante conocer cómo los países han avanzado en la implementación de estas metas. En particular, se espera que los países muestren el avance de sus Planes Nacionales de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés) y se discutan los mecanismos de financiamiento de las acciones para la conservación de la biodiversidad.
Hay, además, varios ejes transversales que tienen que ver con cómo los países van a orientar las discusiones. La siempre presente tensión Norte-Sur global, respecto al financiamiento y los mecanismos de ayuda desde los países ricos a aquellos en desarrollo, seguramente va a tomar la agenda. En este sentido, se espera que haya discusiones profundas respecto al rol de las comunidades locales e indígenas en este nuevo marco de la biodiversidad, tema que es de especial relevancia para Colombia y el resto de Latinoamérica. También, se espera que el rol de las empresas, asumiendo su responsabilidad respecto al cuidado de la biodiversidad, sea mucho más activo que en cumbres anteriores.
1. Alianza entre Desala y Colbún para enfrentar la crisis hídrica en Petorca
Colbún y Desala han formado una alianza estratégica para impulsar el proyecto Desala Petorca, destinado a combatir la escasez de agua en la provincia de Petorca. Este proyecto, ubicado en Papudo, busca producir agua desalinizada del mar para diversos usos, como consumo humano, agricultura, minería e infraestructuras sanitarias. Con un enfoque multipropósito, el proyecto asegura beneficios para todos los usuarios y promete seguridad hídrica en la región, especialmente en el sector agrícola, apoyando a pequeños agricultores y pymes, además de promover la minería sustentable.
La participación de Colbún como socio estratégico fortalece el desarrollo del proyecto, aportando su experiencia en infraestructura hídrica y grandes proyectos de ingeniería, con el objetivo de posicionarse como un operador clave en la industria de la desalación. Icafal también se ha sumado al proyecto como socio minoritario, contribuyendo al avance de esta iniciativa, que no solo busca soluciones hídricas a largo plazo, sino también mejorar la relación con comunidades locales y fomentar un enfoque sostenible en la minería.
2. Innovador dispositivo produce agua en el desierto usando energía solar
En medio de la creciente crisis hídrica global, un equipo de investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá ha desarrollado un innovador dispositivo solar capaz de generar agua potable a partir de la humedad del aire. Este avance utiliza una estructura de microcanales verticales con una solución salina que facilita la interacción con las moléculas de agua en el aire.
El proceso se desarrolla en cuatro etapas: captura de humedad, generación de vapor mediante energía solar, condensación del vapor en agua líquida, y recolección del agua potable, ofreciendo una solución autónoma y eficaz para regiones afectadas por la escasez de agua.
Las pruebas realizadas en Arabia Saudita han demostrado que el dispositivo puede producir entre dos y tres litros de agua por metro cuadrado al día, sin necesidad de intervención humana. Esta capacidad lo convierte en una herramienta prometedora para mitigar la crisis hídrica en zonas áridas y con acceso limitado al agua potable, beneficiando no solo a la población local, sino también a la agricultura y ganadería en áreas severamente afectadas por la sequía.
3. La mayor planta fotovoltaica sin paneles: energía del mar y agua
La planta fotovoltaica más grande del mundo desafía las expectativas, al no contar con paneles solares convencionales. En lugar de ubicarse en tierra firme, esta innovadora instalación utiliza una superficie flotante sobre el agua, aprovechando la energía del mar para generar electricidad. Este enfoque alternativo permite superar las limitaciones de espacio terrestre, ofreciendo una solución eficiente y sostenible en regiones donde la expansión en tierra es limitada. Esta planta, que supera en tamaño la extensión de Andorra, promete revolucionar la generación de energía limpia a gran escala.
La innovación de plantas fotovoltaicas flotantes ha sido liderada por países como Japón y China. Mientras la empresa japonesa Kyocera ha destacado por su capacidad de suministrar energía limpia a miles de hogares, China ha llevado la delantera con la construcción de la mayor planta flotante del planeta. Esta instalación no solo contribuye a la reducción de emisiones de carbono, sino que también utiliza billones de litros de agua, demostrando un avance significativo en el campo de la energía renovable.
Caso 1: Procedimiento sancionatorio contra proyecto «Extracción de Áridos Pozo Ñancupán»
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra el proyecto “Extracción de Áridos Pozo Ñancupán”, ubicado en Villarrica, Región de La Araucanía. La sanción se debe a la falta de un permiso ambiental para su operación, lo cual constituye un cargo grave según la normativa vigente.
Este proceso tiene como origen tres denuncias ciudadanas que acusaron la extracción de áridos sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ni la patente municipal correspondiente. Según los denunciantes, estas actividades habrían provocado la sobreexplotación de napas subterráneas, derrumbes de árboles, desprendimientos de tierra, ruidos molestos, y la caída de postes eléctricos y cercos.
La SMA constató que la titular del proyecto habría extraído más de 100.000 m³ de áridos desde 2009 sin la autorización ambiental requerida, lo que constituye una infracción grave. Por esta falta, la responsable enfrenta una multa que podría alcanzar hasta las 5 mil unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $3.954 millones a valor actual.
Caso 2: Cargos graves contra Codelco por irregularidades ambientales
La SMA formuló dos cargos graves contra Codelco, específicamente contra los proyectos “Mansa Mina”, “Modificación Mina Ministro Hales” y “Optimización de procesamiento División Ministro Hales”, todos ellos asociados a la unidad fiscalizable «Ministro Hales» en Calama. Las sanciones se originan tras la constatación de que la minera no implementó medidas ambientales relacionadas con el tranque Talabre.
Una denuncia ciudadana presentada en 2023 informó de infiltraciones en el tranque desde 2019, lo cual habría contaminado el acuífero del río Loa y afectado el acuífero protegido de Yalquincha. La SMA realizó actividades de fiscalización en 2017 y nuevamente en 2023, junto a la DGA y Sernageomin, verificando la situación denunciada.
Los cargos imputados a Codelco se fundamentan en dos infracciones: la primera, por no ejecutar un plan de contingencias para mitigar la alteración progresiva de los recursos hídricos subterráneos y, la segunda, por depositar relaves sin alcanzar el porcentaje de sólidos exigido entre 2017 y 2024. De ser encontrada culpable, Codelco enfrenta una multa de hasta diez mil UTA, equivalentes a más de $7.908 millones a valor actual.
Caso 3: Seis cargos graves contra Inversiones Nutram por planta de procesamiento de cobre en Atacama
Seis cargos graves contra Inversiones Nutram SpA, responsable del proyecto «Planta de Sulfuros Cobre Norte» en Vallenar, formuló la SMA. Estos cargos se deben a múltiples incumplimientos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), como el procesamiento excesivo de mineral, la operación deficiente del tranque de relaves y la falta de medidas de monitoreo de aguas subterráneas, entre otras irregularidades.
La planta de procesamiento de cobre, que utiliza técnicas de flotación para concentrar sulfuros, fue encontrada en falta por exceder el límite autorizado de procesamiento de mineral y por no implementar adecuadamente las medidas de seguridad y control ambiental establecidas en su RCA. Además, se constató una modificación del proyecto sin la debida autorización ambiental y deficiencias en el manejo de emisiones atmosféricas.
Como consecuencia de estas infracciones, Inversiones Nutram SpA podría enfrentar una multa de hasta treinta mil unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $23.724 millones. La empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y 15 días para formular sus descargos tras la notificación de los cargos.
Hemos llegado al final de esta edición y solo me queda reiterarles que deseo que el viaje haya sido placentero y estimulante. Los espero el próximo martes en un nuevo Juego Limpio. ¡Nos vemos!
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