¡Hola! Aunque son varios los rostros políticos que vienen a mi mente cuando pienso en corrupción pública, creo –sin temor a equivocarme– que ninguna norma legal, surgida bajo la sombra de la corrupción, está tan estrechamente ligada a un nombre como la Ley Longueira.
Si bien recuerdo igualmente el rostro del exsenador UDI Jaime Orpis –condenado a prisión por cohecho– y el de Marta Isasi, así como en menor medida el del exgerente de Corpesca, Francisco Mujica –sentenciado a pena remitida por soborno–, la imagen de Pablo Longueira, exministro de Economía durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, no tiene rival cuando se habla de la Ley de Pesca. Esta norma otorgó a la pesca industrial un dominio casi total sobre los recursos pesqueros del país, en medio de la creciente amenaza de pérdida de biodiversidad.
Este lunes, la Ley Longueira sufrió su primera derrota parcial cuando la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por amplia mayoría, el proyecto de fraccionamiento de las cuotas de pesca, parte de la nueva legislación impulsada por el Ejecutivo.
Muchos atribuyen este resultado a la voluntad de los parlamentarios de distanciarse, en la medida de lo posible, de lo que llaman «el efecto radiactivo de la Ley Longueira».
Además de analizar los detalles de dicha votación, en esta edición de Juego Limpio abordaré los obstáculos que enfrentan Chile y América Latina para desarrollar un mercado competitivo de carbono, a un mes de que se lleve a cabo en Santiago el Chilean Carbon Forum. En esta evaluación, resulta fundamental el diagnóstico de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Dedicaré también un espacio al mapa de Climate Central, que alerta sobre las zonas costeras chilenas que quedarían sumergidas a raíz del aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global. Asimismo, revisaremos la última encuesta realizada a los residentes de los países del G20 sobre la penalización de los crímenes contra la naturaleza, conocidos como ecocidios.
Gracias a nuestra alianza con el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), te presentaré una entrevista con Milen Duarte, quien, en el marco de la Cumbre de la Biodiversidad en Cali, aboga por la inclusión de los pueblos originarios en la Zona Azul de la COP16.
Para cerrar, te mostraré una impactante fotografía del supertifón Yagi, que devastó un parque eólico en la costa de China.
Okey, ¡abróchense los cinturones para arrancar con Juego Limpio!
El antecedente más claro del resultado de la votación de este lunes en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara fue el aislamiento del diputado UDI Sergio Bobadilla. Hace algunos meses, el parlamentario concentró la atención pública tras revelarse que había copiado literalmente parte de un informe de Sonapesca –gremio que reúne a la pesca industrial–, ingresándolo como argumento propio dentro de las indicaciones a la nueva Ley de Pesca. Ahora, escenificó –también en términos literales– el voto absoluto de la minoría.
¿Qué pasó? Fuentes cercanas a la tramitación de la ley aseguran a Juego Limpio que la industria quedó descolocada, y que la velocidad con que el Gobierno reaccionó separando el artículo sobre las cuotas de pesca del resto de la ley –a la cual además aplicaron suma urgencia– habría dejado a la pesca industrial sin su principal estrategia: la dilación de la ley.
Vamos por partes. Tal como señaló hace algunos días el ministro de Economía, Nicolás Grau, desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura me confirmaron oficialmente que la decisión de separar el artículo se debió a «la injustificada demora que ha tenido el proyecto de la Nueva Ley de Pesca», que en 9 meses de tramitación forzó más de 190 votaciones en 38 artículos. «Hay inequidades urgentes que corregir, y aquellos territorios más postergados, que corresponden a la pesca artesanal, no pueden seguir esperando», dijeron.
Aunque se trata de uno de los primeros trámites legislativos de este proyecto, el éxito alcanzado este lunes representa –a juicio de la pesca artesanal– una corrección que empareja la cancha. Además, en términos simbólicos, implica la primera derrota de la Ley Longueira, que –como se sabe– se gestó con la corrupción como pecado original.
En la ley vigente, las cuotas de captura favorecen fuertemente a la pesca industrial, en especial en el Norte Grande. En esta zona, Corpesca –la controvertida firma del grupo Angelini– ha sido la más favorecida durante la aprobación de la norma. Cabe recordar que el exgerente general de esta compañía, filial del holding Empresas Copec, Francisco Mujica, fue condenado por soborno y delito tributario en 2018; además, en 2021, se condenó al exsenador Jaime Orpis (ex-UDI) por cohecho y fraude al fisco.
Actualmente, en la fracción industrial del Norte Grande, Corpesca tiene derecho a capturar el 67,3% de la anchoveta, el 78,5% de la sardina española y el 69,8% del jurel. Es decir, matemáticamente, cerca de la mitad de todo lo que se pesca en el extremo norte lo acapara esta compañía.
¿Cómo fue que en la comisión se logró revertir esta situación? Al conversar con diferentes actores, muchos coinciden en que el apoyo de las federaciones de la pesca artesanal fue crucial en el diálogo con los parlamentarios, quienes terminaron respaldando la iniciativa del Gobierno para corregir significativamente la situación del sector artesanal en el Norte Grande. La segunda razón que se menciona es que los parlamentarios, fundamentalmente de derecha, han querido distanciarse de la «influencia radiactiva de la Ley Longueira».
Aunque el lobby de la pesca industrial sigue siendo muy fuerte, se asegura que la estrategia ha estado más centrada en movilizar a los trabajadores de la industria en las calles. Sin embargo, el apoyo de esta fuerza laboral tampoco –me indican– ha sido tan cerrado a favor de la industria, dejando al descubierto algunas diferencias de opinión.
El apoyo que sí se ha consolidado, desde el otro lado, proviene de la comunidad científica, especialmente del Colegio de Biólogos Marinos, que han destacado el carácter sustentable de la nueva distribución, así como la incorporación del sentido de urgencia ante la emergencia climática y la crisis ecológica por la acelerada pérdida de biodiversidad.
Fuentes de la Subsecretaría de Pesca señalaron que la gran diferencia entre la norma que se busca establecer en Chile y la Ley Longueira es «el concepto científico de sustentabilidad, la transparencia en el sector pesquero y la equidad en la distribución«.
En octubre de 2023, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) presentó el Sistema de Compensación de Emisiones (SCE) del Impuesto Verde, una iniciativa orientada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este sistema establece límites para las empresas más contaminantes y les ofrece la posibilidad de adquirir créditos de carbono para cumplir con sus obligaciones, lo que a su vez les permite reducir el monto que deben pagar por el impuesto verde.
Estos proyectos están registrados bajo estándares internacionales reconocidos por el MMA, tales como Verified Carbon Standard, Gold Standard y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Actualmente se encuentra abierta la opción de homologación por parte del ministerio; por lo tanto, el llamado desde esta cartera es a que los proyectos de reducción de emisiones inicien dicho proceso a la brevedad.
Para ampliar el alcance del Sistema de Compensación de Emisiones, y acelerar el desarrollo de proyectos sostenibles, desde el MMA me informan que han implementado una estrategia de fomento de mercado, entre cuyos pilares se encuentran la difusión y la vinculación. En esa línea, se han realizado webinars y talleres presenciales con el sector privado y la academia en Antofagasta, Santiago, Talca, Temuco y Valparaíso.
Uno de los procesos clave en la estrategia tendrá lugar el 10 de octubre, en el marco del Carbon Forum, oportunidad en que se realizará una rueda de negocios donde participarán sujetos gravados y titulares de proyectos, con el objetivo de concretar la venta y compra de créditos de carbono con miras a la compensación de emisiones.
A pesar de la existencia de una Bolsa del Clima en Chile desde hace varios años, el país, al igual que el resto de Latinoamérica, tiene una presencia limitada en el mercado de carbono.
Antes de profundizar en este tema, es importante aclarar algunos conceptos:
La realidad regional: el diagnóstico de CAF
Para conocer el estado de los créditos de carbono en la región, me puse en contacto con Gladis Genua, directora de Análisis y Gestión Operativa de la Gerencia de Infraestructura del Banco de Desarrollo CAF, y con Federico Vignati, del mismo departamento. Los ejecutivos explican que, a diferencia de los países desarrollados, en Latinoamérica el mercado de carbono no está regulado, sino que es voluntario. Esta diferencia, que presenta una gran oportunidad para la región, también supone su principal obstáculo: la falta de regulación y de reglas claras.
¿Por qué América Latina no tiene una participación relevante en los mercados de carbono? Gladis Genua señala que una de las razones está en los altos costos de transacción en el proceso de emitir créditos de carbono. «Las normativas internacionales son costosas y lentas, y muchos desarrolladores de proyectos, a menudo comunidades, no saben cómo enfrentar este proceso», afirma.
«Hemos formado la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe para el Mercado de Carbono (ILAC) y hemos establecido alianzas con 13 bancos de la región. En Chile, trabajamos con Banco Estado, que mostró gran interés en mejorar su desempeño en el mercado voluntario de carbono», explica Genua.
Desafíos en América Latina
Tanto Genua como Vignati coinciden en que lo que falta en América Latina es una institucionalidad que permita dar seguimiento a los proyectos de carbono. Vignati explica que los proyectos actuales en la región suelen estar basados en soluciones naturales. «El mercado no responde a ninguna regulación», añade Genua. «Ningún inversionista comprará un crédito de carbono que no esté acreditado por estándares internacionales, pero no existe un órgano regulador que garantice si ese crédito se mantuvo en el tiempo», detalla.
La ausencia de regulación genera disparidades dentro del mercado de carbono en la región, lo que hace que los créditos de carbono en América Latina sean menos sólidos comparados con los emitidos en la Unión Europea o Estados Unidos.
Otra debilidad –según el análisis de CAF– es la falta de referencias claras sobre el comportamiento y los precios del mercado. «No existe un ‘Bloomberg‘ que siga cómo se cotizan las acciones en los distintos mercados, y lo mismo sucede en el mercado voluntario de carbono», puntualiza Genua.
Oportunidades para Chile
A pesar de los desafíos, los ejecutivos de CAF destacan las oportunidades que ofrece la región, y Chile en particular, en soluciones basadas en la naturaleza.
«Dentro del ámbito de la industria forestal, hay una oportunidad significativa para generar créditos de carbono, especialmente en la restauración de áreas degradadas», comenta Vignati.
En esa misma línea, las actividades agrícolas regenerativas y el carbono azul, como la captura de carbono a través de bioalgas, ofrecen ventajas comparativas importantes para la región.
Carbon Forum
Desde el 8 y hasta el 10 de octubre de 2024 se llevará a cabo en Santiago el Primer Foro de Carbono Chileno, evento que marcará un hito significativo en el panorama ambiental del país, congregando a expertos, líderes empresariales y representantes gubernamentales para abordar de manera integral los desafíos y oportunidades que presenta el estado actual de los mercados de carbono en Chile.
Según los organizadores, este foro proporcionará una plataforma única para explorar la evolución de las regulaciones, los avances tecnológicos, así como los desafíos y oportunidades específicos que enfrentan las empresas, organismos gubernamentales y la sociedad civil en la gestión y comercialización de las emisiones de carbono.
El foro tendrá a Conaf como patrocinante del evento, lo que representa una alianza estratégica que consolida el compromiso de las instituciones con la lucha contra el cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible en Chile.
Contanza Troppa, gerenta de Conservación de Ecosistemas en Conaf, ha señalado la importancia de este foro para avanzar hacia una economía baja en carbono en Chile, porque “los bosques chilenos son un activo fundamental en la lucha contra el cambio climático.
El cambio climático, y el calentamiento global en particular, siguen mostrando sus efectos y Chile no está exento de sus consecuencias. Un mapa revelado recientemente por Climate Central destaca que diversas zonas habitadas del país quedarán por debajo de la altura del mar, debido al aumento progresivo del nivel oceánico. El escenario más preocupante afecta a las ciudades costeras, que, en caso de no implementar medidas inmediatas, podrían ver sumergidas importantes extensiones de territorio. Las regiones más afectadas incluyen Valparaíso, Concepción y parte de la Región de Atacama, entre otras.
Este fenómeno, que se ha acelerado a raíz del derretimiento de los glaciares y el calentamiento global, no solo amenaza con destruir infraestructuras, sino que pone en riesgo la vida de quienes residen en estas zonas.
A nivel global, el problema no es exclusivo de Chile. Un informe reciente de la organización Global Center on Adaptation subraya que las ciudades costeras de todo el mundo están lejos de hallarse preparadas para los desafíos climáticos que se avecinan. A pesar de los numerosos acuerdos internacionales, las acciones implementadas son insuficientes para mitigar los efectos del aumento del nivel del mar. En ciudades como Nueva York o Venecia, ya se han tomado algunas medidas, pero la magnitud del problema requiere respuestas más rápidas y decisivas.
La pregunta que muchos se hacen es si las ciudades costeras realmente están preparadas para el futuro climático que se avecina. En el caso de Chile, la respuesta parece ser negativa. Si bien se han presentado propuestas para la construcción de diques y barreras, estas medidas aún no se han materializado en la mayoría de los casos. Además, la falta de concientización y educación sobre la gravedad del problema –según el informe del Global Center on Adaptation– hace que la población no esté suficientemente preparada para lo que vendrá.
En conclusión, el avance imparable del cambio climático y el aumento del nivel del mar exigen que las ciudades costeras, tanto en Chile como en el resto del mundo, tomen medidas urgentes y coordinadas. Las proyecciones son claras: sin una intervención inmediata, muchas zonas que hoy son habitables podrían desaparecer bajo el agua en las próximas décadas.
Un nuevo estudio global ha revelado que el 72% de los ciudadanos en los países del G20 está a favor de que se penalicen las acciones que causen graves daños a la naturaleza y al clima, una medida que ya ha comenzado a tomar fuerza en algunas naciones.
El apoyo a la criminalización del daño ambiental ha tomado forma tras cambios legislativos en países como Bélgica, que este año reconoció el ecocidio como delito federal. Chile y Francia también han aprobado leyes similares, mientras que otras naciones como Brasil, Italia y México han comenzado a discutir proyectos de ley para incorporar este tipo de legislación. Estos avances se producen en un contexto de creciente preocupación por la acelerada degradación de los ecosistemas y la falta de acciones decisivas por parte de los gobiernos y grandes corporaciones.
En colaboración con la asociación Periodistas por el Planeta, desde esta organización me hicieron llegar las opiniones de Owen Gaffney, codirector de Earth4All, y de Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocide International.
Gaffney subrayó la importancia de estos resultados: «Nos sorprendió el apoyo mayoritario a la criminalización de acciones que permiten causar graves daños al clima. La mayoría de la gente quiere proteger los bienes comunes globales y cree que el mundo necesita tomar medidas de inmediato». Gaffney enfatizó que el estudio muestra claramente cómo las personas en las mayores economías del mundo son conscientes de la urgencia de salvaguardar el planeta para las generaciones futuras.
Mehta, por su parte, destacó los avances legislativos en Europa y el potencial disuasorio de estas nuevas leyes: «Sabemos que este avance a nivel de políticas ha sido impulsado en gran medida por una demanda generalizada de la sociedad civil. Las formas más graves de destrucción ambiental nos perjudican a todos, y existe un verdadero potencial disuasorio en la creación de responsabilidad penal personal para los responsables». Mehta enfatizó que la prevención de daños ambientales debe ser una prioridad para garantizar un futuro sostenible.
Chile pionero en penalizar el ecocidio
El ecocidio, proveniente del griego oiκos, que significa hogar, y del latín cidĭum, que significa matar, hace referencia a la “acción de matar nuestro hogar o el medio ambiente”, concepto que –como hemos visto– ha tomado fuerza en el mundo del derecho y de la protección a la naturaleza.
En Chile, la nueva Ley 21.595 de Delitos Económicos creó el título “Atentados contra el medio ambiente” en el Código Penal, adaptando de esta forma la definición internacional del crimen de ecocidio a la legislación nacional, siendo Chile el primer país del mundo en lograrlo. Estos artículos abarcan todos los elementos que componen dicha definición, incluyendo su carácter arbitrario, la gravedad de las afectaciones, su alcance extenso, su duración y su impacto en el medio ambiente.
La COP16, que se llevará a cabo en Cali, Colombia, desde el 21 de octubre al 1 de noviembre, convoca como en todas sus ediciones, a los países firmantes de la Convención de la Diversidad Biológica, que se originó en Río de Janeiro en 1992.
Su principal propósito es conservar la diversidad biológica, garantizar su uso sostenible y asegurar la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. En la versión anterior, la COP15, se adoptó un nuevo Marco Global para la Biodiversidad, cuyo objetivo en la meta 2 es restaurar el 30% del territorio de los países firmantes para el año 2030.
En esta edición de Juego Limpio, Milen Duarte, doctora en Ciencias, con mención en Ecología y Biología Evolutiva y académica de la U. Austral de Chile, repara en la importancia de que las crisis que afectan al planeta se aborden de manera unificada. Y, además, aboga a favor de que los pueblos originarios tengan acceso a la Zona Azul de la COP16, que es el espacio formal de conferencias y negociaciones gestionado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
-¿Qué opinas sobre la necesidad de unificar las crisis climática y de biodiversidad en las discusiones de la COP?
-Es fundamental que estas dos crisis, que hoy se discuten en líneas separadas dentro de la COP, se aborden de manera conjunta. Estamos enfrentando una crisis ambiental global, y es crucial integrar ambas dimensiones. Además, es necesario incluir de forma vinculante la visión de las comunidades humanas, en especial de los pueblos originarios, para lograr una restauración efectiva. La combinación del conocimiento científico con el saber local y ancestral puede generar procesos sinérgicos que apunten a la restauración integral de los ecosistemas.
-¿Qué papel juegan las comunidades locales y los pueblos originarios en la conservación y restauración de los ecosistemas?
-Las comunidades locales, especialmente las que habitan en territorios degradados, conocen mejor que nadie el funcionamiento de la naturaleza que los rodea. Sus conocimientos, que se han transmitido oralmente durante siglos, contienen soluciones basadas en la naturaleza que pueden ser clave para restaurar ecosistemas degradados y llevarlos hacia un equilibrio. Por ello, es urgente que los pueblos originarios sean incluidos en los acuerdos internacionales de restauración ecológica.
-¿Cómo ves la relación entre los países latinoamericanos y sus pueblos originarios en este contexto?
-Aunque históricamente ha habido barreras en el diálogo entre los países latinoamericanos y sus pueblos originarios, debemos ser responsables y pensar en el futuro del planeta. Es crucial abrir todas las puertas y caminos posibles para que los saberes ancestrales se incorporen en los planes y programas de restauración de los países. Desde la comunidad científica, también debemos facilitar estos diálogos y co-construir nuevos saberes que estén a la altura de los desafíos actuales.
-Finalmente, ¿qué mensaje enviarías a los gestores y delegados políticos de Chile en la COP16?
-Mi invitación es a que abran las puertas de la Zona Azul de la COP16 a los pueblos originarios. Ellos pueden ser la clave para cimentar un camino hacia la conservación y restauración de nuestros ecosistemas. Incluir sus conocimientos y prácticas ancestrales es fundamental para cumplir con las metas de restauración y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones.
ENAP y HIF Global firman acuerdo para impulsar proyectos de hidrógeno verde en Chile
Durante el evento ChileDay, llevado a cabo en París, Julio Friedmann, gerente general de ENAP, y César Norton, presidente de HIF Global, firmaron un preacuerdo comercial que actualiza los compromisos previos entre ambas compañías. Este acuerdo marca un paso clave para que ENAP se sume como accionista a los proyectos de producción de e-Combustibles de HIF en la Región de Magallanes, contándose entre los más avanzados del país en el ámbito del hidrógeno verde. Además, contempla el desarrollo de infraestructura necesaria para la exportación de productos finales y la modernización de los muelles de Cabo Negro.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la importancia de este acuerdo en el contexto global de reducción de emisiones y la creciente demanda de energías limpias. «Con la firma de este memorándum de entendimiento, ya no estamos hablando de hidrógeno verde como una posibilidad futura, sino que estamos entrando en la fase práctica, discutiendo los requerimientos logísticos para la instalación de plantas de producción y exportación», señaló Marcel.
Supertifón Yagi devasta parque eólico en la costa de China
El supertifón Yagi dejó una estela de destrucción a su paso por la costa de China, afectando gravemente las infraestructuras energéticas, especialmente los parques eólicos.
Sin embargo, no todo ha sido destrucción. La energía eólica marina ha demostrado ser más resiliente frente al embate de Yagi. La plataforma OceanX, instalada en alta mar por el fabricante Mingyang, resistió las violentas ráfagas, aunque no sin dificultades. La compañía ha celebrado que, a pesar de la furia del tifón, su estructura se mantuvo en pie, lo que refleja la fortaleza de la tecnología offshore ante eventos climáticos extremos.
Otras infraestructuras de parques eólicos marinos en China también lograron mantenerse intactas frente a la furia del viento. Este suceso subraya la necesidad de desarrollar tecnologías más resistentes ante el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, como el supertifón Yagi, que desafían la capacidad de los sistemas energéticos actuales.
Caso 1: Medidas urgentes a SQM Salar por afectación de fauna silvestre
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) emitió medidas urgentes y transitorias contra SQM Salar, en su planta de carbonato de litio ubicada en el salar del Carmen, comuna de Antofagasta, debido a la afectación de fauna silvestre en la zona. La empresa incumplió las obligaciones establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), específicamente en relación con el cierre perimetral de las piscinas y la instalación de disuasores de sonido para evitar la presencia de aves en los espejos de agua.
La decisión fue tomada luego de fiscalizaciones realizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que constató la falta de cumplimiento en las medidas requeridas. Los cercos de las piscinas industriales no estaban instalados correctamente, presentando sectores con aperturas. Además, se detectaron deficiencias en la efectividad de los sistemas de sonido diseñados para ahuyentar a las aves, lo que pone en riesgo la fauna silvestre local.
Ante esta situación, la SMA ordenó a SQM Salar implementar de manera inmediata varias acciones correctivas. Entre estas medidas se encuentran: realizar el cierre completo de las piscinas del proyecto, prohibir la presencia de animales domésticos en el área y disponer de contenedores herméticos en todos los sectores de residuos. Estas acciones buscan mitigar el impacto negativo sobre la fauna del lugar.
Caso 2: Formulación de cargos contra plantel porcino en Rengo por incumplimientos ambientales
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó cargos contra los titulares del plantel porcino San José de Apalta, ubicado en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins, por incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Estas infracciones están relacionadas con el manejo inadecuado de purines y se vinculan a dos denuncias ciudadanas recibidas en 2023.
Previo a estas denuncias, la SMA realizó inspecciones en terreno, acompañada por funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Seremi de Salud de O’Higgins. Durante estas fiscalizaciones se detectaron tres infracciones por parte del plantel.
La primera infracción, clasificada como grave, se refiere a la operación deficiente del sistema de tratamiento de purines. La segunda, considerada gravísima, está relacionada con el incumplimiento del Programa de Monitoreo establecido en la RCA del proyecto. Finalmente, la tercera infracción, también grave, señala deficiencias en los mecanismos de control de olor implementados en el lugar.
El plantel porcino San José de Apalta enfrenta un proceso sancionatorio por estos incumplimientos, que podrían resultar en multas o medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales.
Caso 3: Se triplican fiscalizaciones en la RM durante el GEC 2024
El 30 de agosto concluyó el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) en la Región Metropolitana, el cual fue destacado como el tercer año con mejor calidad del aire desde la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA). Durante este periodo, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) triplicó el número total de fiscalizaciones en comparación con años anteriores.
En el marco del PPDA, la SMA tiene la responsabilidad de ordenar la paralización de fuentes estacionarias de grandes establecimientos industriales cuando sus emisiones superan los límites permitidos. Además, intensifica la fiscalización para verificar el cumplimiento de las metas de reducción de material particulado y controla la comercialización de leña, una de las principales fuentes de contaminación en la región.
El esfuerzo de fiscalización contribuyó a la mejora en la calidad del aire durante el GEC 2024, consolidando este año como uno de los mejores desde la puesta en marcha del PPDA. La Región Metropolitana continúa bajo vigilancia para mantener los avances en la reducción de la contaminación atmosférica.
Bien, como la ley de la vida, todo lo que tiene principio tiene también su término y, así, hemos llegado entonces al final de esta nueva entrega de Juego Limpio. Les aviso que la próxima semana tendremos una edición resumida, debido a las celebraciones de Fiestas Patrias. ¡Tiqui-tiqui-tiiii! ¡No se olviden de jugar limpio!
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