¡Hola! La mirada global se centra hoy en Colombia. En tres semanas se llevará a cabo, en la ciudad de Cali, la Cumbre de Biodiversidad COP16, pero pareciera que el asunto fuese solo de interés de científicos y de organizaciones ligadas a la conservación.
Hace ya cinco ediciones que Juego Limpio dedica espacio a la crisis de biodiversidad, un tema que, lejos de ser una obsesión, es una urgencia.
No es solo el cambio climático o la contaminación visible lo que afecta al planeta, sino la alarmante desaparición de especies que nos acerca a lo que los científicos definen como una sexta extinción masiva.
Aunque no es tarde para actuar, gran parte de la responsabilidad recae en Latinoamérica, que alberga el 40% de la biodiversidad mundial. Con 21,4% del territorio latinoamericano protegido, la región tiene una oportunidad única de liderar soluciones.
Por eso es que en esta edición de Juego Limpio profundizaré en los desafíos que representa la COP16. Para ello, estaré conversando con Rafael García, director del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción e investigador del IEB, sobre la invasión de especies exóticas.
Pasaré también por la paradoja de tener una buena superficie con alguna figura de protección, pese a que una parte muy pequeña involucra a comunidades locales en su gobernanza. Sin ir más lejos, en Chile, hace pocos días, se llevó a cabo un congreso indígena para exigir al Estado respeto por sus derechos en la implementación de la nueva Ley de Biodiversidad.
En tecnología veremos qué aportes y qué amenazas nos trae la inteligencia artificial (IA) para la gobernanza ambiental. Y también te contaré de los avances que traerá el Lemu Nge: el primer satélite chileno para monitorear bosques.
Además te dejaré la conversación que mantuve con Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, hoy presidente de Global Methane Hub, en el marco de la Semana del Clima de Nueva York.
Y como bonus track, en ¡Al hueso!, te mostraré cuáles son las empresas que lograron el Certificado Azul, sobre la gestión sustentable del agua.
Ya está hecha la invitación. Basta de rodeos.
¡Arranquemos a jugar limpio!
La inteligencia artificial (IA) está presente en toda nuestra vida. Y no recién, desde hace años, cuando llegaron las aplicaciones y el teléfono se volvió indispensable. Para todo. Y también desde hace rato está en nuestras instituciones.
Un reciente estudio liderado por Diego Rivera Lisboa, investigador y estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, junto con Martín Tironi de la Universidad Católica, analiza cómo la IA está transformando la gobernanza ambiental en nuestro país. La investigación se centra en cómo estas tecnologías están influyendo en las políticas ambientales y la sostenibilidad a través de una iniciativa clave desarrollada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
El concepto de gobernanza eco-algorítmica, que propone el estudio, refiere a la forma en que el uso de algoritmos y tecnología de IA reduce el medio ambiente a un conjunto de métricas asociadas al cumplimiento regulatorio. Esto plantea el desafío de no depender únicamente de datos automatizados, sino de contextualizarlos en su marco institucional.
Uno de los puntos clave de esta investigación fue el análisis de una iniciativa de la SMA, que ha comenzado a utilizar IA para el monitoreo ambiental. Este enfoque permite a la superintendencia operar con menos personal, cubriendo un territorio vasto con recursos limitados. Aquí los investigadores hacen una advertencia relevante: un excesivo automatismo que podría deshumanizar el sistema regulatorio, un aspecto que requiere atención en la legislación.
Los autores, Rivera y Tironi, destacan que, aunque la IA promete aumentar la eficiencia en la supervisión ambiental, existen grandes desafíos en su implementación. Uno de los principales –apuntan– es que la legislación internacional aún no define claramente cómo regular el uso de estas tecnologías en contextos gubernamentales. Esto plantea preguntas sobre el equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la toma de decisiones humanas.
El satélite Lemu Nge, lanzado en agosto de 2024 desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, se ha hecho famoso. Desde su lanzamiento se ha posicionado como una de las herramientas más avanzadas para la conservación de los ecosistemas en Chile y el hemisferio sur. Este nanosatélite, cuyo nombre en mapudungun significa «Ojo del Bosque», está equipado con una cámara hiperespectral que permite la recolección de datos con una resolución 20 veces mayor que la de los satélites convencionales, lo que lo convierte en un instrumento sin precedentes para el monitoreo ambiental.
Jaime Hernández, director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje de la Universidad de Chile, destaca que Lemu Nge puede medir con alta precisión el estado hídrico de las plantas, el vigor fotosintético y otros indicadores de la salud vegetal, abriendo nuevas posibilidades para la gestión forestal.
Uno de los aportes científicos del satélite es su capacidad para detectar cambios fenológicos en las especies vegetales, permitiendo un monitoreo continuo de las fases de crecimiento, floración y estrés hídrico de las plantas.
¿Y qué permitirá esto? El Ojo del Bosque será crucial para desarrollar modelos predictivos que puedan anticipar cómo estos ecosistemas reaccionarán a futuros eventos climáticos extremos. Esta capacidad –me cuentan– será esencial para la formulación de políticas ambientales adaptativas, que promuevan la resiliencia ecológica y la sostenibilidad en el manejo de recursos naturales.
Fuera de esto, es destacable que el impacto de Lemu Nge no se limite a la ciencia chilena. El satélite está posicionado para cerrar la brecha de datos sobre biodiversidad en el hemisferio sur, una región que, a pesar de albergar una gran parte de la biodiversidad global, ha estado históricamente subrepresentada en términos de estudios satelitales.
A largo plazo, se espera que Lemu Nge contribuya no solo al monitoreo de los ecosistemas chilenos, sino también a la creación de una red global de monitoreo de la biodiversidad, proporcionando datos críticos para enfrentar las crecientes amenazas del cambio climático. Algo así como el «ojo de Sudamérica».
Como anticipé en la introducción, Latinoamérica alberga el 40% de la biodiversidad del planeta y enfrenta enormes desafíos, como la pérdida de hábitats y la presión sobre sus ecosistemas críticos.
En el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 de 2022, se estableció un conjunto de metas ambiciosas para detener la pérdida de biodiversidad global. Entre las cruciales está la Meta 6, que busca reducir en un 50% la introducción de especies exóticas invasoras y mitigar sus impactos. Estas especies son consideradas una de las principales causas de la crisis de biodiversidad que afecta al planeta y su influencia se ha vuelto cada vez más alarmante en Chile, país donde diversas especies invasoras ya están causando estragos en los ecosistemas locales.
En este contexto tomé contacto con Rafael García, director del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción e investigador del IEB, quien subrayó que Chile enfrenta grandes desafíos para cumplir con la Meta 6 antes de 2030.
Una de estas especies –apunta García– es el castor, que inunda y destruye miles de hectáreas de bosques subantárticos; otra es el visón, que ataca tanto a especies nativas como a aves de granja; y también los pinos que invaden los bosques de araucarias. Todos estos son ejemplos de cómo la fauna y flora foráneas pueden alterar gravemente la biodiversidad local y la calidad de vida de las comunidades humanas. Ah, ¡y algunos salmones!
Pese a que el consenso científico reconoce el rol devastador de las especies exóticas invasoras en la pérdida de biodiversidad y las funciones ecológicas, el tema sigue siendo secundario tanto en la opinión pública como entre los tomadores de decisiones. Según García, esta falta de prioridad puede atribuirse al desconocimiento general o a la minimización de los impactos negativos de algunas especies exóticas, que son valoradas por sus usos agrícolas o económicos, pero que pueden volverse problemáticas cuando escapan de las áreas controladas.
Este es un aspecto crítico, advierte García, ya que muchas especies exóticas se establecen en áreas naturales públicas o privadas donde los daños no son percibidos como económicos, y sus impactos ecológicos caen fuera del ámbito de los servicios estatales. Para enfrentar este problema, es esencial una mejor coordinación y el financiamiento adecuado.
García destaca para Juego Limpio que, aunque el establecimiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) es un paso fundamental, su éxito dependerá de la voluntad política y la asignación de recursos suficientes para cumplir con su mandato. Es crucial que el SBAP no solo sea capaz de definir estrategias claras, sino también de movilizar a la academia, el sector privado, los servicios públicos y la ciudadanía, en una acción conjunta para enfrentar la creciente amenaza de las invasiones biológicas.
A pesar de los numerosos obstáculos, Rafael García confiesa que ve en la creación del SBAP una oportunidad real para abordar de manera efectiva el problema de las especies exóticas invasoras. No obstante, el tiempo corre en contra y, para cumplir con la Meta 6 antes del año 2030, será necesario que todos los actores involucrados trabajen en conjunto. Las invasiones biológicas no solo representan una amenaza para los ecosistemas locales, sino que también impactan en la calidad de vida de las generaciones futuras, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como el bienestar humano.
Actualmente, más del 21,4% del territorio latinoamericano está bajo alguna figura de protección, pero solo el 6,19% de estas áreas involucra a comunidades locales en su gobernanza. Este déficit plantea una paradoja, ya que los territorios gestionados por comunidades indígenas son esenciales para preservar la biodiversidad de la región.
Este llamado se realizó de manera casi paralela al Primer Congreso Internacional sobre Territorios Indígenas de Conservación: Cosmovisiones y Experiencias para el Resguardo de la Biodiversidad, que se llevó a cabo desde el 9 al 11 de septiembre, con más de 150 representantes de organizaciones de 12 pueblos originarios de Chile, quienes se reunieron en Curarrehue, Región de La Araucanía.
Según el informe del 20º Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas ocupan al menos el 22% de las tierras del mundo y en esas tierras se encuentra el 80% de la biodiversidad del planeta. En ese contexto, la nueva ley en Chile se alinea con el Marco Mundial de Biodiversidad, que reconoce explícitamente el papel de los pueblos originarios como guardianes de la biodiversidad.
Simón Crisóstomo Loncopan, co-coordinador de Füta Mawiza, explicó que el objetivo central del encuentro es la restauración de los ecosistemas. «No podemos permitir que estos espacios sigan dañándose por la sobreexplotación”, dijo. Loncopan también destacó la necesidad de que los pueblos indígenas asuman un rol central en la gobernanza de las áreas protegidas, ya que «históricamente han sido los custodios de estos territorios».
El Congreso finalizó con una declaración conjunta que exigió que el Estado chileno garantice un marco de respeto hacia los derechos indígenas en la implementación de la ley. Los pueblos indígenas piden ser actores clave en la toma de decisiones sobre conservación y gobernanza, a través de relaciones equitativas y respetuosas. Además, solicitan que se respeten acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para garantizar su participación efectiva en los proyectos de conservación.
En el marco de la Semana del Clima en Nueva York de hace unos días, se llevó a cabo un evento de alto perfil político, llamado “PS Events: Climate Week NYC 2024” , relacionado con el financiamiento climático y al liderazgo de Latinoamérica en materias de cambio climático y transición energética.
Dentro de los organizadores del evento estaba Global Methane Hub, de cuya organización es presidente el exministro del Medio Ambiente Marcelo Mena.
Para Juego Limpio, Mena accedió a responder algunas preguntas:
-¿Cómo evalúa el liderazgo de América Latina, y en particular de Chile, en la transición hacia energías limpias y sostenibles? ¿Qué pasos considera cruciales para consolidar este liderazgo?
-Históricamente, Latinoamérica tuvo muchas energías renovables. Países como Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Chile tuvieron una gran producción de energía renovable hidráulica. Con el tiempo, la mayor demanda energética causó que algunos países tuvieran que carbonizar su matriz, pero en esta última década Latinoamérica se ha transformado en una región líder en energías renovables a nivel global. Hoy, Chile, Uruguay y Brasil están en la vanguardia de esta transformación, con una matriz energética que es significativamente más limpia en promedio que el resto del mundo, y la nuestra es la región con la mayor participación en renovables del planeta entero.
-Marcelo, en diferentes foros usted ha destacado el papel del metano en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué medidas específicas deberían implementarse en América Latina para reducir las emisiones de metano en sectores clave como energía, agricultura y residuos?
-El cambio climático es causado por dos tipos de contaminantes: aquellos que son de vida corta y los de vida larga. Entre estos últimos se encuentran el CO2 y el NO2, que tienen un tiempo de permanencia en la atmósfera de más de cien años. Por otro lado, tenemos contaminantes de vida corta como el carbono negro –que se mantiene algunas semanas–, HFC –algunas décadas– y metano, que permanece en la atmósfera por entre 9 y 12 años, pero que es 80 veces más potente que el CO2 en el calentamiento del clima. Reduciendo estos contaminantes de vida corta podemos reducir más rápido el calentamiento climático.
Cerca de la mitad del calentamiento del planeta se debe a estos contaminantes de vida corta y la mayoría de este porcentaje es por el metano. Por lo tanto, es fundamental reducir sus emisiones. En Latinoamérica el 80% de las emisiones de metano proviene de la producción animal y la generación de residuos, por lo que es clave esta mirada de focalizar la acción en la producción ganadera, la basura orgánica y el cultivo de arroz.
-¿Qué importancia tiene la cooperación entre los países latinoamericanos en eventos como la COP16 y la COP30 para enfrentar la crisis climática y avanzar en la transición energética justa?
-Recientemente, la ministra Maisa Rojas anunció que, durante su presidencia del Foro de Ministros de Medio Ambiente de Latinoamérica y el Caribe, se acordó trabajar en la mitigación de metano del sector residuos. Creo que hay una oportunidad muy interesante en el contexto de las emisiones de metano asociadas a la producción de alimentos, y también a su pérdida. La COP CBD tiene una meta de reducir a la mitad la pérdida de alimentos a nivel global al año 2030, y eso tiene un correlato con reducir la cantidad de residuos orgánicos que llegan a rellenos sanitarios y que están causando emisiones de metano. Por lo tanto, el desafío de la región, en cuanto a tener una contribución mayor en la disminución de emisiones del sector residuos, hace que exista una oportunidad de colaboración a nivel regional para compartir las mejores experiencias para la gestión de residuos y disminuir los costos de su tratamiento.
–Como CEO de Global Methane Hub, ¿cómo puede la Alianza Potencia Energética Latinoamérica influir en el desarrollo de un modelo energético equitativo y sostenible en la región?
-Respecto al desarrollo energético, es fundamental entender que debemos lograr que las personas vean directamente los beneficios de esta revolución energética, que por el momento ha traído inversión y empleo, pero que no necesariamente se ha visto reflejado en los costos de la energía para los hogares. Lo que han hecho este tipo de tecnologías renovables es reducir la velocidad del alza en el precio de la energía, y la vulnerabilidad de la economía a estas alzas, pero todavía no hemos visto materializado lo que realmente está ocurriendo: que las energías renovables son las más baratas de la historia de la humanidad. Y esto ocurre porque, por el momento, las personas no están viendo este beneficio de forma directa. Por lo tanto, es fundamental establecer un diálogo para mejorar esta relación y lograr un mayor apoyo, y al mismo tiempo tener diálogos sobre la transición justa y la inclusión de todos los actores para que, al cerrarle la puerta a la contaminación y abrirla a este nuevo desarrollo, las personas que pierden empleos en industrias de generación fósil sean acogidas en esta nueva economía de tecnologías limpias.
–Finalmente ¿qué papel juega el financiamiento climático en el éxito de la transición energética en América Latina?
-Los países en vías de desarrollo generalmente son evaluados como peores pagadores de lo que realmente son, y muchas veces las condiciones de financiamiento que se les otorgan no son las más favorables, limitando la expansión de las energías renovables. Es fundamental reconocer que la capacidad de generación de la renovables es tan predecible como que el viento va a soplar o que el sol va a salir y, por lo mismo, si queremos que las regiones en vías de desarrollo lleguen a mayor penetración y desarrollo de energías limpias, tenemos que favorecer las condiciones para su financiamiento. Cuando eso ocurre, se puede acceder a financiamiento a menor costo y menor tasa de interés, pero también a emitir bonos soberanos verdes –como ya lo han hecho Chile y Brasil–, permitiendo así lograr tasas de financiamiento muy favorables para inversiones en la sustentabilidad y la acción climática de la región.
En un contexto de creciente escasez hídrica, cuatro empresas chilenas lograron el Certificado Azul en el Nivel 1 Avanzado del Acuerdo de Producción Limpia (APL), una distinción que reconoce sus esfuerzos en la gestión integral del agua. Las empresas Aceros AZA, Cramer, Colun y Grupo Sendero fueron destacadas por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, sumando seis instalaciones certificadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
El Certificado Azul es una innovadora alianza público-privada que fomenta la gestión responsable del recurso hídrico en los procesos productivos. Para alcanzar este reconocimiento, las empresas implementaron la metodología de la Huella de Agua, midiendo sus consumos, identificando puntos críticos y aplicando acciones concretas para reducir su impacto hídrico.
Los sectores productivos de estas empresas varían desde la industria láctea y manufacturera hasta los parques cementerios, destacando la Cooperativa Colun.
De igual forma, Aceros AZA ha destacado por reducir su huella hídrica en el marco de su producción de acero verde, clave para la transición hacia una economía más sustentable.
En un ámbito menos convencional, Grupo Sendero es la primera compañía del sector de parques cementerios en obtener este certificado.
Desde su lanzamiento, el Certificado Azul ha sido adoptado por alrededor de 70 empresas en Chile, que representan más de 100 instalaciones productivas de sectores como la agroindustria, minería, industria láctea, manufactura y servicios financieros. De estas, 19 empresas han alcanzado el Nivel 1 de certificación, mientras que dos ya están avanzando hacia el Nivel 2.
Este proyecto, enmarcado en la iniciativa SuizAgua del Programa Latinoamericano “El Agua nos Une”, ha involucrado a actores clave como la Superintendencia del Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas y organizaciones del sector privado, contribuyendo al Plan de Adaptación para los Recursos Hídricos y a los objetivos del ODS 6 de la Agenda 2030.
Caso 1: Exigen a Inmobiliaria GMR someter su proyecto de loteos industriales a evaluación ambiental en Osorno
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó a la Inmobiliaria e Inversiones GMR SPA ingresar su proyecto «Loteo GMR Osorno» al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), bajo apercibimiento de sanción. Este proyecto, ubicado en la comuna de Osorno, en la Región de Los Lagos, busca desarrollar un loteo y urbanización industrial en una superficie de aproximadamente 22,45 hectáreas. Debido a las características del área rural y saturada donde se encuentra, requiere una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) antes de continuar.
El proyecto contempla obras como caminos interiores, accesos a vías públicas, redes eléctricas y de agua predial. La orden de la SMA se basa en actividades de fiscalización que levantaron antecedentes suficientes para sospechar que el proyecto podría estar intentando eludir el SEIA, un proceso que es obligatorio según la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. En julio de 2023, se inició formalmente el requerimiento de ingreso al SEIA.
La SMA ha dado a GMR SPA un plazo de 8 meses para ingresar el proyecto mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o 12 meses si se trata de un Estudio de Impacto Ambiental. Durante este período, la empresa deberá proporcionar informes regulares sobre el estado de avance del proceso de evaluación y del propio proyecto.
La ley establece claramente que cualquier proyecto que eluda el SEIA no puede seguir ejecutándose hasta que cuente con una RCA aprobada. Esto asegura que los posibles impactos ambientales sean adecuadamente evaluados y gestionados antes de que continúen las obras.
Caso 2: Formulan cargos a empresa Maquinarias LN por infracciones en proyecto de extracción de áridos en Puerto Montt
La SMA ha iniciado un procedimiento sancionatorio contra la empresa Maquinarias LN SPA, responsable del proyecto “Extracción de áridos y restauración de pasivo ambiental Pozo La Vara”, ubicado en Puerto Montt. La entidad formuló cuatro cargos en total: dos graves y dos leves, que incluyen incumplimientos a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y violaciones a la Norma de Emisión de Ruidos. Este proyecto, que cuenta con una RCA desde 2020, se encuentra en expansión para habilitar la extracción de 1.350.000 m³ de áridos en un pozo seco a lo largo de 20 años.
El proceso sancionador fue impulsado en parte por la Junta de Vecinos La Vara Sendas Unidas, que presentó una denuncia por la emisión de ruidos molestos provenientes de la maquinaria utilizada, afectando a la comunidad local y a una escuela básica cercana. En respuesta, la SMA llevó a cabo diversas inspecciones en terreno, recopilando información sobre los niveles de ruido y otras condiciones ambientales que violan los términos del proyecto.
Entre las sanciones, la empresa arriesga una multa que podría ascender hasta 12.000 UTA, lo que equivale a más de $9.500 millones. Estas infracciones graves reflejan la falta de cumplimiento con las regulaciones ambientales y las condiciones establecidas en la RCA, afectando tanto al entorno natural como a la calidad de vida de los residentes cercanos.
El proyecto de Maquinarias LN comenzó a operar en 2014 y fue ampliado con el objetivo de habilitar una superficie de 24,6 hectáreas para la extracción de áridos. No obstante, la falta de cumplimiento normativo ha generado preocupación en la comunidad y ha motivado acciones regulatorias para asegurar que las operaciones cumplan con las normativas ambientales y de ruido vigentes.
Con este número, ya vamos en 9 ediciones de Juego Limpio. Somos jóvenes aún. Y vamos a ir por más. Nos vemos la próxima semana. ¡Y no se olviden de jugar limpio!
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