¡Hola! Esta semana en que se lleva a cabo la Conferencia de las Partes (COP16) en Colombia -que se diferencia de la COP29 sobre cambio climático que se realizará en noviembre en Azerbaiyán, debido a que el objeto de esta cumbre es detener la pérdida acelerada de especies biológicas por obra humana- es necesario recordar de dónde viene el concepto «Biodiversidad».
El término se lo debemos a un visionario, Thomas Lovejoy, quien dio la alerta en 1980, con su informe sobre la extinción de especies para el Gobierno de EE.UU. Allí adelantó la pérdida de lo que llamó «diversidad biológica» y que fue rebautizado como «biodiversidad».
Con la ministra Maisa Rojas como Champion para las reuniones de Alto Nivel de la XVI Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la COP ha generado altas expectativas, dado que es la primera vez que una se lleva a cabo en América Latina, región que alberga el 40% de toda la biodiversidad del planeta.
Más allá de las buenas intenciones, para Juego Limpio quise detectar dónde aprieta el zapato, cuál es el conflicto solapado. Y como resultará obvio, es un problema de plata. La mayor preocupación está en cómo se repartan los beneficios de los recursos genéticos de las plantas y animales, de los cuales el gran usufructo lo obtienen las industrias farmacéutica y cosmética.
Asimismo, profundizaremos sobre la investigación de una científica de Antofagasta que pudo registrar a una población de orcas cazando delfines en el norte del país y que puede ayudar a elevar el estándar de conservación.
Te contaré también que, a días de las elecciones municipales, solo 5 de 345 municipios han entregado sus Planes de Acción Comunal para combatir el cambio climático.
Y para cerrar, te recordaré el esfuerzo que están haciendo en Rapa Nui para acelerar un tratado global dirigido a reducir la contaminación por plásticos en el océano.
Bien, apriétense los cinturones. ¡Arrancamos con Juego Limpio!
«Firmemos la paz con la naturaleza». Con esa frase la artista canadiense Geneviève Côté dio por cerrada la ceremonia inaugural de la COP16 en Colombia. Y tiene mucho sentido, porque en abstracto hace referencia a las miles de vidas que se pierden cada año, cada mes, cada día, como si se tratase de una guerra. La pérdida acelerada de la biodiversidad es una de las tres problemáticas globales, ciertamente graves, que enfrentan todos los países sin excepción y que ponen en peligro –literalmente– la existencia humana. Así de fuerte y así de claro.
Conversando con un colega colombiano que se encuentra en Cali, sede de la COP16, coincidíamos en la gran expectativa que ha generado este evento, no solo por la urgencia de las medidas que deben tomar los Estados para detener la pérdida de las especies biológicas, sino también porque es la primera vez que se realiza una Conferencia de las Partes en América Latina, región que alberga el 40% de la biodiversidad del planeta.
Hace cinco años, Chile estuvo a punto de ser sede de la COP25 sobre cambio climático, pero si recuerdan tuvo que ser suspendida, a raíz del estallido social. También había muchas esperanzas. Pero desde esa COP (que tuvo que asumir España) hasta la COP29, que se llevará a cabo el mes de noviembre de este año en Azerbaiyán, es bien poco lo que se ha logrado, no pudiendo detener –hasta hora– el calentamiento global, ni el umbral del 1.5 grados.
Pero en la COP de la Biodiversidad las esperanzas están muy vivas. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego. En esta COP no solo se hablará de compromisos, sino también de cómo hacerles seguimientos y cómo financiarlos, tal vez el mayor desafío de esta cumbre.
¿Y qué pasa con Chile? Lo primero, y que supimos este lunes 21 de octubre, es que se eligió a la ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, como la Champion, vale decir, como la Campeona Climática de Alto Nivel de la XVI Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). Para quienes no están familiarizados con el concepto, una campeona es una facilitadora del diálogo y su función es destrabar las negociaciones complejas.
¿Y por qué es importante? En esta COP, la ministra desempeñará así un papel clave en el Segmento de Alto Nivel de la cumbre para las negociaciones sobre temas de biodiversidad marina, costera e insular.
Vayamos a lo importante, o a lo difícil. Junto con las metas globales de proteger de aquí al 2030 el 30% de los océanos y el 30% de la superficie terrestre, que fueron los compromisos aprobados en 2022 en el Marco Mundial Kunming-Montreal, en esta cumbre una de las misiones fundamentales es hacerle un seguimiento, desarrollar un plan de monitoreo, que permita revisar si se cumplen o no los compromisos. En otras palabras, un mecanismo de rendición de cuentas. En esta parte, que va ligada directamente al financiamiento, es donde aprieta el zapato.
«Esto no debe ser percibido como una imposición del multilateralismo a cada Estado. Tiene que ser un acuerdo colectivo para que podamos rendir cuentas de manera transparente a la ciudadanía», dijo el primer día la ministra del Medio Ambiente colombiana, Susana Muhamad.
Pero como estamos en Juego Limpio, los invito a hacer un nuevo zoom, a mirar dentro de ese zapato que aprieta. ¿Qué se ve? Como es natural, se ve un problema de plata. Para este número me contacté con diversos investigadores para consultarles cómo observaban la discusión sobre los beneficios de los recursos genéticos y, sin excepción, todos coincidieron en que ahí estaban depositadas las grandes tensiones.
Los recursos genéticos generan tensiones de alto nivel, debido a los intereses económicos involucrados y la necesidad de asegurar que los beneficios lleguen a quienes han conservado la biodiversidad. Las discusiones en la COP16 se centran en cómo definir un marco claro que permita la participación justa de todos los actores involucrados, mientras se protege el conocimiento tradicional asociado a estos recursos.
Uno de los temas más discutidos es cómo repartir los beneficios derivados de los recursos genéticos, como plantas y animales. Las industrias farmacéutica y cosmética son algunas de las principales interesadas, ya que obtienen importantes ganancias al desarrollar productos a partir de la biodiversidad, usados en sectores como la medicina y la cosmética.
Este debate involucra aspectos delicados, como los derechos de las comunidades indígenas y locales, que han sido guardianes de estos recursos. Aunque el Protocolo de Nagoya de 2010 regula la distribución de beneficios, muchos países aún deben avanzar en su implementación efectiva para garantizar una distribución justa y equitativa.
La discusión aún no empieza como tal y sus resultados están por verse.
Días antes de que partiera la COP, llegó a mis manos el reciente estudio «Extracción a cualquier costo», del grupo de investigación Leave it in the Ground Initiative (LINGO), que reveló que las Reservas de Biosfera MAB y los Sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco están bajo amenaza, debido a las ambiciones expansivas de la industria de los combustibles fósiles. El estudio proyecta que estas iniciativas liberarán aproximadamente 11.9 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a nivel mundial en las próximas décadas, con un aumento del número de estos desarrollos en más del 70% en el mismo período.
A propósito de compromisos, el año 2013 la Unesco comunicó el acuerdo llamado «No seguir adelante», que buscaba que naciones y empresas abandonaran su intención de extraer hidrocarburos de los sitios del Patrimonio Mundial de este organismo de las Naciones Unidas. Este informe pone en alerta que, 12 años después, la amenaza continúa.
El estudio arrojó que, en América Latina, países como Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile tienen sitios patrimoniales que se encontrarían amenazados.
¿Qué sitio está amenazado en Chile? En nuestro país se habla de que Torres del Paine, Patrimonio Mundial de la Biosfera, es el que podría correr peligro en décadas futuras, para la exploración de petróleo y gas. Aun cuando el informe no hace referencia a un proyecto concreto que esté desarrollándose en Chile, no es menos cierto que la zona de Magallanes desde hace más de una década que reviste interés de las industrias petrolera y del gas.
Alice McGown, autora principal y especialista en Políticas y Datos, comentó: “Los proyectos de combustibles fósiles en áreas protegidas por la Unesco son indefendibles en 2024 y representan un claro ataque a los esfuerzos de conservación en todo el mundo. Aunque el mandato de la Unesco es claro, su poder como agencia de la ONU es limitado para evitar que la industria de combustibles fósiles viole estas áreas. Es alarmante que las empresas estatales se estén preparando para perforar en regiones protegidas más allá de 2030. Si los países se toman en serio la descarbonización de sus economías, no hay justificación para permitir que estos proyectos continúen”.
¿Qué se detectó?
El mayor proyecto de petróleo y gas planeado dentro de una Reserva de la Biosfera de la Unesco es el megaproyecto Hail & Ghasha, ubicado en la Reserva de la Biosfera MAB de Marawah en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que será el anfitrión del próximo Congreso Mundial de la Conservación.
Al menos 23 Reservas de Biosfera MAB de la Unesco y 13 Sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco en 27 países están amenazados por proyectos de combustibles fósiles, ya sean planificados o en curso.
Se espera que el número de proyectos de extracción de combustibles fósiles aumente más del 70%, tanto en las Reservas de Biosfera MAB como en los Sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco en las próximas décadas.
Casi un tercio de estos proyectos están desarrollándose en países del G20, incluidos sitios notables como la renombrada Costa del Descubrimiento en el Bosque Atlántico de Brasil, la Gran Barrera de Coral en Australia y los Parques Nacionales de las Montañas Rocosas en Canadá.
Sudáfrica es el país con el mayor potencial de emisiones derivadas de proyectos de extracción de combustibles fósiles en áreas de la Unesco: un complejo de cuatro minas de carbón en la Reserva de la Biosfera de Vhembe que podría emitir más de 6.2 mil millones de toneladas de CO2, quince veces las emisiones anuales del país.
Hace algunas semanas fue noticia mundial que en el norte de Chile científicos grabaron por primera vez a una población de orcas cazar delfines. En esta edición quise traerles los comentarios de la Dra. Ana García Cegarra, de la Universidad de Antofagasta, y más detalles sobre esta observación que favorecería los esfuerzos de conservación.
El estudio Frontiers in Marine Science da cuenta de que en las aguas de la corriente de Humboldt, repletas de krill y anchoveta, frente a las costas de Chile, vive una esquiva y poco conocida población de orcas.
Las orcas se dividen en diferentes ecotipos, según sus especialidades de caza: nuevos datos sugieren que las orcas chilenas son cazadoras increíblemente hábiles de mamíferos, que persiguen a los delfines oscuros y comparten la comida entre ellas. Esto podría significar que pertenecen al Tipo A, ecotipo que es una pieza potencialmente importante del rompecabezas para comprender y conservar las poblaciones de orcas en el hemisferio sur.
El equipo de García Cegarra, que ya había observado a estas orcas utilizando barcos pesqueros para ayudarlas a capturar leones marinos, ahora las ha visto cazar con éxito delfines oscuros por primera vez y compartir la comida entre la manada. Esta nueva evidencia sobre sus hábitos alimenticios puede ayudar a los expertos a entender cómo están vinculadas las poblaciones de orcas en el hemisferio sur, lo que favorecería los esfuerzos de conservación.
“Estudiar a las orcas en su entorno natural es un gran desafío, ya que son depredadores superiores marinos, viajan largas distancias y viven en alta mar, lo que dificulta su observación”, dijo García Cegarra. “Pero comprender su papel en el entorno marino es crucial para la conservación de esta especie poco conocida en la corriente de Humboldt”, agregó.
Las orcas son depredadores de ápice con una dieta impresionantemente variada, pero no todas comen lo mismo. Las poblaciones pueden asignarse a diferentes ecotipos en función de sus alimentos preferidos, su acústica y su genética, por lo que comprender lo que comen las orcas de la corriente de Humboldt es un gran paso para entender dónde encajan entre las demás orcas del mundo.
Se han registrado cinco ecotipos diferentes en el hemisferio sur: algunos, como las orcas de Tipo A y Tipo B1, se centran en los mamíferos marinos, mientras que otros tipos prefieren los peces. Comprender dónde encajan los animales de la corriente de Humboldt nos ayudaría a entender la forma en que estas poblaciones se relacionan entre sí de manera más amplia y a conservarlas para el futuro.
García Cegarra y sus colegas utilizaron una combinación de sus propias encuestas y la recopilación de datos de ciencia ciudadana de viajes de avistamiento de ballenas y barcos pesqueros para monitorear la población y rastrear sus opciones de caza. Los observadores registraron la presencia de orcas, la composición y ubicación del grupo, y tomaron fotografías y videos que los científicos pudieron comparar con catálogos de individuos conocidos. Al combinar estos datos con sus propias encuestas sistemáticas y grabaciones de drones, construyeron un mapa de la presencia de orcas en el área y rastrearon el comportamiento de los grupos y las elecciones de presas.
Esto permitió a los investigadores capturar evidencia de que la manada de orcas Menacho estaba capturando delfines oscuros, una especie que nunca se había reportado que alguna orca hubiera cazado con éxito en esta área. Imágenes dramáticas muestran a la matriarca, Dakota, lanzando un delfín oscuro al aire.
Estos avistamientos podrían indicar que estas orcas pertenecen al Tipo A, ecotipo que caza mamíferos. Sus presas y el pequeño tamaño de sus manadas serían consistentes con esta hipótesis, aunque sus manchas blancas en los ojos son más pequeñas que las típicas de las orcas Tipo A. Además, nunca se las ha registrado en la Patagonia con otras orcas Tipo A.
“Nos gustaría poder obtener biopsias de piel para analizar sus datos genéticos, ya que no existe información genética de las orcas en esta región del Pacífico sureste”, afirma García Cegarra. “Sin embargo, son muy esquivas e inteligentes, lo que dificulta acercarse a ellas en el barco para realizarles biopsias”.
La Dra. Mónica Ortiz -académica de la Facultad de Geografía de la Universidad de Concepción- durante el mes de octubre fue pasó a integrar el prestigioso Grupo Intergubernamental de Expertos y Expertas sobre el Cambio Climático (IPCC), creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En este número de Juego Limpio, la geógrafa se refiere en esta entrevista a la importancia de las comunidad en la zona verde de la COP16.
“La COP16 es crucial para dar voz a las comunidades en la Zona Verde, ya que este espacio se ha convertido en un lugar indispensable para que la sociedad civil, las organizaciones indígenas y otros actores participen activamente. Aquí se amplifican las voces que, de otro modo, estarían subrepresentadas en las negociaciones formales de la Zona Azul, haciendo un llamado hacia la justicia socioambiental y destacando los múltiples valores de la naturaleza”, sostuvo.
-¿Cuáles son las diferencias entre la Zona Azul y la Zona Verde en Conferencia de las Partes?
–La Zona Azul está reservada para negociaciones entre los jefes de Estado, ministros y observadores oficiales, quienes toman decisiones que pueden ser jurídicamente vinculantes. La Zona Verde, en cambio, está abierta a un público más amplio, como grupos indígenas, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil. Aunque no tienen acceso directo a las negociaciones, en la Zona Verde pueden influir en el debate público y sensibilizar a la opinión pública con acciones creativas y poderosas que exigen cambios reales.
-¿Cree que esta separación de zonas contribuye a una desconexión entre las decisiones de la COP y las necesidades de las comunidades?
–A veces sí. La separación puede generar la sensación de que las voces de quienes sufren más las consecuencias de la crisis de biodiversidad no son escuchadas directamente en las decisiones. Aunque la Zona Verde permite participación y visibilidad, las negociaciones en la Zona Azul siguen siendo lideradas principalmente por los estados, dejando fuera a muchos actores cruciales, como comunidades indígenas o países en desarrollo, que están en la primera línea de las crisis climática y de biodiversidad.
-¿Qué expectativas tiene sobre el mecanismo de reparto equitativo de los beneficios de la biodiversidad en la COP16?
– El establecimiento de este mecanismo es una de las demandas clave de la sociedad civil y de las comunidades que participan en la Zona Verde. Este mecanismo busca asegurar que los beneficios derivados de los recursos genéticos se repartan de manera justa y equitativa. Es esencial que la COP16 no solo hable de equidad, sino que tome medidas concretas para implementarla, y en este sentido, Colombia tiene un rol de liderazgo importante.
-Finalmente, ¿podría la COP16 cumplir con la expectativa de ser la «COP del Pueblo»?
–La comunidad mundial tiene esa expectativa. Las COP han evolucionado, pero aún queda un largo camino para garantizar que todas las voces, especialmente las de quienes enfrentan los mayores desafíos ambientales, sean realmente escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones. Si la COP16 logra avanzar en temas como la justicia socioambiental y el reparto de beneficios, estará más cerca de ser una COP verdaderamente inclusiva.
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Este martes se hicieron públicos los resultados de la edición 2024 del Índice de Comercio Sostenible del IMD, que se elabora conjuntamente con la Fundación Hinrich. El informe mide en qué medida el comercio internacional contribuye no solo al crecimiento económico de las economías implicadas, sino también al bienestar de la sociedad y a la protección del medio ambiente a nivel global.
¿Qué dice de Chile? El estudio analiza en detalle 30 economías de perfiles muy diversos –entre ellas, Chile, que se sitúa en esta edición en el puesto 11– y, a partir de estas, identifica tendencias del panorama comercial mundial, como son la reestructuración proteccionista, resiliencia de la mano de obra, sostenibilidad medioambiental vinculada a la legislación.
El índice mide el pilar económico, societal y medioambiental. En la categoría económica, que mide el vínculo entre el sistema comercial y el crecimiento, Chile obtuvo un puntaje de 66.7. Y en la arista social, nuestro país sacó un puntaje de 65.4, que lo ubica en el puesto 11 del ranking. Es en la categoría medioambiental donde Chile mejor se posiciona, alcanzando también el puesto 11, pero con un score de 74.4
¿Qué mide este pilar? Este parámetro mide el grado en que el comercio de una economía apoya los recursos sostenibles. Los factores incluyen mediciones de los recursos naturales no renovables en el comercio y la gestión de las externalidades que surgen del crecimiento económico y la participación en el sistema comercial global. Si bien la capacidad de una economía para participar en el sistema comercial global depende del desarrollo económico, lograr un comercio sostenible requiere una administración prudente de los recursos naturales y limitar las externalidades en el cálculo económico de una economía para promover su capital ambiental general.
En términos prácticos, los indicadores en esta sección miden el capital ambiental de una economía e incluyen indicadores de contaminación del aire y del agua. En términos de impacto futuro, miden los estándares ambientales nacionales, las emisiones de carbono y la proporción de recursos naturales en las exportaciones.
En octubre de 2023, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) presentó el Sistema de Compensación de Emisiones (SCE) del Impuesto Verde, una iniciativa orientada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este sistema establece límites para las empresas más contaminantes y les ofrece la posibilidad de adquirir créditos de carbono para cumplir con sus obligaciones, lo que a su vez les permite reducir el monto que deben pagar por el impuesto verde.
Hace solo unos días, el Foro Económico Mundial destacó a nuestro país como pionero en inversión de energías renovables. El World Economic Forum presentó la plataforma “Playbook of Solutions to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South”, que resaltó buenas prácticas y casos de éxito de diversos países.
Nueva Zelanda, por su parte, encabeza por tercer año consecutivo el Índice Hinrich-IMD de Comercio Sostenible 2024 (STI, por sus siglas en inglés), seguida del Reino Unido en segundo lugar y Australia en el tercero.
La edición 2024 del Índice Hinrich-IMD de Comercio Sostenible resalta como una tendencia relevante:
Otras conclusiones importantes del Índice Hinrich-IMD de Comercio Sostenible 2024 son:
Abordar la resiliencia climática es una tarea compleja, porque afrontar el cambio climático a menudo requiere intervenciones reguladoras, mientras que el comercio mundial se fortalece si existen menos barreras. La aparición de acuerdos climáticos y comerciales que promuevan el comercio de bienes y servicios medioambientales podría equilibrar el doble objetivo de fomentar el libre comercio y abordar al mismo tiempo el cambio climático.
En Rapa Nui desde hace más de tres años que se encuentran en una cruzada global, que parte con un emplazamiento al mundo entero a que dejen de tirar basura plástica al mar. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta termina en las playas de la isla.
Hace algunos días, se reimpulsó una campaña que tuvo en el mes de abril su hito principal, cuando las autoridades polinésicas de Bora Bora, la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Palau, Fiji y Rapa Nui suscribieron el compromiso regional que busca poner punto final a esta situación.
Rapa Nui enfrenta una grave crisis de contaminación por plásticos, debido a su ubicación en el giro del Pacífico Sur, una corriente oceánica que transporta desechos desde América del Sur y Asia.
Estudios recientes han estimado que más de 500 piezas de basura llegan a las costas de la isla cada hora, lo que está afectando gravemente su ecosistema marino y la salud de los habitantes. Peces locales, como el atún, presentan plásticos en su interior, lo que genera serios riesgos para la pesca y la alimentación en la isla.
Este problema se agrava por la pesca industrial, que deja grandes cantidades de redes fantasma y otros desechos en el mar. La comunidad de Rapa Nui ha buscado soluciones locales, como la recolección y el reciclaje de estos plásticos para crear muebles y estructuras, pero la magnitud del problema requiere una acción global más efectiva.
En paralelo, las negociaciones para un tratado mundial contra la contaminación plástica, impulsadas por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), están en curso. Estas negociaciones buscan un acuerdo legalmente vinculante que aborde toda la cadena de valor del plástico, desde su producción hasta su eliminación. A pesar de los avances, el proceso ha encontrado resistencia por parte de la industria petroquímica, que sigue abogando por la producción masiva de plásticos. Los defensores del tratado insisten en la necesidad de limitar la producción de plásticos y eliminar los productos y aditivos más dañinos, que son responsables de gran parte de la contaminación en áreas como Rapa Nui.
El éxito de este tratado es crucial para reducir la cantidad de plástico que llega a las costas de islas remotas como Rapa Nui y proteger tanto sus ecosistemas como sus comunidades locales.
Durante estos últimos días, se celebró en París el segundo período de sesiones del Comité Internacional de Negociación (CIN), el CIN-2, en el que los países examinarán un documento de opciones que servirá de base para los debates de las reuniones.
Este CIN-2 constituye el siguiente paso de un proceso que comenzó en febrero de 2022, en la reanudación del quinto período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5.2), cuando se adoptó una resolución histórica para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino.
El objetivo es concluir las negociaciones para finales de 2024 y crear un tratado mundial jurídicamente vinculante sobre los plásticos. Los países designaron al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para convocar y gestionar el proceso del CIN.
El documento de opciones es el resultado de la recopilación de los debates mantenidos en el primer período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación (CIN-1) y de las comunicaciones escritas de los Estados miembros previas al CIN-2. En él se exponen las posibles obligaciones con opciones para ambas partes. Presenta posibles obligaciones con opciones tanto para medidas jurídicamente vinculantes como voluntarias que abordan el ciclo de vida completo de los plásticos.
El próximo fin de semana son las elecciones municipales en todo el país, cuyos candidatos a la reelección buscan asimismo una continuidad de su gestión, al menos en el papel, y –como sabemos– «el papel aguanta mucho».
Dentro de la Ley Marco de Cambio Climático se encuentran los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), que tienen el objetivo de reducir la vulnerabilidad local y mejorar las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel municipal. Estos planes buscan involucrar a las comunidades en la gestión de riesgos y soluciones sostenibles, alineándose con las metas nacionales e internacionales de reducción de emisiones de carbono y resiliencia climática.
A días de los comicios, ¿cuál ha sido el nivel de avance de los planes? De acuerdo con lo publicado hace pocos días por el Diario Financiero, el resultado ha sido bastante pobre: solo 5 de un total de 345 comunas que existen en Chile tienen sus planes al día.
Las comunas que han desarrollado sus planes son: San Antonio, El Quisco, Valdivia, Andud y Punta Arenas.
El Ministerio del Medio Ambiente, junto con instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han lanzado una Guía Metodológica para apoyar a los municipios en la formulación de estos planes. Esta guía proporciona una hoja de ruta para que las municipalidades identifiquen los impactos del cambio climático en sus territorios y propongan medidas concretas para abordarlos. La implementación de estos planes es un paso crucial hacia la meta de carbono neutralidad para 2050.
La falta de recursos financieros y técnicos aparecen como las causas que han ralentizado el avance de los planes.
Caso 1: Procedimiento sancionatorio contra la Sociedad Comercial Green Worlds
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha iniciado un procedimiento sancionatorio contra la Sociedad Comercial Green Worlds Limitada, responsable del proyecto “Escombrera Green World” en Rancagua, Región de O’Higgins. El proyecto se dedica a la disposición final de residuos sólidos industriales inertes y tiene una capacidad superior a las 50 toneladas. Sin embargo, se constató que la empresa no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, un requisito indispensable para operar este tipo de instalaciones en la zona.
La SMA ha formulado dos cargos contra la empresa. El primero se refiere a la ejecución del proyecto sin la correspondiente RCA, y el segundo señala el incumplimiento de la obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a pesar de haber sido requerida en julio de 2019 mediante resoluciones oficiales. Estas infracciones son consideradas graves por la Ley Orgánica de la SMA, que regula las actividades medioambientales en el país.
Debido a la gravedad de las infracciones, Green Worlds Limitada enfrenta sanciones que podrían llegar hasta las 10.000 UTA, lo que equivale a 7.987 millones de pesos. Además, la empresa podría ser objeto de la revocación de su RCA o incluso la clausura del proyecto, en caso de que se determine su culpabilidad en el proceso sancionatorio.
Caso 2: Procedimiento administrativo contra la Sociedad Laguna Escondida Spa
La SMA inició un procedimiento administrativo contra la Sociedad Laguna Escondida Spa por la ejecución del proyecto «Loteo Reserva Escondida» en la Región de Aysén, sin contar con la necesaria Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Este proyecto, que abarca una superficie de 2,4 hectáreas destinadas al esparcimiento y construcción, se encuentra a 10 kilómetros de Puerto Cisnes. El objetivo del procedimiento es determinar si el proyecto debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La investigación fue iniciada de oficio por la SMA, tras diversas actividades de fiscalización que revelaron la existencia de una Zona de Uso Intensivo, que incluye la construcción de embarcaderos y una vía de tránsito. Esto, junto con las características del proyecto, ha llevado a la SMA a concluir que existen fundamentos suficientes para exigir el ingreso del proyecto al SEIA, según lo estipulado en el artículo 10 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
El titular del proyecto, Sociedad Laguna Escondida Spa, cuenta con un plazo de 15 días hábiles, desde la notificación, para presentar sus observaciones y pruebas frente a la hipótesis de elusión detectada por la SMA. Esta acción es parte de los esfuerzos para garantizar que los proyectos cumplan con las normativas ambientales vigentes en Chile.
Bien, con esto cerramos la edición número 11 de Juego Limpio, y los invito a no perderse la de la próxima semana, que vendrá con más detalles sobre la COP16 sobre la diversidad biológica. ¡Nos vemos!
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