Más allá del negacionismo conocido de Donald Trump, la propuesta de ir contra la corriente ante la descarbonización, en opinión de líderes climáticos, no tiene mayor futuro. A lo sumo puede ralentizarla, pero no detenerla, ni siquiera en su país, ya que se trata de un negocio con mucho en juego.
Como en el ámbito de la política multilateral, de los negocios y de la crisis de la inmigración, el triunfo de Donald Trump no dejó indiferentes a los líderes mundiales y también locales en el combate al cambio climático. Nada más comenzaron a darse los primeros resultados de los estados claves en EE.UU., las redes de información global empezaron a inundarse de apreciaciones, reflexiones y anticipaciones sobre el impacto que causaría en la ambición climática en aquellos países que tienen conectadas fuertemente sus economías a la estadounidense.
En este especial exprés de Juego Limpio, repasaré brevemente cuáles son las políticas que jugarían en sentido contrario al que el mundo comenzó a ir desde que, precisamente, Trump abandonó el poder en enero de 2021.
Primero hay que señalar que las principales consideraciones internacionales y nacionales sobre el asunto climático están presentes en el documento llamado Proyecto 2025, que aunque Trump no lo admite como propio, sí representa el pensamiento de su línea de apoyo en las esferas del poder republicano en Estados Unidos. Este proyecto es un plan político de casi 1.000 páginas coordinado por la Heritage Foundation, un think tank de la derecha conservadora estadounidense para guiar a Trump en su propósito de “desmantelar” lo que llama “el Estado administrativo”.
Entre los puntos en los que el presidente electo ha desatado una férrea crítica pública está la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), considerada el mayor programa gubernamental de gasto climático y que ha prometido desmantelar.
Para hacernos una idea, veamos el siguiente dato:
¿Cuáles serían sus efectos? La eliminación de estos incentivos no solo detendría el crecimiento de las inversiones en energías limpias, sino que podría revertir los avances en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, alejando a Estados Unidos de sus objetivos climáticos para 2030. Según el análisis de Energy Innovation Policy & Technology, la derogación de la IRA podría resultar en un aumento de 4 mil millones de toneladas de emisiones para 2030 y pérdidas económicas de hasta 770 mil millones de dólares anuales en la economía estadounidense para esa fecha.
Siguiendo esta misma línea, el presidente electo estadounidense ha prometido reforzar la industria de los combustibles fósiles en su país, que ya ha alcanzado cifras récord de producción en la administración Biden, situación que juega en sentido contrario a la descarbonización. El Proyecto 2025, además, recomienda eliminar la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables, que supervisa la Oficina de Tecnologías de Energía Solar y que es responsable de la investigación y el desarrollo de energías limpias.
Fuera de lo descrito en el documento y de lo planteado por Trump en mitines políticos, existe gran controversia sobre si efectivamente va a lograr poner freno al desarrollo de las energías renovables.
En opinión de Mark Maslin, catedrático de Climatología del University College de Londres (Reino Unido), que se dé esta situación es difícil por el funcionamiento propio de la economía. “Internamente, Trump es un firme defensor del carbón, pero el uso del carbón disminuyó durante su primera presidencia, debido al cambio al gas y las energías renovables. Esto ha continuado bajo la presidencia de Biden y continuará en el futuro, debido a la simple economía”. En síntesis, lo que sostiene Maslin es que Trump puede ralentizar la transición energética, “pero los combustibles fósiles ya tienen los días contados desde el punto de vista político y económico”.
Viéndolo, ahora, con una bajada local, Pilar Moraga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de Chile, opina que no hay que sobredimensionar el impacto que pueda tener la elección de Trump, básicamente porque Estados Unidos es un país federal y, en ese sentido, los Estados federales tienen muchas competencias y una autonomía importante que conlleva efectos globales.
“Estos ya ha pasado en ocasiones anteriores, con el mismo Trump, cuando sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Todos pensaban que Estados Unidos se iba a estancar en su compromiso en la acción climática, y la verdad es que no fue así”, dice Moraga.
Tal como opina Mark Maslin, la directora del CR2 cree que los mercados están decidiendo por sí mismos y que hay que mirar los resultados de la elección con cautela.
Volviendo al Reino Unido, esta misma opinión la comparte Chris Hilson, director del Centro Reading para el Clima y la Justicia de la Universidad de Reading, quien sostiene que el comercio es una de las herramientas políticas favoritas de Trump, pero puede volverse en su contra si intenta emprender una carrera climática a la baja, por el riesgo de perder competitividad y dólares en la industria global de las energías renovables.
“La política climática estadounidense también ha pasado en gran medida del garrote a la zanahoria en forma de subvenciones del IRA para las industrias respetuosas con el clima. Estos serán más difíciles de desmantelar que los garrotes basados en normas, porque a las industrias les gustan los regalos y muchos de ellos van a estados republicanos”.
En ese sentido Hilson estima que la industria estadounidense buscará posicionarse como una economía descarbonizada. “La verdadera cuestión es si esa descarbonización y electrificación se producirá a pesar de Trump o a causa de él”. Según los cálculos de este experto, podría jugar un papel clave Elon Musk, quien podría usar su influencia en Trump para posicionar a EE.UU. como una nueva potencia energética.
Haciendo match con Chile, Marco Billi, investigador de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), también enfatiza que la transición energética no se detuvo durante el primer periodo de Trump, por lo que es muy poco probable que se detenga ahora, también considerando que se trata de un proceso incontrarrestable. “Hay un negocio bastante importante detrás de la transición energética. Hay muchos actores que están dedicados a eso y hoy día mucho de la transición energética ya no depende de los subsidios”, dice.
Una de las amenazas más serias que han observado investigadores en climatología y eventos extremos, dice relación con el posible desmantelamiento de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esta oficina, una de las prestigiosas del mundo en el seguimiento del cambio climático, fue puesta en peligro en el documento Proyecto 2025.
“La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) debería ser desmantelada y muchas de sus funciones eliminadas, enviadas a otras agencias, privatizadas o puestas bajo el control de estados y territorios”, dice la propuesta.
El documento describe a la oficina de Investigación Oceánica y Atmosférica de la agencia como la “fuente de gran parte del alarmismo climático de la NOAA” y dice que la “preponderancia de su investigación sobre el cambio climático debería ser disuelta”.
Según The Guardian, este documento fue escrito por Thomas Gilman, un exejecutivo de Chrysler que durante la presidencia de Trump fue director financiero del organismo matriz de la NOAA, el Departamento de Comercio.
Existe consenso científico en que, al desempeñar el NOAA un papel fundamental en la predicción del tiempo y la supervisión de fenómenos climáticos extremos, como huracanes, tornados e inundaciones, una reducción en sus recursos podría traducirse en alertas meteorológicas menos precisas y en una capacidad disminuida para prevenir desastres naturales, lo que aumentaría los riesgos para la vida y la infraestructura.
Aquí te dejo otro dato:
¿Qué significa la victoria de Trump para la cumbre climática COP29 de la ONU, que comienza este lunes en Bakú, Azerbaiyán? Esa es una de las preguntas que se ha intentado responder efusivamente desde que Trump venció en las recientes elecciones de Estados Unidos.
Más allá de las interpretaciones pesimistas, existe consenso en que en realidad significa muy poco. Primero, por un elemento concreto: Trump comienza la presidencia en 2025, por lo tanto, la participación de Estados Unidos en esta COP corre por parte de la administración Biden.
Habiendo anunciado su retiro del Acuerdo de París, tal y como lo hizo ya en 2017, poco impacto se prevé en las discusiones de alto nivel que se llevarán a cabo en esta COP, cuya meta más importante –y difícil de alcanzar, reconozcámoslo– es lograr el financiamiento para ir en ayuda de comunidades más pobres y fuertemente golpeadas por el calentamiento global.
En primer lugar, su impacto es disminuido por el hecho de que ya está siendo muy difícil y, en segundo lugar, porque aunque es probable que la Casa Blanca bajo el mando de Trump se resista a asumir nuevos compromisos de financiación climática, el acuerdo financiero no dependerá únicamente de Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha estado rezagado bajo gobiernos republicanos y demócratas por igual.
El líder climático Bill Hare, director general de Climate Analytics, antiguo autor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), sostuvo recientemente que Trump no está por encima de las leyes de la física y tampoco lo estará el país que dirige: “Si Trump cumple su amenaza de retirarse del Acuerdo de París, el mayor perdedor será Estados Unidos. Ya hemos pasado por esto antes: la retirada de Estados Unidos en la primera presidencia de Trump no provocó el colapso del Acuerdo, como predijeron algunos expertos”.
Una opinión distinta expresa la científica chilena e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad, Mónica Ortiz, quien desde octubre de este año forma parte del grupo de expertos del IPCC. “Creo que puede tener efectos en las relaciones políticas que mantienen otros países. Por ejemplo, ha habido tensiones políticas entre Estados Unidos y países como China, y cómo manejan el tema del cambio climático. Hay muchas idas y venidas sobre nuestra responsabilidad común pero diferenciada. Si hay menos compromisos para financiar la adaptación o reducir las emisiones, es posible que otros países decidan no continuar”.
Lo cierto es que la COP29 comienza comienza este lunes en Bakú y, aunque los negociadores de Estados Unidos serán de la administración de Biden, la geógrafa Mónica Ortiz estima que habrá menos compromisos, o más inciertos, por parte de EE.UU. “Es una lástima, porque la COP29 se ha denominado ‘COP de las finanzas’: se supone que vamos a decidir un nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático”, dice.
Una arista no menor es la que agrega Marco Billi al preguntarse sobre el rol que va a tomar Estados Unidos respecto del multilateralismo. Si Trump sigue con la postura de debilitar las instituciones multilaterales y la Naciones Unidas, obviamente –apunta Billi– “eso va a tener una contrapartida también en la capacidad que puedan tener esas instituciones, de ser financiadas, de tener la legitimidad, de seguir haciendo el trabajo de coordinación y secretaría que es necesario para que funcione la negociación”.
De cualquier manera, los científicos coinciden en que el mundo y la crisis climática –de la cual Estados Unidos no está a salvo– en modo alguno dependen del presidente estadounidense y, en opinión de Friederike Otto, “Trump puede negar el cambio climático todo lo que quiera, pero a las leyes de la física no les importa la política”, remató.