En forma sorpresiva, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anuló por decreto una norma que fijaba un límite del cinco por ciento en la representación del ente estatal de administración de las jubilaciones en los directorios de las empresas, independientemente del nivel de su participación accionaria.
El gobierno de Argentina reforzó este miércoles el rol del Estado como accionista en 42 grandes compañías, en cuyos directorios promete ejercer mayor control y hacer pesar su opinión en la toma de decisiones y en la distribución de beneficios, una decisión que pide revisar la mayor patronal del país.
En forma sorpresiva, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anuló por decreto una norma que fijaba un límite del cinco por ciento en la representación del ente estatal de administración de las jubilaciones en los directorios de las empresas, independientemente del nivel de su participación accionaria.
«La representación del Estado en empresas privadas que tienen oferta pública es lo más justo, y significa defender los derechos de trabajadores y jubilados», argumentó el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio.
La Anses se hizo de participaciones minoritarias en una treintena de firmas en noviembre de 2008, cuando el Gobierno de Fernández nacionalizó los millonarios fondos de jubilación administrados por firmas privadas e invertidos en diversos activos financieros, como acciones de empresas.
Aunque entonces prometió no inmiscuirse en la actividad de esas firmas, meses más tarde la Anses se presentó ante varias de estas empresas para hacer valer su derecho a voto en las asambleas societarias y, en algunos casos, reclamar sillas en los directorios.
En algunos casos, el ingreso de un director en representación del Estado fue pactado en buenos términos con los accionistas mayoritarios y en otros tuvo que vencer ciertas reticencias e incluso trabas legales.
Hasta ahora la Anses sólo podía designar representantes hasta el cinco por ciento de su participación accionarial en las empresas por más que su cuota fuera mayor, como es el caso de la de 26 por ciento que posee en Gas Natural Ban, controlada por la española Gas Natural, o el 24,98 de Telecom Argentina, cuyo mayor accionista es una sociedad de Telecom Italia con el grupo argentino Werthein.
Entre otra compañías, la Anses tiene participaciones en el BBVA Banco Francés, en el español Bilbao Vizcaya Argentaria, en Petrobras Energía -controlada por la brasileña Petrobras-, y en la acería Siderar, del grupo ítalo-argentino Techint.
Ahora que el tope del cinco por ciento fue eliminado por el decreto presidencial, Bossio reclama colocar en las empresas más directores en representación de la Anses para «ejercer un mayor control», «defender la distribución» de beneficios en favor del organismo y «hacer pesar su opinión en decisiones de inversión».
El decreto presidencial no generó sobresaltos en la Bolsa de Buenos Aires, que hoy cerró con un alza marginal del 0,16 por ciento.
«A esta clase de medidas no le vemos un impacto significativo en los mercados por una cuestión de acostumbramiento de los inversores locales», dijo a Efe Julián Siri, analista senior de la consultora Maxinver.
Pero la Unión Industrial Argentina, la mayor patronal del país, se mostró «preocupada» por la medida que, aseguró, «tiene un fuerte impacto en la actividad de las compañías».
En un comunicado, la entidad, además de solicitar que se revise la decisión, dijo que la «incertidumbre sobre el efecto final de este tipo de medidas» se ve aumentada por las declaraciones hechas hoy por dirigentes sindicales afines al Gobierno que piden también tener participación en los directorios de las empresas.
Más cauto se mostró Eduardo Costantini, presidente de la desarrolladora inmobiliaria Consultatio, de la que el Anses tiene un 26 por ciento, quien en declaraciones radicales consideró «razonable» que la Anses ejerza su derecho político proporcional a su participación, algo que, aseguró, ya sucede en su compañía.
Según Siri, de Maxinver, la medida adoptada hoy por el Gobierno está lejos de ser «radical» o «cercana a las estatizaciones clásicas» de la Venezuela de Hugo Chávez.
«Esta clase de tenencias por parte del Estado permite acomodar gente en las empresas. El Gobierno tiene otras herramientas para influir en las decisiones que tomen los privados y, por lo tanto, lo puede hacer sin tener directores en las empresas. Por eso me parece que esto es para ganarse favores de su tropa», opinó el experto.
