Así lo afirmaron este viernes la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena y la subsecretaria de Estado de EE.UU. para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, María Otero.
La violencia y la desigualdad son causa y consecuencia de la pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo, a la vez que limitan la democracia, la libertad y reducen la calidad de vida de los habitantes de América Latina y el Caribe.
Así lo afirmaron este viernes la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena y la subsecretaria de Estado de EE.UU. para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, María Otero.
Otero visitó esta jornada la sede de la comisión regional de las Naciones Unidas que se levanta en la capital chilena, donde dictó la conferencia magistral «Promoviendo la seguridad civil y fortaleciendo la democracia en el siglo XXI».
Afirmó que la protección de los derechos humanos, la promoción de oportunidades económicas y el fomento al sistema judicial y al imperio de la ley son tres pilares fundamentales para crear sociedades más justas, seguras y prósperas.
«La seguridad de la ciudadanía nunca se alcanzará sin atención a los derechos humanos, sin oportunidad económica y sin sistemas democráticos que estén constantemente siendo fortalecidos», recalcó.
En esta línea, dijo que el camino hacia la seguridad ciudadana y la democracia en el siglo XXI requiere un trabajo compartido entre EE.UU. y todos los países de la región «para así lograr democracias más fuertes, seguras y mejores para todos sus habitantes».
La subsecretaria de Estado se refirió también a la importancia de la libertad de expresión, especialmente a la necesidad de contar con un acceso a internet libre y abierto, ya que es una de las herramientas fundamentales para la participación ciudadana.
También dijo que es fundamental evitar la discriminación y respetar a las minorías sexuales, así como a las personas discapacitadas.
Al responder una consulta sobre cómo frenar el tráfico ilegal de armas y drogas hacia la región, Otero reconoció que se trata de un tema urgente, que involucra muchos recursos y a otras regiones del mundo.
Tras plantear la necesidad de que Estados Unidos y los países latinoamericanos trabajen de forma conjunta en esta materia, Otero enfatizó que «todos deberíamos juntarnos y darle la prioridad necesaria».
En tanto, la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, aseguró que los países con grandes desigualdades de ingresos tienen más probabilidades de ser afectados por delitos violentos que las sociedades más igualitarias.
«Al contrario, el crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso y una mayor transparencia contribuyen a evitar la violencia», subrayó.
Afirmó que los latinoamericanos quieren una paz construida en democracia, con respeto a la dignidad humana. «Hemos aprendido que la protección de nuestras democracias es tarea de todos», enfatizó Bárcena.
En este sentido, Bárcena argumentó que «sólo será posible mejorar la situación de seguridad de nuestros países con más y mejor Estado, con más y mejor política, con más y mejor gestión».
Indicó como ejemplo que el costo de la violencia en Centroamérica -Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica- alcanzó en 2006 a 7,7 % del PIB subregional, considerando pérdidas en salud, seguridad pública, justicia, gastos privados, pérdidas materiales y costos institucionales.
