Mala memoria de empresas y vacíos de la FNE
Reveladores correos sobre el vínculo entre firmas y el gremio, y la desconocida historia de La Cartuja afloraron en audiencia final. Pero el fiscal no salió inmaculado.
El miércoles de la semana pasada la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hizo su última jugada para conseguir que las mayores empresas productoras de pollo en Chile, Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, sean sancionadas por coludirse en la producción y ventas de este producto entre 2006 y 2011.
En un relato de película ante los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mostró una detallada cronología de actas, convenios, faxes y correos electrónicos entre altos ejecutivos de la industria avícola y Juan Miguel Ovalle, mandamás desde 1994 en adelante del gremio que los reúne, Asociación de Productores de Avícolas de Chile (APA).
El jefe de la FNE, Felipe Irarrázaval, explicó de qué manera se acordaron explícitamente rangos de precios en que se debían mover sus productos y luego cómo en el tiempo se iban acordando niveles de producción, ventas y el monitoreo de dichos acuerdos. Y frente a eso, por primera vez, se conocieron algunas de las declaraciones de los ejecutivos de estas empresas que sistemáticamente negaron conocer dichos documentos, algunos de ellos enviados a sus propios correos.
Pero aunque la Fiscalía selló la jornada con la famosa cita de que se trataba del “cartel más grande que el sistema haya intentado desbaratar”, las empresas sienten que la audiencia donde se enfrentaron con su persecutor les permitió dejar en evidencia los vacíos de la acusación.
El proceso concluyó y en junio próximo el tribunal debiera emitir su veredicto, el que, en caso de sancionar a las compañías, las podría obligar a pagar casi US$ 100 millones en multas, incluyendo el cierre de APA.
La historia comenzó el 12 de enero de 2011. Ese día la FNE incautó una veintena de cajas con documentos desde las oficinas de la APA y de la empresa Don Pollo. Diez meses después, en noviembre de ese año, la propia entidad formuló el requerimiento por el cual acusó a los polleros de colusión. Ni Agrosuper ni Ariztía vieron invadidas sus oficinas.
Las cajas contenían faxes, emails y diversas actas y convenios que le dieron pie para atacar a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, además de la APA.
En la audiencia del miércoles pasado, Irarrázaval rememoró gran parte de esos documentos, algunos ya conocidos, pero adicionalmente hizo público parte de los testimonios de los ejecutivos involucrados.
Partió la historia con la proposición de un convenio del año 1994. En él se acuerda que su cumplimiento quedará sujeto a “la buena fe y honor” de las partes que concurren. EL objetivo del mismo es definir precios de referencia y que éstos sean respetados por los que firman, labor que será seguida por una comisión de evaluación que irá viendo la evolución de los precios en función del mercado. Además de establecer distintos precios según clientes, se define que el objetivo de la definición de estos precios es “lograr un margen de utilidad razonable en el mediano y largo plazo”.
La comisión de evaluación será presidida por Juan Miguel Ovalle y la producción de las empresas queda explícitamente entregada a la decisión de las empresas. La comisión tendrá poder para sancionar monetariamente a quien incumpla el acuerdo.
Aunque es nombrado en el convenio, Ovalle declaró el 2 de marzo de 2011 ante la FNE: “Es un convenio que yo no tengo conocimiento de que nunca haya operado” y luego, el 25 de septiembre de 2013, afirma ante el TDLC: “Yo desconozco su autoría y su existencia”.
Pero la FNE descubre un memorándum N° 390 de mayo de 1994. En él se alude a una reunión del Comité de Evaluación señalado, reunido el 1 de mayo de 1994. El memo lo envía Ovalle a Ramón Covarrubias de Don Pollo y alude a la reunión del 17 de mayo de 1994.
Los documentos no tienen firmas de ningún involucrado y Ovalle reiteradamente dice no recordar, aunque reconoce que dichos temas se trataban en los 90.
En julio de 2000 aparece otro correo de Ovalle a las empresas de la APA, incluyendo esta vez a José Guzmán, el gerente general de Agrosuper en ese momento, revelando sus participaciones de mercado de las últimas semanas. El correo incluye una cita aclaratoria bajo un gráfico: “Saldo acumulado de la diferencia entre la venta real menos el % que correspondería a cada empresa”. Esta evidencia, según la FNE, demuestra que se repartían el mercado, acordando niveles de producción.
La relación de las empresas con su alma mater APA en su aparente manejo del mercado se hace más clara con un correo del 27 de julio de 2004. Ese día Ovalle envía un correo a Guzmán, de Agrosuper, con el asunto “Precio Pechuga”, con una sugerente pregunta. “¿No será bueno sincerar el precio de la pechuga? Veo el mercado un poco desordenado por parte de todos”.
Ante el TDLC, Guzmán responde haciendo un matiz. “Cuando yo veo que una persona está diciendo que el mercado lo ve poco, un poco desordenado, yo entiendo que está combativo”. Le contrapregunta la FNE si estaban compitiendo y Guzmán responde seguro: “Sí”.
“Un vuelo restringido” se titula un artículo de la periodista Laura Garzón de El Mercurio, del 7 de julio de 2001, el que relata el aumento de la concentración del mercado avícola producto de la salida de la empresa La Cartuja, que era propiedad de Sergio Mujica y las familias Claro y Azócar.
En el artículo, El Mercurio relata que el comprador de La Cartuja –Don Pollo– reconoció la operación sólo un mes después que se hiciera pública la salida del mercado de la compañía.
En ese momento, Don Pollo era menos relevante en el mercado y La Cartuja era una firma tradicional de la industria, por lo que la compra genera suspicacias. Incluso el diario aventura que había habido especulaciones de que la compra habría sido una triangulación y que el principal adquirente sería Super Pollo, de Agrosuper.
La Cartuja venía haciendo ruido, pues llegó a elevar hasta en un 30% su producción que, según el mercado, no se condecía con la evolución de la demanda, impactando los precios.
Las dudas sobre le extinción de La Cartuja toman forma en un correo del 26 de diciembre de 2003, donde Ovalle, con el asunto “excedente” y un documento adjunto llamado “devolución excedente”, informa a José Guzmán e Ismael Correa, que “el excedente de la operación CA (La Cartuja) estimado para efectos de cálculo en $ xxx (tachado el número), se distribuiría en proporción al valor neto de los activos comprados por cada uno… uno de los participantes recibe $ xxx (tachado) y el otro $ xxx (tachado)”. Cierra Ovalle, diciendo que “la cifra final del excedente me la entregarán el 30/12/2003 y se estima será de $ xxx tachado)».
Sin dudarlo, Ovalle dice ante el TDLC, en septiembre de 2013, que dicho acuerdo “no es efectivo. Ismael Correa de Ariztía, en tanto, responde dubitativo ante la pregunta del TDLC que “tendría que revisar el caso porque no recuerdo quién se quedó con la sociedad, no me acuerdo… puede haber sido… de quien se quedó con la sociedad, no recuerdo”.
Para que no queden dudas, la FNE revela un “acuerdo privado” que firman Guzmán y Correa, además de Ramón Covarrubias de Don Pollo, del 14 de enero de 2004. En él se señalan provisiones, gastos y saldos disponibles de La Cartuja.
El documento es negado por Guzmán, quien dice que nunca participó de algo así. Este acuerdo, también involucra a Ovalle, quien lo informa el 20 de enero de 2004 a Guzmán, quien les señala que el texto (confidencial) desea entregárselo personalmente en Rancagua, pero que lo había olvidado. Ovalle le pide que lo revise y lo vean a su regreso.
Cuando es consultado en el tribunal, Ovalle da una respuesta insólita. Le pregunta el tribunal en qué consistía el acuerdo y Ovalle responde que no fue parte del mismo. Le insisten en si lo conoció y asegura que se lo entregaron para que lo entregara a Guzmán. Vuelven a consultarle si no lo leyó y asegura que “no, porque entendí que era un documento confidencial” y que le habían pedido que lo enviara “en esas condiciones”.
Sorprendido, el ministro del TDLC le pregunta si no lee lo que envía y Ovalle cierra diciendo: “Cuando me entregan un documento y me piden que lo reenvíe… no, no era parte de mi labor como APA”.
Otro documento incautado por la FNE aborda una reunión de ejecutivos de Don Pollo con Ovalle el 28 de julio de 2004, donde se analiza la posibilidad de importar pollos argentinos. En ella, se indica que “al consultarle a Ovalle sobre la posibilidad de importar nosotros (Don Pollo) pollos argentinos, indicó que esto sería muy mal tomado por el resto de los integrantes del APA”, pues “no se puede estar a los dos lados de la mesa en una confrontación de este tipo”.
También Ovalle, según el documento encontrado en Don Pollo, hace recomendaciones de producción aludiendo a la necesidad de mantener la “estabilidad de precios”.
Sobre eso Ovalle afirma que desconoce el papel, que es interno de Don Pollo y que “ellos pueden haber hecho las interpretaciones que le parecieran”. Lo sorprendente es que Ramón Covarrubias, gerente de Don Pollo, confirma lo señalado por Ovalle, así como la reunión.
El 15 de enero de 2008, Ovalle le informa a Correa, con copia a Agrosuper y Don Pollo, que “dada la situación del mercado granos y de la carne roja, sugiero ajustar las cargas a partir de la semana del 3 al 9 de marzo a x (tachado) unidades semanales».
Correa responde: “De acuerdo a lo conversado procederemos a ajustar la carga a la cifra indicada”. Frente al TDLC, no duda en reconocerlo pero con ironía. “Esto es una decisión absolutamente de la empresa. Segundo, puede haber habido, y como aquí nos están mostrando dos ocasiones, en que habría habido coincidencia con lo que Juan Miguel estaba planteando a través del APA. Sólo dos, en un período de ¿20 años o 30 años?”.
El 19 de junio de 2008, la influencia de la APA en la producción del mercado se hace otra vez evidente.
Ovalle escribe a Correa, de Ariztía. “Logré hablar anoche con José Guzmán que estaba en Génova y me informó su disposición a hacerlo en la medida que todos hagan un esfuerzo de reducción de cargas. Le informé mi conversación con Pablo Covarrubias (Don Pollo), a lo que me respondió que esto se debía entender como un tema común, independientemente de apreciaciones individuales”.
Correa responde que comparte su apreciación y que “de ser compartida procederemos”. Ramón Covarrubias, en tanto, responde a Ovalle, con copia a Guzmán de Agrosuper: “No te había contestado el correo ya que estaba en Brasil al interior y no sabía que habías tomado la desición (sic) de bajar las cargas, hoy jueves estuvo conversando con Pablo (Covarrubias) y por supuesto que lo acogemos». Frente al TDLC, Covarrubias reconoce la veracidad de lo indicado en el
email.
Pese al despliegue de Irarrázaval, entre las empresas hay confianza en que pudieron demostrar las inconsistencias de la FNE. Para ello pusieron varios argumentos y evidencias en la audiencia del miércoles de la semana pasada.
Lo primero es que la primera parte del alegato de la FNE se concentró en las propuestas de los convenios de 1994, lo que apunta a listados de precios de referencia. Este punto, dice una fuente, nunca lo pusó la Fiscalía en sus requerimientos.
En efecto, en dicho documento la FNE apunta a que la colusión apuntó a determinar anualmente la cantidad de carne de pollo que venderían en el mercado nacional y, según eso, se asignarían cuotas de mercado en función de lo que a cada miembro del cartel le correspondía producir.
Por ello, aseguran, dichos acuerdos, que además advierten que nunca fueron firmados, no tienen relación alguna con la acusación central de la Fiscalía.
Junto con eso, aseguran que la mayor parte de los correos presentados por Irarrázaval no evidencian acuerdos de producción sino recomendaciones de la APA, lo que la FNE llama instrucciones.
Para demostrar eso, pidieron un informe al Dictuc de la Universidad Católica, el que demostró que el nivel de correlación entre las proyecciones de demandas y las recomendaciones de producción y cargas fue mínimo entre 2006 y 2011.
Pero las empresas dispararon el 2 de abril pasado a fundamentos económicos y la propia opinión del fiscal en años pasados. Sobre esto último, el abogado Luis Eduardo Toro, presentó ante el TDLC el acta de una sesión del 23 de abril de 2012 de la Comisión de Distorsiones, que preside el propio fiscal Irarrázaval, donde se analizó una denuncia por dumping en importaciones de pollo argentino.
La comisión en ese momento sostuvo que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo cumplían con el requisito de representatividad del sector, pues tienen el 86% de la producción nacional del producto.
Esto, dijo, confirma que el mercado relevante de pollo en Chile no es sólo el kilo de pollo fresco, como definió la FNE, sino que incluye a piezas y partes (alas, trutro, etc.) y pollo congelado. Si esto fuera así entonces el pollo entero fresco, que sólo representa la mitad de la venta de pollos en el país y, por ende, los acusados en el caso de colusión, no tendrían el poder de mercado del que se les acusa.
Además, presentaron estudios de mercado que confirmaron que los clientes no consideran el pollo entero como un producto insustituible respecto de piezas y partes.
Junto con ello, cuestionaron que el estudio que demostraría que las empresas siguieron las sugerencia de la APA en producción y cargas se presentara pocos días antes del alegato, siendo el único trabajo científico al respecto. Pero asimismo critican que es de un funcionario de la división de Litigios de la FNE, lo que sería un evidente conflicto de interés o al menos invalidaría su planteamiento.
Del mismo modo, cuestionan que el cálculo del impacto del cartel denunciado por la FNE, que habría llegado a casi US$ 1.500 millones –hecho por Andrés Gómes Lobo y Jose Luis Lima–, fuera realizado por personas que permanentemente realizan trabajos para la FNE, por lo que tendrían un precedente favorable a la Fiscalía.
