En un extenso análisis, el influyente medio dice que la reforma busca aumentar la recaudación, necesaria para pagar programas sociales prometidas en la campaña. Explica que las nuevas facultades que tendrá el SII son un punto de polémica.
La costumbre de pagar “las compras del mes” en el supermercado como gastos de empresa se volverá muy difícil con la reforma tributaria que está impulsando el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, de acuerdo a un extenso análisis publicado por Bloomberg. La nota explica que el proyecto de ley busca prohibir cualquier tipo de evasión de impuestos e incrementar así la recaudación, necesaria para pagar programas sociales prometidos en la campaña.
“Boleta o factura” es la típica pregunta que realizan los cajeros en los grandes supermercados y que permite a quienes elijen la segunda opción obtener un descuento sobre el 19% del IVA que se paga en Chile, explica Bloomberg. Esta acción se pondrá en jaque de acuerdo a la nueva legislación, que rechazará los gastos de supermercado marcados como deducción de impuestos.
Ese es solo uno de los puntos del paquete de medidas que pretende incorporar el proyecto, que apunta a incrementar en 3 por ciento el producto interno bruto para financiar las promesas electorales de campaña, como la educación gratuita.
La aprobación de la reforma tributaria se espera para el curso de este año, gracias a la ventaja de la Nueva Mayoría, que cuenta con mayoría en ambas cámaras del congreso, aunque ha encontrado mucha resistencia en la oposición y por sobre todo en el empresariado.
El punto de la reforma que ha levantado mayor cantidad de críticas es que el gobierno planea contratar 500 nuevos inspectores de impuestos con la idea de empoderar el Servicio de Impuestos Internos para revisar cada gasto de tarjeta de crédito para ver si está relacionado a evasión.
Además, las disputas impositivas irán a cortes especiales donde se apelará, eliminando las charlas informales con funcionarios, tal como se resuelve hoy.
Tal como publicó Bloomberg, algunos consejeros impositivos han dicho que las propuestas son muy draconianas (mucho castigo paras infracciones menores), y no tienen relación con uno de los países con menor evasión de impuestos en Latinoamérica, y llevará a un incremento en disputas sobre montos de impuestos.
De hecho, la reforma también tiene un espacio para los consejeros: arriesgan multas si los reguladores consideran que están ayudando a los clientes a evadir impuestos. Los inspectores además tendrán la atribución de cuestionar cualquier operación que ellos consideren haya sido realizada con la sola intención de reducir impuestos.
Bloomberg rescató una cita de Bernardo Fontaine, que a semana pasada declaró que “Esto es justamente lo que los reguladores de impuestos le estaban pidiendo a Santa Claus para navidad: todo tipo de atribuciones dictatoriales y superpoderes”, criticando las nuevas atribuciones que tendrá el SII.
Del 3 por ciento de PIB que la reforma intenta recaudar, está proyectado que 0.5% llegue desde la campaña anti evasión. El otro 2.5% llegará desde otros cambios, como el incremento en los impuestos a las corporaciones que subirá de 20% a 25%.
Congresistas de oposición consideran que algunas de las medidas de evasión son “una invasión a la privacidad y los derechos constitucionales”, por lo que están preparándose para pedirle al tribunal constitucional que intervenga, tal como lo señaló a Bloomberg Rodrigo Escobar, consejero de Alejandro Santana, diputado de Renovacion Nacional.
Llama también la atención que miembros de la nueva mayoría también estén preocupados por los poderes que se le entregará a los reguladores. Es por esto que buscarán algunos ajustes, como ha señalado a medios Aldo Cornejo (DC), presidente de la cámara baja.
El gobierno ha defendido sus propuestas fiscales, dando a entender que es justo que los ricos paguen más, en su intento de extender los beneficios en base a 30 años de crecimiento económico promedio del 5,4 por ciento.
En ese sentido, el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro de la Asociación Nacional de Impuestos con sede en Washington DC, Claudio Agostini, aseguró a Bloomberg que “Los cambios en la ley están llevando la regulación tributaria de Chile hacia las tendencias mundiales, y está dentro de los estándares de los países OCDE”.
