«Durante la discusión de la Ley Longueira, la prensa de la época tiene los registros de cómo irrumpieron los ex subsecretarios de Pesca de la Concertación como asesores de las asociaciones gremiales de las siete familias. Se transformaron en los principales voceros en la defensa de la «sustentabilidad pesquera» que decían defender con la Ley Longueira los grupos económicos controladores del sector pesquero, a pesar de que todos los anteriores eran los principales involucrados en la corrupción que terminó en la devastación de la casi totalidad de las pesquerías».
Las confesiones del ex gerente general de Corpesca sobre el financiamiento a la política y que no dejan de ser más que la punta del iceberg, hacen suponer que los grupos económicos controladores del sector pesquero, a cambio de los aportes reservados y pagos de asesorías falsas, independientemente de las leyes que conseguían como traje a la medida, lograron como devuelta de mano transformar a Subpesca en una caja pagadora. Esta les transfirió millones de toneladas de pesca en forma ilegal durante las últimas dos décadas, un negocio formidable para los grupos económicos, ya que no debían sacar plata de sus bolsillos para financiar la política, sino que lo hacían con los recursos pesqueros que les pertenecían a todos los chilenos, en actividades al margen de la ley que eran amparadas –como si fueran legales– por instituciones del Estado y que les permitían además aumentar sus fortunas.
Francisco Mujica, el gerente general de Corpesca S.A., ha confesado a la fecha tres hechos gravísimos: 1) los financiamientos de Corpesca al senador Orpis; 2) los realizados a la diputada Isasi; y 3) «El 23 de marzo de 2011 –una confesión aún más grave, en esa ocasión–, se presentó ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Según consignó Diario 21, donde «señaló que entre 1997 y 2000 se pescaron más de 3.000.000 de toneladas de jurel bajo talla en la Región del Bío Bío, amparado en el concepto de ‘pesca de investigación’”. Lo que no dijo Mujica –según Ciper– es que esa misma artimaña fue utilizada en la pesca de jurel en el norte del país, que favoreció al Grupo Angelini, donde él era su gerente. Ciper le preguntó al Sernapesca por qué si la ley sólo permite un 35% de captura bajo talla, no existen sanciones a las empresas que operan en la macrozona norte (Corpesca ). Su respuesta fue: “Todas las operaciones de pesca de jurel en la zona norte del país hasta el 2011 se han efectuado bajo la modalidad de pesca de investigación».
El modus operandi puesto en práctica por los ex subsecretarios de Pesca de turno (entre otros Felipe Sandoval, Jorge Chocair, Pablo Galilea, etc.), era autorizar pescas de investigación a través de Resoluciones Exentas por millones de kilos de las especies que necesitaran los grupos económicos; mientras a Sernapesca se le obligaba a no denunciar estos hechos como ilegales al Ministerio Público y al SII (pescas de investigación sin fines científicos y que se autorizaban para el enriquecimiento ilícito de los grupos de privilegio), lo que terminó con la casi totalidad de las pesquerías sobreexplotadas y en extinción, aunque esa institución tenía y tiene como mandato legal fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Pesca, para impedir precisamente lo anterior.
El rol del Sr. Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República, fue relevante para que los anteriores ilícitos no fueran investigados ni sancionados, ya que salvo un dictamen del año 2011 en que precisó que las autoridades y funcionarios de Subpesca, Sernapesca y es de imaginar del IFOP, que tuvieran participación en avalar actuaciones al margen de la ley, se exponían a ser sancionados por esa Contraloría.
Se encargó durante su período (2007-2015 ) de impedir que las denuncias que se hicieron llegar a Contraloría fueran investigadas y que los autores de estos hechos de corrupción fueran sancionados, lo que posibilitó que los mismos operaran en la más absoluta impunidad, de allí que resultarían muy valiosas sus explicaciones después de su afirmación: «Estamos empezando a generar una ciudadanía Asperger», no haciéndose cargo de su contribución al desprestigio de instituciones como la Contraloría General de la República, a la que cruzó de brazos mientras frente a sus ojos desaparecía el 70% de la riqueza pesquera país a manos de la corrupción amparada desde instituciones del Estado.
Durante la discusión de la Ley Longueira, la prensa de la época tiene los registros de cómo irrumpieron los ex subsecretarios de Pesca de la Concertación como asesores de las asociaciones gremiales de las siete familias. Se transformaron en los principales voceros en la defensa de la «sustentabilidad pesquera» que decían defender con la Ley Longueira los grupos económicos controladores del sector pesquero, a pesar de que todos los anteriores eran los principales involucrados en la corrupción que terminó en la devastación de la casi totalidad de las pesquerías.
En ese mismo período una gran cantidad de senadores y diputados, en el Congreso, confesaban estar en conocimiento del enriquecimiento ilícito de los grupos económicos con las «pescas de investigación » que burlaban la ley, según quedó registrado en la historia de la ley 20.560.
Lo anterior no les impidió entregar a los autores de esos ilícitos los últimos stocks de las principales pesquerías país, justificándose en un argumento del todo delirante: la sustentabilidad pesquera país estaría a mejor resguardo si los últimos stocks de nuestras pesquerías se monopolizaban a perpetuidad a favor de los responsables de su devastación y extinción, y que es el contenido de fondo de la Ley Longueira, donde se vuelven a repetir los nombres de Corpesca, como los de todos los grupos económicos que controlan el sector pesquero y que no por casualidad aparecen con aportes de fondos reservados al financiamiento de la política.
Es necesario no descuidar el papel del actual subsecretario de Pesca, Sr. Raúl Sunico, quien ha conseguido que el Gobierno de la Sra. Bachelet apoye su estrategia que pretende desviar la atención ciudadana enviando la Ley Longueira a la revisión de la FAO, con el objetivo de trasladar el foco de la discusión, como si el problema de fondo de dicha ley fuera un tema técnico, con lo que pretende evitar que la misma se radique en el Ministerio Público por toda la corrupción que necesita impedir se investigue, ya que compromete a altas autoridades que todavía ocupan altos puestos en instituciones del Estado, Consejo Nacional de Pesca, Asociaciones Gremiales del empresariado pesquero , siendo muchos de ellos destacados militantes de la Nueva Mayoría.
Habría que preguntarse cuál es el mensaje de fondo del subsecretario Sunico para afirmar que, si se anula la Ley Longueira, terminaremos en la época de las cavernas, justo cuando el Ministerio Público empieza a destapar que la época de las cavernas sufrida por el sector pesquero no está como un peligro del futuro de nuestro país, sino como uno del pasado, en que Chile fue capturado por la corrupción y cuando los autores de la misma pensaban que gozaban de absoluta impunidad, y que nunca serían descubiertos y sancionados por la justicia.
La corrupción antes descrita llevó a que Chile al día de hoy tenga apenas el 30 % de la Riqueza Pesquera País de hace apenas un par de décadas, algunas especies marinas fueron llevadas a la extinción, otras devastadas, otras sobreexplotadas y muchos ecosistemas marinos fueron conducidos a su colapso, una herencia a las nuevas generaciones que compromete a los últimos gobiernos y es una vergüenza nacional, como resultado de actividades ilegales donde Subpesca tuvo un rol tan contundente que le resultará imposible esconderlo debajo de la alfombra e impedir que lo investigue el Ministerio Público.
Las palabras del Fiscal Nacional Sabas Chahuán en cuanto a que «Chile no es un país corrupto, pero sí existen corruptos a los que hay que perseguir penalmente», es una esperanza para que los anteriores ilícitos que son parte del tejido de corrupción que dio forma y sustento a la Ley Longueira, la mayoría de ellos no prescritos, sean investigados por el Ministerio Público y sancionados sus responsables, a lo que debería sumarse la nueva autoridad que está al frente de la Contraloría General de la República e iniciar los sumarios correspondientes en contra de los funcionarios públicos involucrados en estos hechos de corrupción.
Pablo Fernando González
Empresario Pyme miembro Comité Defensa Borde Costero
