Juez desestimó formalización del Fiscal José Morales al ex gerente de las sociedades cascadas por la arista Linzor (CHL) y falsificación de actas de directorio. A las medidas arraigo nacional, justicia sumó a Motta la medida cautelas de firma mensual.
A las 9 de la mañana de este martes, en la sala 101 de la Torre C del Centro de Justicia, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la zona Centro Norte fue la formalización a Aldo Motta, el conocido ex gerente de las sociedades cascada con las que Julio Ponce es dueño del 30% de SQM. Esto, por la famosa “arista Linzor” y la falsificación de actas de directorio que detectó el propio Ministerio Público.
Finalmente, el Juez Ponciano Salles, rechazó la solicitud de prisión preventiva para Motta solicitada por fiscalía. Pese a esto, se mantuvo la medida cautelar de arraigo nacional y se sumó al dictamen firma mensual.
Un proceso que no ha sido del todo expedito. Estaba fijado para el 12 de mayo pasado, pero se suspendió luego de la contienda legal que desató la decisión del fiscal José Morales de trasladar estas causas desde el Cuarto Juzgado de Garantía –con jurisprudencia en la zona oriente– al Séptimo –Santiago Centro–, el cual se declaró incompetente debido a que la ejecución de los hechos tuvo su origen en Las Condes, donde están ubicadas las oficinas de Ponce.
Dicha situación ya se zanjó luego de que la Corte de Apelaciones decidiera radicar las causas en este último tribunal, con la indicación de que, si bien los ilícitos se consumaron en la Bolsa Electrónica, sí tuvieron su origen en la zona oriente. Así es como esta mañana se conocerán las penas que pedirá Morales, a pesar de que los propios querellantes en esta causa no están del todo de acuerdo con la formalización de hoy.
Moneda Asset Management pidió en mayo pasado postergar la formalización para que la Fiscalía considerará además al propio Ponce. Esto, por la similitud de otras millonarias operaciones que se omitieron en las actas presuntamente falsificadas, las que la administradora de fondos denominó como “Operación SQ”, y en las cuales el controlador de SQM habría tenido directa injerencia.
Los documentos en cuestión datan del 28 de marzo de 2011 y corresponden a las sociedades Pampa Calichera (PC) y Oro Blanco (OB). “Como usted sabe, ambas sesiones de directorio constan en las actas respectivas, extendidas con esa misma fecha, las que posteriormente fueron objeto de falsificación justamente para ocultar o disimular la participación decisiva que tuvo el imputado Julio Ponce Lerou tanto en la denominada ‘Operación Linzor’ como la que hemos denominado ‘Operación SQ’”, sostuvo la administradora de fondos.
La diferencia es que, mientras en la primera transacción se operaron 5 millones de acciones de SQM-A, en la segunda se ejecutaron 163 millones de Calichera-A. La primera operación significó ganancias contables para Calichera de US$275 millones, mientras que en la llamada “Operación SQ” Ponce se habría beneficiado con US$89 millones.
“El hecho acreditado de que ambas operaciones se efectuaron a través de actos o artificios cuyo inicio se materializó el mismo día (28 de marzo de 2011), en acuerdos adoptados en las mismas sesiones de directorio, en las que se repiten los nombres de varios directores (entre ellos, muy notoriamente del imputado Julio Ponce Lerou) (…) El hecho acreditado de que, con posterioridad a la firma de las respectivas actas verdaderas, estas fueron despegadas de los respectivos libros de actas, luego destruidas y finalmente reemplazadas por sendas actas falsificadas con el propósito evidente de ocultar la participación criminal del imputado Julio Ponce Lerou en tales artificios”, agregó Moneda en el documento que envió al fiscal Morales, preguntándose al mismo tiempo “¿cómo podría, entonces, entenderse adecuadamente y en su verdadera extensión y profundidad el verdadero significado de una operación sin la otra? Ello sería sencillamente imposible”, sostiene.
La operación SQ
“No sería lógico ni entendible que no se formalizara, simultáneamente con el imputado Motta Camp, al controlador final de SQM y de todas y cada una de las sociedades cascadas, y controlador y dueño de las sociedades relacionadas (entre ellas, de SQ y SQYA). Está absolutamente acreditado en la investigación el dominio total de los hechos del omnipresente Julio Ponce Lerou”, dice Moneda.
Esto porque el mismo día de la operación Linzor, Oro Blanco vendió un remate en un solo paquete de 163 millones de acciones Calichera A, correspondiente al 9,21% de su capital. Este fue adquirido por Inversiones SQ (72% del paquete) y Norte Grande (28% restante), a un precio de $726 por acción, lo que supuso un descuento de 11,5% respecto del promedio ponderado del día anterior, y 9,6% en relación con los 15 días hábiles anteriores.
Según relató la administradora, sobre la base de la información recabada por la Superintendencia de Valores y Seguros, la operación de venta fue propuesta por Motta en una sesión extraordinaria del directorio de OB, celebrada el mismo 28 de marzo de 2011. En esa sesión, Ponce, no informó su intención de participar en dicho remate para comprar los papeles a través de SQ, ni tampoco Motta en calidad de gerente general de la misma sociedad.
Posteriormente –4 y 7 de noviembre de ese año–, Potasios compró estas acciones a un precio 45% superior, con lo que Ponce obtuvo una utilidad de $44.639 millones. Si se suma el dividendo percibido por Inversiones SQ, obtuvo una ganancia de US$89 millones.
El rechazo de la Fiscalía
El Ministerio Público rechazó la solicitud de Moneda. Según publicó la semana pasada Diario Financiero, el propio Fiscal Regional Metropolitano de la Zona Centro Norte, Andrés Montes, optó por no acceder a esa petición, “sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el futuro de acuerdo al mérito de los antecedentes y del resultado de las diligencias solicitadas por el querellante”.
De acuerdo a Montes, la audiencia de hoy no afecta el ejercicio de la acción penal ni tampoco los derechos de los querellantes y, por lo demás, “aún hay diligencias pendientes respecto de los imputados”. Una de las más importantes es el peritaje que encargó la Fiscalía –financiado por Moneda– a la Universidad Católica de Valparaíso, con el fin de recomponer el esquema sancionado por la SVS.
