En un oficio reservado, el director del servicio reconoce haber recibido el informe sobre el botador Cerro Amarillo, pero directamente de Minera Los Pelambres. Es parte de mismo requerimiento por transparencia que Glencore hizo en paralelo a Minería y cuya respuesta, según Los Pelambres, es una falta a la verdad.
La disputa entre Minera Los Pelambres y Glencore sigue escalando y ya se convirtió en un problema político para el Gobierno, que también amenaza con salpicar las relaciones con Argentina.
El viernes, El Mostrador Mercados reveló los documentos, correos electrónicos y presentación que complican al subsecretario de Minería en la pelea entre los dos gigantes mineros.
En ese reportaje se informó acerca de la carta reservada de los abogados de la minera de los Luksic que apunta a que Ignacio Moreno, el cuestionado subsecretario de Minería, no solo recibió y conoció el informe de las muestras y análisis que hizo SGS, sino que también lo habría avalado, respaldando la posición de Los Pelambres, en el sentido que el Botadero Cerro Amarillo no contamina.
Moreno insiste en que no mintió en su respuesta a los abogados de Glencore. Cercanos a él dicen que la multinacional se aprovechó y lo sacó de contexto en su presentación ante el tribunal argentino.
El viernes pasado, un oficio reservado del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), al que este medio tuvo acceso durante el fin de semana, respaldaría la versión del subsecretario.
En el oficio reservado, el Sernageomin dice que no encargaron ni validaron el estudio de SGS. El director del servicio, Rodrigo Álvarez, reconoce haber recibido el informe sobre el botadero Cerro Amarillo, pero directamente de Antofagasta Minerals, el holding minero que controla Los Pelambres.
El oficio es en respuesta a un requerimiento por Ley de Transparencia que el abogado de Glencore, Eugenio Valladares, hizo originalmente al Ministerio de Minería y cuya respuesta, que firmó el subsecretario Moreno, está en el centro de la polémica.
Valladares había preguntado si existe algún documento “por medio del cual con anterioridad al 30 de abril de 2015”, minería y/o Sernageomin (o personal de dichas instituciones) haya encargado a SGS hacer el informe “acerca de los resultados de la medición de los puntos de aguas en Laguna Grande y Laguna Chica».
También pide documento por medio del cual SGS, antes del 15 de abril, entregó a minería y/o al servicio los resultados del informe “que después fuera revisado y avalado por personal de Sernageomin”.
En su requerimiento, el abogado de Glencore solicita documentos en que conste que personal del Sernageomin revisó y avaló el informe de SGS que eventualmente fue entregado al abogado de Los Pelambres, Andrés Jana.
Y, finalmente, Valladares pide documentos sobre la metodología seguida por el personal del servicio para “revisar y avalar los informe entregados al Sr. Jana”.
La respuesta del director del Sernageomin es clara: “No existe en poder de este Servicio la información requerida, ello se debe, a que en relación a los documentos requeridos (…) no han sido generados por este Servicio”.
Agrega que “la empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud. Sin embargo, cabe aclarar que un informe elaborado por dicha empresa fue enviado por la empresa Antofagasta Minerals con fecha 15 de abril 2015”.
La respuesta respalda el argumento que Glencore hizo ante el tribunal argentino donde se radican las dos demandas principales en contra de la minera de los Luksic: que el informe de SGS no es un documento oficial por el simple hecho de que fue Sernageomin o que haya circulado por e-mail entre altos funcionarios del Servicio y el Ministerio de Minería.
Cercanos al equipo legal de Glencore insisten en que no existe un reporte técnico que lo valide como un informe oficial del Gobierno de Chile.
Fuentes que conocen los detalles de la disputa dicen que la respuesta de Sernageomin es contradictoria, ya que altos funcionarios de del servicio participaron en la ahora polémica visita al botadero. Los Pelambres ademas siempre ha sostenido que fue ahí que se le solicitaron las muestras.
Origen de la disputa
La disputa legal en Argentina sobre el botadero minero entre Los Pelambres y la multinacional suiza lleva casi un año, y hasta hace unos meses se había mantenido a bajo perfil. Sin embargo, la pelea tiene al jefe de gabinete de la ministra de Minería bajo sumario administrativo y al subsecretario de la cartera acusado de faltar a la verdad.
Glencore interpuso una demanda civil y una penal contra la minera en Argentina, ya que parte del botadero, que es donde se depositan los desechos de Los Pelambres, está en un terreno de Glencore en el vecino país.
Los Pelambres no lo niegan, pero su argumento es que actuaron de buena fe. Señalan que los mapas oficiales con el límite fronterizo de la zona cambiaron en 2008 sin que el Estado de Chile lo informara adecuadamente y que, entonces, una parte del botadero Cerro Amarillo del yacimiento Los Pelambres pasó de estar en territorio chileno a suelo argentino. Los Pelambres afirman que es 40%, Glencore dice que es cerca del 70% . En 2011, cuando se confirmó el error, se paró el uso del botadero.
Cercanos a los abogados de la multinacional suiza sostienen que lo que Los Pelambres hizo fue dejar el botadero abandonado, sin monitoreo.
En marzo de este año, Glencore sumó a su demanda civil una penal por «usurpación de terrenos y aguas y posibles daños ambientales». Y en junio, en forma reservada, sumó un denuncia medioambiental en Chile que la SMA notificó que ya está investigando.
La esencia de las distintas demandas del gigante suizo es que la minera de los Luksic «limpie la zona, repare los daños ambientales y compense los posibles perjuicios que la ocupación de la zona haya producido», explican cercanos al equipo legal de la firma.
Eso significa que Los Pelambres traslade el botadero a territorio chileno y lo indemnice. El costo de eso ascendería a US$ 200 millones más la indemnización. La minera chilena ha dicho que eso es impracticable, ya que significa mover 27 millones de toneladas de material y el daño ecológico sería enorme. Glencore manifiesta que son 50 millones de toneladas esparcidas en más de 60 hectáreas y que es factible hacerlo.
La minera del grupo Luksic afirma que la zona no tiene recursos mineros, por lo que no habría perjuicios. A cambio, ha ofrecido hacer un cierre ambiental, lo que tendría un costo de US$ 15 millones. Acusa que el verdadero motivo de Glencore es lograr «compensaciones económicas».
El origen del cuestionado informe
Al corazón del argumento de Glencore es que el botadero contamina. Y es ahí la razón de fondo de por qué el conflicto ha escalado a ser un problema político para el Gobierno.
Desde que se estableció que parte del botadero estaba en Argentina, se ha llevado a cabo una serie de reuniones e intercambio de correspondencia entre ambos países.
Después de varios intercambios y reuniones se acordó hacer una visita en terreno, que se concretó el 30 de enero de este año. Ambas partes habían acordado que pedirían ayuda a los operadores de los respectivos proyectos. Los Pelambres ofreció transporte y a la empresa SGS, consultora internacional, para tomar y analizar las aguas.
Cabe mencionar que el propósito de la visita era verificar posible existencia de contaminación de las aguas a consecuencia de un eventual drenaje ácido desde el botadero Cerro Amarillo. En ese marco, se procede a tomar muestra de las aguas de la Laguna Grande, en el lado argentino, y Laguna Chica, en el lado chileno.
Los resultados de la muestra de SGS –a los cuales este medio tuvo acceso– revelaron que no habría contaminación en las aguas de Laguna Grande en el lado argentino y que, en el lado chileno, se encontró presencia de cobre, manganeso, sobre la norma de referencia.
Cabe mencionar que los resultados de las muestras tomadas por al delegación argentina no son públicos, pero un extenso estudio hecho a pedido de Glencore por expertos argentinos revelaría que existe potencial de contaminación.
Glencore también alega que ellos no fueron invitados a participar a la visita, cuestionan la versión de que el Sernageomin pidiera a SGS que tomara las muestras y afirma que existen otros informes, no solo el de ellos, que indican que el material depositado genera y seguirá generando drenaje ácido.
Con respecto a este último punto, fuentes de Minería afirman que el material depositado tiene una ley bajo 0,3%, por lo que esa aseveración es “muy cuestionable”.
En todo caso, los resultados del informe de SGS fueron enviados a Los Pelambres y de ahí al Sernageomin. El oficio reservado del viernes de Álvarez al abogado de Glencore confirma esta versión y pone en tela de juicio –de acuerdo a abogados de la plaza– la estrategia legal hasta ahora usada por Jana, abogado de Los Pelambres para este caso.
Esa estrategia consiste en decir que la minera actuó de buena fe y que además el botadero no contamina. Y para eso fue que pidió las dos cartas en abril pasado, que son las que gatillaron la crisis en la que actualmente se encuentra el ministerio.
Jana pidió una carta de buena fe y que se timbrara el estudio de SGS para ser entregado en el tribunal argentino donde Glencore está demandando a Los Pelambres. El jefe de gabinete de la ministra, Adolfo Galindo, cumplió con la solicitud y la minera de los Luksic presentó dichos documentos como evidencia ante el tribunal de San Juan.
Críticos de Galindo, incluyendo el equipo legal de Glencore, opinan que el ministerio no debería haber extendido una calificación de este tipo a una empresa que regula. El funcionario fue forzado a renunciar y hoy enfrenta un sumario administrativo.
Desde Los Pelambres los dardos apuntan al rol del subsecretario Moreno.
Moreno respondió el 17 de junio pasado al requerimiento original del abogado de Glencore (Valladares) lo siguiente: «No existe en este ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS». Y añadió: «No existe constancia de ingreso en esta Secretaría de Estado del informe señalado en su solicitud por parte de la empresa SGS Ltda». Asimismo, manifestó: «No existe en esta Secretaría de Estado documentos en que conste información referente a que personal de Sernageomin revisó y avaló el informe señalado en su solicitud», y por último, su respuesta expresa: «No existe en esta Secretaría de Estado documentos en que conste la metodología seguida por el personal de Sernageomin respecto al informe señalado en su solicitud».
El equipo legal de Antofagasta Minerals, que además de Andrés Jana, incluye a la ex canciller Soledad Alvear y a Olga Feliú, actual presidenta del Colegio de Abogados, acusó a Moreno de faltar a la verdad.
Fuentes de Minería admiten que hay detalles extraños en la petición de Valladares. Primero, no se identificó como abogado de Glencore y lo hizo con su mail personal –aunque señalan que la ley no lo requiere– ,y la petición incluía solicitudes muy específicas que sugieren que sabía exactamente qué preguntar.
Valladares usó la respuesta de Moreno ante el tribunal argentino, acusando a Los Pelambres de «falsedad» y de intentar engañar a la Corte. «No es cierto que el informe de SGS haya sido avalado por el Ministerio de Minería de Chile ni por el Sernageomin. Es más, de los documentos anexos resulta que ese informe ni siquiera fue pedido por el Sernageomin ni Minería de Chile, ni que los hayan recibido jamás».
El resultado es que Los Pelambres sufrió una dura derrota judicial en Argentina y este último oficio del Sernageomin del viernes lo deja en una posición aún más complicada.
Desde un principio el subsecretario Moreno niega categóricamente haber mentido. Su posición es que él les respondió a los abogados de Glencore «estrictamente la consulta que se le hizo». Añade que nunca ha negado que conoce el informe y que contestó lo que le preguntaron. «Yo lo recibí el 15 de abril por parte de Sernageomín», reconoció a The Clinic y fue él quien lo envío a la oficina de la ministra.
Cercanos a Moreno cuentan que el subsecretario siente que los abogados de Glencore lo sacaron de contexto y lo usaron para su beneficio ante los tribunales argentinos y que él nunca avaló lo que dicen en Argentina. «Se apegó a la letra de la ley», es como lo explican.
Afirman que en privado Moreno estima que el estudio de SGS está bien hecho y que, efectivamente, Los Pelambres tendrían razón en afirmar que no hay contaminación el Lago Grande, en suelo argentino.
Este medio tuvo acceso a una serie de correos electrónicos, documentos del Ministerio de Minería y la Sernageomin, los que muestran que Moreno tenía conocimiento absoluto del informe de SGS y que apuntan a que, efectivamente, habría incluso avalado los resultados de este mismo.
Uno de los correos es del 14 de abril a un destacado miembro del equipo legal de Los Pelambres, donde informa que las muestras del lado argentino, de la denominada Laguna Grande, no detectan presencia de metales en el agua.
Este medio también tuvo acceso a una presentación que Moreno hizo el 24 de marzo ante la ministra Williams y representantes del Ministerio del Interior y Cancillería. También estuvieron presentes asesores externos de Los Pelambres. En esa presentación, página 7, Moreno detalla: » De las muestras de agua tomadas por el Sernageomin, se pudo determinar que cumplen con las normas de calidad para el riego, que es el uso que podría dárseles a las aguas de las lagunas del sector». La referencia es a la muestra tomada en el Lago Grande, que es el que está ubicado en el lado argentino.
Esa misma lámina contiene una foto de la funcionaria de SGS tomando la muestra en lado argentino.
Cercanos al equipo legal de la minera chilena apuntan a que los documentos, correos y la presentación es evidencia que en el Ministerio los resultados de SGS eran aceptados como oficiales, por lo que la carta de buena fe de Galindo no debería ser algo cuestionable.
Este medio también tuvo acceso a correos por medio de los cuales el subsecretario Moreno envío el informe a varias autoridades, incluyendo a Cancillería. El informe también lo recibió el actual ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, quien tuvo un rol en la disputa cuando era embajador en Argentina. Díaz lo habría usado como información oficial del Gobierno de Chile.
AMSA contrataca
En la carta reservada enviada el 2 de julio por los abogados de Los Pelambres, hacen una serie de peticiones, entre ellas, que Moreno tome medidas concretas «para enmendar las inexactitudes y omisiones descritas» y que se les informe de las mismas.
Además, Jana pide una serie de documentos, incluyendo la copia de la petición original de Valladares, el abogado de Glencore, copia del acta de la reunión celebrada el 14 de agosto en Buenos Aires, cartas enviadas por Moreno, copia del borrador de acta, minuta «o cualquier otro documento» enviadas a las autoridades argentinas en que se deja registro de la visita binacional al botadero el 30 de enero.
Fuentes en el ministerio revelan que la petición del abogado de Los Pelambres también pide detalle de reuniones y/o comunicaciones que Moreno habría sostenido con representantes, asesores o funcionarios de Glencore a propósito de la petición de Valladares.
