También deja en evidencia vacíos regulatorios. Rafael Guilisasti, integrante de la mesa de CorpBanca, llegó a la presidencia de las sociedades controladas por Julio Ponce pocos días después de que el banco de Álvaro Saieh les tirara un salvavidas con un refinanciamiento. Pero él no es el único. El tema de “interlocking” es uno en que la regulación chilena está al debe y este caso lo pone en evidencia.
La llegada de Rafael Guilisasti a los directorios y presidencia de las sociedades cascada, que forman la cadena de control de SQM, desató una polémica que aún no termina.
Ante el silencio del ex presidente de la CPC, los comentarios de pasillo en Sanhattan se repiten.
Primero fue la crítica por el evidente conflicto de interés del empresario viñatero, debido a la información confidencial y privilegiada que –según Corfo– Guilisasti tenía de la disputa judicial con SQM. El empresario renunció a Cofro públicamente el mismo día que anunció su llegada a las sociedades que controla Julio Ponce.
Junto con ello, surgió la duda de si su cargo como director de CorpBanca tuvo alguna influencia en la decisión del banco que controla Álvaro Saieh –y que desde 2016 pasará al control de Itaú– de refinanciar a las sociedades a través de nuevos créditos.
Y es que, solo con los antecedentes conocidos públicamente, la situación de Guilisasti es incómoda y obliga solamente a confiar en su prudencia y la de los directores de CorpBanca. Porque en Chile la presencia de un director de un banco en una empresa de la cual la entidad financiera es acreedora es laxa y deja espacios a que el ‘club’ de los empresarios eventualmente siga operando.
El tema de interlocking es uno en que la regulación chilena está al debe y este caso lo pone en evidencia.
Interlocking se refiere a los vínculos entre empresas competidoras en los directorios.
Economistas en general sostienen que los incentivos del interlocking son a no competir. Reducen la competencia aunque no haya colusión. Asimismo, hay más información entre los directores y hay incentivos cruzados para no competir.
En el caso de Guilisasti, las críticas se limitan a los posibles conflictos de interés.
Cronología
Veamos la cronología. El 10 de septiembre pasado, CorpBanca anunció la entrega de nuevos créditos a Oro Blanco, la sociedad que controla Pampa Calichera, la cual a su vez es vehículo principal de control de SQM.
El banco que preside Jorge Andrés Saieh entregó un crédito de US$ 64,6 millones a Oro, de los cuales US$ 12,55 millones fueron a pagar un préstamo con la misma firma. El resto fue a la cuenta corriente de Norte Grande (la sociedad que controla a Oro Blanco) que destinó parte de dichos fondos a pagar otras deudas con el mismo banco.
Así, Norte Grande redujo sus pasivos con CorpBanca a costa del endeudamiento de Oro Blanco.
Cuatro días después, el 14 de septiembre, la sorpresa. Rafael Guilisasti anunciaba por la mañana su renuncia a Corfo y a la tarde se conocía su nuevo cargo como presidente de las sociedades Cascada.
Es decir, el director de CorpBanca, elegido con votos de Saieh en 2012, asumió como contraparte de CorpBanca que pocos días antes redujo considerablemente el endeudamiento de las sociedades aguas arriba.
Sin embargo, la historia tuvo un tercer ingrediente aún más polémico. En la única entrevista pública que ha dado Guilisasti, el ex dirigente del Mapu reveló a Pulso, el 15 de septiembre, que lo había contactado Luis Eugenio, el hermano del controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou. Luego de eso, dice, reflexionó y conversó por teléfono con el propio ex yerno de Pinochet, cerrando su incorporación.
Es decir, en los días previos a que CorpBanca le diera el oxígeno financiero que requerían las cascadas, Guilisasti –a esas alturas director de CorpBanca y al mismo tiempo consejero de Corfo– negociaba con los hermanos Ponce Lerou su incorporación a la presidencia de la cadena de control de SQM en nombre de Ponce.
La pregunta salta a la vista. ¿Debería Guilisasti ejercer como director de un banco que es acreedor de una empresa –en este caso, varias– donde el mismo personaje figura en el directorio y además es designado con votos del controlador?
En rigor, la normativa actual lo permite y no hay imposiciones mayores que varias disposiciones destinadas a la autorregulación.
De partida, Guilisasti no participa del comité de crédito del banco, por lo que al menos, formalmente, no tuvo participación en el salvataje a las cascadas. ¿Pero es su ausencia de dicho comité sello de seguridad de que no tuvo incidencia en la decisión?
La frase de Alejandro Ferreiro –ex superintendente de Valores y Seguros (SVS) y, según la memoria de 2014 de CorpBanca, actual asesor permanente del directorio del banco de Saieh–, pronunciada en octubre de 2013, podría ayudar: “Las actas son un reflejo muy imperfecto de lo que allí ocurre. Ni todo lo que ocurre se registra ni todo lo que se registra ocurre”, afirmó, aludiendo a los reportes de los directorios de empresas en general, que son imperfectos porque justamente sus actos son “esencialmente ocultos”.
Hugo Caneo, ex jefe del área de cumplimiento de la SVS y actual jefe de estudios del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, explica que en lo fundamental la normativa que rige en Chile afirma en los propios bancos la responsabilidad de evitar que los conflictos de interés se transformen en actos irregulares.
Es decir, no existe limitación para estar en ambos lados de la vereda, sino solamente cuidar de que dicha doble militancia no afecte su independencia y, al mismo tiempo, el banco debe tener una política para regular el potencial cruce de intereses.
Guilisasti en CorpBanca
¿Guilisasti ha cuidado no cruzar la línea? ¿Su doble militancia lo afecta directamente en su rol en el banco?
La única certeza es que no es posible verificar si el socio de Viña Concha y Toro intercedió o no ante Saieh para refinanciar a las cascadas.
Y dado que no está en el comité de crédito del banco, resta verificar cuál es su rol en la entidad que prontamente se fusionará con Itaú.
Según la información pública de CorpBanca, a diciembre de 2014 Guilisasti integraba el Comité de Auditoría y el de Gobierno Corporativo.
En el primero –que preside el ex titular de la Sbif, Gustavo Arriagada y que además integran la hija de Álvaro Saieh, Catalina, y el director elegido por IFC, Hugo Verdegaal– las reglas son claras.
Según el Capítulo 1-14 de la recopilación de normas actualizadas de la Sbif, el Comité de Auditoría debe cuidar la eficiencia de los sistemas de control interno de la empresa y el cumplimiento de sus regulaciones.
Seguidamente, establece que debe tener una “clara comprensión de los riesgos que pueden significar para la institución, los negocios que realice”. Entre sus funciones destaca la relación con auditores externos, recomendar los clasificadores de riesgo y velar por que las distintas instancias de control interno de la compañía cumplan su labor.
Pero, junto con ello, destaca un punto en que se le adjudica la responsabilidad de “tomar conocimiento y resolver acerca de conflictos de intereses a investigar actos de conductas sospechosas y fraudes”.
También es este comité el que debe analizar los informes sobre las visitas de inspección y las instrucciones o presentaciones que efectúe la Sbif.
La Sbif, entonces, es la encargada de verificar el nivel de cumplimiento de las normas de los bancos, asegurándose –entre otras cosas– que los créditos otorgados obedezcan a una evaluación seria de los riesgos de entrega de créditos a los distintos clientes. Y el Comité de Auditoría del banco, donde participa Guilisasti, es el encargado de revisar los informes de la Sbif, es decir, de facto es su contraparte.
Por cierto, Guilisasti también integra el Comité de Gobierno Corporativo, el que vela por tener las mejores prácticas en gobierno corporativo en el banco.
La política de CorpBanca cumple –al menos formalmente– con lo requerido por la autoridad, delimitando la actuación de los directores en algunos de los comités. “Los integrantes de los diversos comités deberían abstenerse de votar respecto de todas aquellas materias en las cuales estén expuestos a un eventual conflicto de intereses, sea por expresa disposición legal o bien por estar afectos a alguna circunstancia que de cualquier modo límite o restrinja su independencia e imparcialidad respecto de las materias sometidas a su conocimiento”. La verificación del cumplimiento de estas normas internamente está en manos del Comité de Auditoría, donde participa Guilisasti.
¿Una excepción?
Un ex superintendente de Valores, un director de CorpBanca, un ex director de un banco de la competencia y un abogado de un reconocido gestor de fondos, coinciden unánimemente en que no es imaginable que Guilisasti vaya a intervenir en el banco para beneficiar a las cascadas que controla Ponce Lerou.
Pero todos reconocen que la imagen de un director sentado en la presidencia de Pampa Calichera y Oro Blanco, que luego cruza la vereda para integrarse a la mesa de uno de sus principales acreedores, no es estética y lo pone en potencial conflicto de interés.
Pero ¿es el caso de Guilisasti una excepción en el país? Ni por lejos. El ejemplo más cercano es el del presidente de SQM, Juan Antonio Guzmán. El empresario, vinculado a la UDI, asumió recientemente la conducción de la minera cuando Ponce dejó su cargo y el directorio que controlaban los Ponce era una olla a presión. Guzmán también es director del banco Scotiabank, uno de los principales acreedores vía créditos de SQM.
Al recién asumido presidente de Banco Estado, Jorge Rodríguez Grossi, le toca de cerca el tema, pues su empleador AES Gener –junto al grupo Luksic– tiene entre los acreedores a la entidad estatal. Aunque se espera que deje su cargo en la eléctrica por la exigencia de dedicación exclusiva.
José Pablo Arellano, ex presidente de Codelco, integra el directorio de BCI, mismo banco que es parte de la lista de acreedores de Mall Plaza, donde Arellano se repite el plato.
La lista es interminable. Algunos de los expertos consultados reconocen que hay un vacío legal en este tema, pues la posibilidad de que, informalmente, un director de una empresa pueda intervenir en favor de esta cuando se siente a la mesa de un banco acreedor, no es un tema trivial.
Sin embargo, Caneo explica que aunque con matices de mayores requerimientos a nivel mundial, las regulaciones de los países desarrollados no impide la doble militancia.
“En general se les entrega a los mismos bancos que determinen la regulación sobre conflictos de interés. La diferencia es que no solo se limita a las normas del título XVI de la LSA (Ley de Sociedades Anónimas) sino que se va a que deben existir políticas en la materia”, explica Caneo.
Agrega que concretamente el Code of Federal Regulations (CFR) de Estados Unidos dispone, en el capítulo 12 sección 1261.11, que debe haber políticas de conflicto de interés y ello exige a los directores a actuar solo en el interés del banco y en ningún caso siguiendo su propio interés.
Esto se complementar con la obligación de tener controles internos para asegurar reportes, declaraciones y procedimientos de monitoreo aunque no existen prohibiciones per se. “En general, los códigos de bancos de USA, es decir, autorregulación, requieren cumplir con los más altos estándares e impedir bajo cualquier circunstancia afectar la reputación del banco, más en el caso de los directores que por la exposición del negocio bancario son especialmente sensibles”, explica Caneo.
También apuntan a algo similar los más altos estándares de la banca en el mundo a partir de las referencias que da el BIS –sigla que refiere al Banco de Pagos Internacional, donde sesiona el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea–. Estos atacan los conflictos de interés desde el punto de vista de los riesgos y cómo un conflicto de intereses puede afectar la reputación, aunque también la integridad de las operaciones. Con todo, Caneo señala que el foco es que los directores conozcan y entiendan sus responsabilidades porque se entrega a cada banco esta regulación.
La Sbif, además, pone límites a las operaciones con partes relacionadas. Según la norma que rige a la banca, los créditos a las Cascada son operaciones relacionadas por el vínculo de gestión de Guilisasti con el banco y las firmas de Ponce.
Sabiendo que CorpBanca tiene un límite de financiamiento a Pampa y las otras cascadas, la responsabilidad entonces, queda radicada en la ética de Guilisasti y los directores de CorpBanca.
La SVS –CorpBanca es Sociedad Anónima– y la Sbif fueron consultadas por este medio sobre la forma en que fiscaliza a los bancos en Chile, buscando develar con mayor exactitud qué tan exhaustiva es la labor del supervisor o si solo realiza su trabajo en función de las presentaciones formales del banco. Todo esto, considerando que la ley encripta la fiscalización y, por lo tanto, ningún medio puede acceder legalmente a los informes de la entidad que dirige Eric Parrado.
Por su parte, el organismo que dirige Carlos Pavez informó que no les corresponde abordar el tema pues la regulación está radicada en la Sbif. Desde la Sbif no hubo respuestas, aun cuando las consultas se plantearon la semana pasada.
La ausencia de respuestas de la Sbif impide abordar en mayor detalle este tema, al menos desde el rol del Estado. A la luz de los antecedentes recabados y las fuentes consultadas, pareciera que solo queda confiar en la ética de Guilisasti, Guzmán, Rodríguez Grossi –si no renuncia–, Arellano y tantos otros directores que comparten posiciones estratégicas en las distintas empresas en que participan, incluyendo a una que presta dinero a otra y la otra que ve financiados sus negocios por el banco en cuestión.
