El hecho de que el Servicio tenga 90 días para contestar las consultas previas y que, si no responde en ese lapso, la respuesta se interprete como negativa, deja disconforme al sector privado.
“Hay mucho trabajo por hacer”, sentenció el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, cuando cerró el seminario internacional sobre “Aplicación de la norma general antielusión, experiencia comparada”.
Junto con señalar que “esta norma no tiene un fin recaudatorio y no está destinada a buscar fuentes de ingresos fiscales donde no corresponde”, dijo que apuntaba “a controlar o prevenir el hecho de que se obtengan ventajas tributarias indebidas” a través de planificaciones tributarias agresivas.
Dicho eso, también indicó que el SII implementará una serie de medidas prudenciales para aplicar la norma de manera gradual. Entre ellas, figura el establecimiento de la consulta previa respecto a los contratos, actos o negocios que los contribuyentes pongan en conocimiento del servicio para su evaluación, de acuerdo al artículo 26 bis. “La respuesta tendrá efecto vinculante para el SII únicamente con relación al consultante y el caso planteado”, se encargó de enfatizar Barraza.
Sin embargo, este artículo fue cuestionado por una de las asistentes en la segunda parte del encuentro, puesto que el SII tiene 90 días desde que recibe todos los antecedentes para responder si una operación puede ser considerada elusiva o no. Si, al término de ese período, el Servicio no ha dado respuesta, la ley señala que se entenderá por rechazada la solicitud y el contribuyente deberá preguntar nuevamente.
La inquietud de la asistente al seminario fue si este aspecto podría perfeccionarse en el marco de las indicaciones que el Ministerio de Hacienda enviará para simplificar los mecanismos establecidos en la Reforma Tributaria.
La disconformidad de los asesores y contribuyentes se debe a que los 90 días con que cuenta el SII se contabilizan a partir del momento en que recibe todos los antecedentes. Una fuente explica que eso podría significar que si el servicio se ve obligado a consultar por oficio a una superintendencia, el plazo corre desde el minuto en que dicho organismo le conteste y no antes. De esta forma, el plazo de consulta puede ser muy superior a los 90 días porque no depende únicamente del SII, sino de otros actores.
A lo que se suma el hecho de que la consulta puede simplemente no ser contestada y al cabo de los tres meses, se daría por rechazada.
En otros países, como Francia, se indicó que si al cabo de los 90 días no hay respuesta por parte del organismo competente, se entendía que la respuesta era positiva. Así lo indicó Laurent Amalric, director general de finanzas públicas de Francia, quien mostró resultados concretos del accionar de su servicio.
“En 2014 tuvimos más 20.300 solicitudes previas, los servicios desconcentrados trataron el 97% de estos requerimientos y la dirección general, el 3% restante. La duración media de respuesta efectiva fue de 66 días”, graficó el funcionario francés. Esto causó un comentario de admiración por parte del subdirector de fiscalización del SII, Víctor Villalón, en el sentido de lo alta que le habían puesto la vara, aunque aseguró que la oficina que se encargaría en Chile de dar respuesta a estas consultas estaría conformada por profesionales de alta calificación técnica.
También Amalric explicó que “cuando el contribuyente no está de acuerdo con la primera respuesta, tiene la posibilidad de pedir un nuevo análisis. En 2014, solo 528 contribuyentes pidieron un nuevo análisis (2,6% del total) y hubo 91 cambios de posición por parte de la administración fiscal”.
Fuera del seminario, el experto de la OCDE, David Bradbury, no quiso referirse específicamente al problema de que si al cabo de 90 días no estaba la consulta contestada por el SII, esta se daba por rechazada. No obstante, acotó que la cooperación entre el sector público y privado es básica. “Un diseño bueno de normas antielusivas debe efectivamente evitar las planificaciones agresivas, y, al mismo tiempo, minimizar el impacto de su cumplimiento para los contribuyentes, asegurando así que el país se mantenga como un lugar de inversión”, había señalado durante su intervención.
Comité antielusión de aquí a diciembre
Barraza también informó que la supervisión y control de la aplicación de estas normas para evitar la elusión corresponde a la Dirección Nacional del SII, en particular quedan radicados en un Comité Antielusión, el que establecerá lineamientos, estándares y rutinas generales o particulares. “Dicho comité deberá absorber las consultas de las direcciones regionales, con el objeto de propender una aplicación consistente a lo largo de todo el país”, añadió.
Posteriormente, señaló que el Comité Antielusión se conformará de aquí a fin de año y no quiso adelantar si esta entidad estará integrada por funcionarios del Servicio, por funcionarios de distintos estamentos del Estado o por miembros que provengan tanto del sector público como privado.
Sin embargo, los dos expositores que vinieron a explicar las realidades específicas de sus países –Francia y Reino Unido–, señalaron que en sus respectivos países estos comités están integrados por representantes del mundo privado y público.
En el caso de Francia, en el comité de elusión participan: un consejero del Estado, un consejero del tribunal de casación, un abogado con experiencia en derecho fiscal, un maestro en el tribunal de cuenta, un notario, un contador y un profesor universitario.
Algo similar ocurre en Reino Unido, según señaló Ellen Roberts, de HM Revenue&Customs: “Tenemos un panel asesor independiente que da opiniones y aprueba guías. El panel está compuesto por individuos independientes como abogados y expertos en impuestos y negocios”. Roberts puntualizó que se usa la experiencia en temas comerciales para entender mejor las operaciones.
Tras este seminario existe la intención de demostrar que el Gobierno está abierto a la conversación no solo con expertos de otros países sino también con otros profesionales del mundo privado y público local.
Así se encargó de destacar el asesor del Ministerio de Hacienda, Alberto Cuevas, al inicio del encuentro cuando dijo: “Si cerramos las puertas de esta sala, el tema tributario desaparece. Aquí está representado todo el mundo tributario chileno y me parece que nunca había ocurrido algo así antes. Hay varios jueces presentes, está el presidente de los magistrados de tribunales tributarios, la presidenta del Colegio de Abogados de Chile, Olga Feliú, el presidente de los contadores de Chile, Raúl Muñoz, representantes de los funcionarios del SII, y los temidos fiscalizadores están sentados muy cerca de los principales asesores tributarios de Chile. Esta la OECD, el CIAT y el FMI… No sé si se puede pedir algo más. Esta es una señal potente de colaboración y cooperación. Atrás quedó la lógica de la confrontación”, sentenció.
