Este país europeo ha endurecido las normas contra quienes no quieren pagar, pero facilita la vida al contribuyente que desea regularizar su situación, señaló su director general de finanzas públicas, Laurent Amalric.
“No hay nada peor que el auditor que ha revisado y no ha visto nada”, señaló tajante Laurent Amalric, director general de finanzas públicas de Francia, durante el seminario sobre normas antielusión que organizó el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio de Hacienda hace algunas semanas.
Una afirmación que revela lo drástico que el sistema francés se ha puesto en los últimos años para combatir la elusión y evasión de impuestos.
“A veces, para recolectar información, no nos basta con solicitarla sino que debemos poner en práctica medidas policiales como la intercepción de llamadas telefónicas o realizar seguimientos. De hecho, creamos una unidad especializada que ya ha presentado más de 400 expedientes ante el juez”, relató Amalric.
Estas medidas van acompañadas por otras, como es la declaración por parte de los diseñadores de aplicaciones de contabilidad respecto a que sus programas no se prestan para fraudes; o con sanciones penales más duras que llegan hasta 7 años de cárcel y multas por 2 millones de euros.
La creación de este garrote tiene como contrapartida la norma que busca darles garantías a los contribuyentes y certeza jurídica. “No basta decir que nadie puede alegar ignorancia de la ley, hay que darle la capacidad al contribuyente de que tome conocimiento de cómo se aplica la ley en su caso particular”, explicó el representante francés.
Por eso ese país da la posibilidad de que las empresas o sociedades soliciten la opinión de la administración tributaria. Y cuando esto sucede el servicio tiene que tomar posición en el curso de los tres meses siguientes.
“La garantía y certeza jurídicas están dadas por que el contribuyente pueda pedir a la administración que venga a su empresa y tome posición en terreno. No es objeto de sanción porque el contribuyente fue el que pidió la intervención y regularizó”, ahondó Amalric.
Antes de comenzar una auditoría, se establece una agenda con el contribuyente. Luego se informan las observaciones y se definen cuatro visitas a terreno para verificar si se solucionaron las observaciones y se analiza si hay otros ejes de investigación. La empresa es informada de cada uno de los pasos, porque “no se la puede dejar en la ignorancia hasta el último momento. La sociedad puede explicar muchas de las observaciones durante el proceso”, explicó el funcionario.
El derecho a consulta
Las normas antielusión francesas diferencian dos categorías: la simulación a través de un acto ficticio o disfrazado para no pagar impuestos; y el fraude, donde los actos son reales, pero el esquema jurídico solo se explica por la voluntad de eludir una regla fiscal.
El sistema creó un Comité de Elusión que está conformado por un consejero del Estado, un consejero del tribunal de casación, un abogado con experiencia en derecho fiscal, un maestro del tribunal de cuentas, un notario, un contador y un profesos universitario. Es decir, lo integran profesionales de distintos ámbitos del sector público y privado.
El contribuyente puede pedir a la administración su opinión sobre si el esquema es abusivo o no. El comité debe aprobarlo en el lapso de seis meses y, si no hay respuesta, se entiende que está aprobado.
En 2014 hubo 46 solicitudes específicas de elusión y los dictámenes de la comisión se publican por internet, guardando la identidad de los que consultaron.
También se publican los esquemas abusivos y fraudulentos. Hay 18 esquemas publicados como, por ejemplo, el traslado disfrazado de personal.
“Esa es una forma de decirle al contribuyente que nosotros conocemos los esquemas y que se den por notificados de que estamos en conocimiento”, afirmó Laurent Amalric.
