El ente contralor le dio la razón a los diputados DC al reprender a la superintendenta de Pensiones por haber aprobado la fusión de dos AFP, si una de ellas (Argentum) nunca iba a existir. Argentum fue la administradora de fondos creada por Principal para ser usada como vehículo para comprar Cuprum.
En el cierre del año, la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, recibió la peor noticia: la Contraloría General de la República cuestionó duramente su decisión de aprobar la fusión de AFP Cuprum y Argentum, por parte del grupo estadounidense Principal.
En su informe, Patricia Arriagada da la razón en puntos clave del requerimiento presentado por los diputados DC, Fuad Chahin y Patricio Vallespín, quienes consideran ilegal la operación de fusión de ambas sociedades a fines de 2014, que permitió al controlador de Cuprum, Principal, obtener un beneficio tributario (good will) de $ 80.000 millones.
En su informe, la contralora cuestiona que el prospecto y los antecedentes económicos, financieros y comerciales presentados por Principal de Argentum coincidieran con los de Cuprum. “A juicio de esta Contraloría… no resulta admisible que en un proceso de constitución de una AFP se acompañen antecedentes de otra, aun cuando aquella sea su controladora, puesto que, en definitiva, ello importa no dar cumplimiento a las exigencias que para tal efecto fija el legislador”, afirma.
Agrega que “lo anterior resulta evidente si se considera que la propia SP en su oficio 28.164 de 2015, afirma que Principal Institucional Chile SA, era una empresa sin experiencia en administración de fondos de pensiones, cuyo esquema organizacional tampoco cumplía los estándares que esta superintendencia exige a una AFP”.
“Tal omisión de requisitos, no puede justificarse en la conveniencia de la operación a la cual alude en el artículo 130 de la ley 18.046, como se sugiere en el informe de la SP, sin perjuicio de añadir que en la especie, no se aportaron antecedentes que permitan acreditar cabalmente la utilidad o provecho para el sistema de pensiones que reporta la operación cuestionada”, continúa la Contraloría.
El cuestionamiento más duro de la contralora apunta a que Argentum no podía concurrir a la fusión con Cuprum, pues Argentum nunca existió. “En lo que atañe a la fusión debe considerarse que según la definición de ésta, que contempla nuestro ordenamiento jurídico, en particular, el artículo 99 de la Ley N°18.046, esa operación supone la existencia de dos o más sociedades, y en la especie, como quiera que sólo existía válidamente AFP Cuprum y no AFP Argentum, al momento de verificarse la fusión, esta última institución no se encontraba en condiciones de concurrir a aquella”, señala.
Su crítica al rol de Agnic continúa al señalar que “de esta manera, resulta contradictoria la figura de que se apruebe una fusión en la cual participe una entidad que para tener existencia legal requiera precisamente fusionarse con otra”.
Al mismo tiempo descarta los argumentos de Agnic al citar casos de fusiones previamente autorizadas en 1994 y 2008, pues “no se condicen con la hipótesis de que se trata, cual es, una constitución sujeta a una condición suspensiva de fusión, sino que ellos se refieren a fusiones sujetas a una condición”.
“En definitiva, no es la circunstancia abstracta de establecer una condición suspensiva lo que se cuestiona, sino que el hecho de que la condición fijada, en sí misma resultaba impracticable”, afirma.
Los diputados de la DC concurrirán mañana al Consejo de Defensa del Estado a pedirle intervenir en el caso. “La Contraloría nos ha dado la razón ya que la actuación de la Superintendenta de Pensiones no se ajustó a derecho, y por lo tanto, es ilegal, pensando y actuando en función de los intereses de los dueños de las AFP y sin velar por los intereses de los afiliados. Esto hace que la continuidad de Tamara Agnic sea insostenible. Además, estamos oficiando al Consejo de Defensa del Estado para que demande la nulidad de derecho público de las acciones administrativas de la Superintendencia, para dejar sin efecto la fusión, y evitar así que se genere el beneficio tributario del ‘goodwill’ por más de 80.000 millones de pesos en esta operación”.
El diputado Vallespín, en tanto, agregó que “este dictamen, además de ratificar nuestras denuncias, las que están siendo indagadas en una comisión investigadora, otorga el piso jurídico necesario para seguir avanzando en la Justicia y lograr que este proceso efectivamente quede nulo”.
