La información la reveló el abogado designado por el juez federal estadounidense Thomas Griesa para mediar entre Argentina y los fondos acreedores, Daniel Pollack. La fecha fue fijada en una reunión que mantuvieron hoy el propio Pollack con el nuevo secretario de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, y el número dos de su Gabinete, Mario Quintana.
El abogado designado por el juez federal estadounidense Thomas Griesa para mediar entre Argentina y los fondos acreedores, Daniel Pollack, anunció hoy el inicio de «negociaciones sustantivas» a mediados de enero.
La fecha fue fijada en una reunión que mantuvieron hoy el propio Pollack con el nuevo secretario de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, y el número dos de su Gabinete, Mario Quintana.
El encuentro, en el que «se abordaron un amplio espectro de asuntos», fue calificado por el letrado como «constructivo».
Caputo y Pollack acordaron volver a reunirse la segunda semana de enero de nuevo en las oficinas del mediador en Nueva York.
La reunión de este lunes sigue a otra celebrada el pasado 9 de diciembre en la que el representante del nuevo Gobierno de Mauricio Macri comunicó al mediador su intención de sentarse a negociar.
Argentina mantiene desde hace años un largo y complicado litigio en el tribunal de Griesa con los llamados fondos «buitres» que, después de la suspensión de pagos decretada en Argentina en 2001, compraron bonos que quedaron fuera de los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Después de la suspensión de pagos de 2001, Argentina logró que el 93 % de los tenedores de bonos se acogieran a las dos reestructuraciones de 2005 y 2010, mientras que del 7 % restante, solo un 1 % acudió inicialmente a los tribunales en Nueva York.
Sin embargo, en los últimos meses otro grupo de acreedores que tampoco aceptó las reestructuraciones de deuda en Argentina pero que no formó parte de la demanda inicial en Nueva York busca ahora sumarse a la querella para obtener los mismos derechos.
A finales de octubre Griesa emitió un fallo favorable a esos tenedores de bonos que eleva a unos 10.000 millones el monto total de deuda que Argentina debería pagar a los litigantes.
