Saieh ya tuvo problemas con el regulador en 2013 por triangular fondos a través del banco a SMU
La doble militancia de Rafael Guilisasti como director del banco de Álvaro Saieh y presidente de las famosas cascadas, motivó al regulador bancario a fiscalizar los créditos por US$154 millones que en septiembre pasado suscribieron las partes. Una operación que alivió la situación financiera de Julio Ponce, pero que derivó en una sanción de US$30,6 millones que hoy pone en jaque a CorpBanca. Los préstamos violan norma que establece que un banco no puede conceder créditos, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 10% de su patrimonio efectivo. CorpBanca apuesta a que revertirá la multa.
Algo olía mal. El 14 de septiembre la cascada sobre SQM –a través de las cuales Julio Ponce controla casi un tercio de la minera– anunció que Rafael Guilisasti sería el sucesor del entonces saliente e histórico presidente de este grupo de empresas. Cuatro días antes, sin embargo, estas mismas sociedades informaron al mercado la suscripción de nuevos créditos por US$154,6 millones con CorpBanca, banco donde el ex Mapu era entonces director y que es controlado por Álvaro Saleh.
La llegada de Guilisasti a las cascadas fue una bomba en el mercado. Lo controversial del asunto estaba encapsulado en el conflicto de interés que para este significaba dejar la Corfo y luego representar los intereses del principal accionista de SQM –las cascadas controlan la minera gracias a un pacto con la sociedad japonesa Kowa–, en vista del conocido conflicto arbitral que todavía tiene en disputa a la estatal con dicha compañía.
Así, su doble militancia como director del principal acreedor de un grupo de empresas donde ahora era presidente, fue un tema de segundo orden en medio de la vorágine noticiosa que significó la pelea entre Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y el mismo Guilisasti. Sin embargo, este asunto no fue menor para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif).
Lo dijimos en octubre: el regulador bancario había tomado nota del doble rol de Guilisasti y emprendió un proceso de fiscalización que culminó el 30 de diciembre, teniendo como resultado una millonaria multa por $21.764,5 millones (US$30,6 millones) contra el todavía banco de Álvaro Saieh.
La acción de la Sbif ocurrió apenas se supo de la llegada de Guilisasti a las cascadas. Sobre su investigación se presumía que el foco estaría puesto en las condiciones y el contexto de dichos préstamos, pues en solo cinco días la cascada informó de estos créditos y la llegada de Guilisasti como nuevo presidente de Norte Grande, Oro Blanco y Calichera.
Si bien el ex Mapu asumió como sucesor de Ponce cuando los préstamos ya habían sido informados al mercado, la Sbif quería revisar si podrían considerarse bajo la regulación de entidades o personas relacionadas, regulada en el capítulo 12-4 de la recopilación actualizada de normas de dicha Superintendencia.
Finalmente, la autoridad aplicó una sanción económica por infracciones a los márgenes individuales de créditos contemplados en el artículo 84 Nº 1 de la Ley General de Bancos y otros preceptos del artículo 85 de la misma ley. Esto, porque tras haber iniciado una revisión especial sobre las cascadas, arribó a la conclusión de que la totalidad de estas sociedades forman parte de “un esquema de organización social” que tiene como finalidad ejercer el control de SQM, “lo que las constituye en un mismo deudor para los efectos del cálculo de los referidos márgenes, prescindiendo de su respectiva individualidad”, según se detalla en el hecho esencial emitido ayer por el banco.
La norma establece que un banco no puede conceder créditos, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 10% de su patrimonio efectivo, en circunstancias de que los nuevos préstamos de CorpBanca lo dejaron como el principal acreedor de las cascadas, con un total de US$352,6 millones, según las mismas sociedades informaron en su oportunidad a la SVS.
Antes de dejar su cargo como presidente, Julio Ponce venía sondeando distintas alternativas para mejorar la situación financiera de la cascada. Lo hizo reuniéndose con bancos de inversión para ver la posibilidad de emitir un bono que le permitiera refinanciar sus pasivos y también proponiéndole a SQM un reparto de dividendo extraordinario por US$280 millones, cifra equivalente a las utilidades anuales de la minera.
Poco después se anunciaron los contratos con CorpBanca y, con la llegada de Guilisasti, Pampa Calichera echó pie atrás respecto del reparto de dividendos, argumentando que los accionistas requerían más tiempo para analizar esa propuesta.
Apenas se conocieron los nuevos préstamos del banco de Saieh a la cascada, la SVS actuó oficiando a Norte Grande –que consolida a todo este grupo de empresas– que informase detalles sobre sus compromisos económicos, en particular respecto de las acciones prendadas y no prendadas por las distintas sociedades cascada, pidiéndole, además, que aclarara si los préstamos de CorpBanca provocaron cambios al respecto.
Así fue como la cascada constató el mayor peso de CorpBanca como acreedor del grupo. En junio de 2015 el banco explicaba el 34% de sus deudas bancarias con US$255 millones, de un total de US$741 millones. Pero el reporte que en octubre entregó Norte Grande a la SVS informó que el banco de Saieh era el principal acreedor con un 41%, es decir, US$352,55 millones de un total de US$863,55 millones.
Estos contratos supusieron un gran alivio financiero para las cascadas. En el caso de Calichera, que había pedido un préstamo a CorpBanca por US$70 millones, tomó depósitos a plazo por el mismo monto con la misma entidad, los que además fueron prendados a su favor. Esto, hasta concretar el compromiso de comprar parte de los bonos que en 2007 emitió en EE.UU., plan que todavía no ha podido ejecutar, por lo cual ha extendido el plazo del mismo.
Si recompra esos títulos liberaría acciones SQM-A que están prendadas y accedería a un ahorro dado por la diferencia del 7,75% de interés anual de esos bonos, versus el 5,85% de interés de los préstamos de CorpBanca. Asimismo, alzados los depósitos, la cascada podrá garantizar este crédito con acciones SQM-B, algo inédito para este grupo de sociedades, pues para los créditos con Deutsche Bank y Scotiabank –los otros principales acreedores de la cascada– la garantía corresponde a la serie A de SQM.
Por otro lado, Oro Blanco obtuvo un crédito de US$84,6 millones, de los cuales US$12,55 millones fueron a prepagar un préstamo a CorpBanca y el resto se abonó a la cuenta corriente de Norte Grande para que prepagara parte de las deudas que también tenía con CorpBanca. Así, esta última sociedad podría reducir sus compromisos a costa de Oro, pues en junio de 2015 adeudaba cerca de US$100 millones a CorpBanca.
Dicho movimiento, finalmente, les permitió informar en octubre a Oro Blanco un alzamiento de 69.680.856 acciones prendadas de Calichera A y a Norte Grande otros 47 millones de acciones de Oro Blanco que también estaban prendadas.
CorpBanca no escatimó en argumentos para rechazar la decisión de la Sbif.
Ayer el directorio se reunió de forma extraordinaria y expresó su “unánime y categórico rechazo a las imputaciones de infracciones a la normativa vigente y a la totalidad de los fundamentos que le servirían de base”, instruyendo a la gerencia que ejerza todas y cada una de las acciones legales para dejar sin efecto la sanción de la Sbif.
Para refutar la multa del regulador, CorpBanca esgrime varios argumentos que han sido planteados en otros procesos sancionatorios, incluso las cascadas. Por ejemplo, que “se ignoraron los derechos básicos del banco de un debido proceso, sin la notificación de instruirle un proceso de revisión formal, del que solo se ha sabido el día de hoy y, quizás más grave aún, que se dio inicio por un hecho ajeno al banco, como fue la renuncia del director Rafael Guilisasti. Tampoco se dio oportunidad alguna para exponer los puntos de vista del banco, dar las explicaciones del caso o hacer cualquier descargo. Esto, a pesar de que la multa se fundamenta en operaciones de las cuales la Sbif ha tenido oportuno conocimiento a lo largo del tiempo, sin que al efecto hubiere formulado reparo u objeción alguna”.
Como sea, para ejercer sus distintos recursos el banco debe pagar el total de los US$30 millones. Aún así estima que la “probabilidad de éxito de dichas acciones es alta y que, en consecuencia, la contabilización de la multa en los estados financieros del ejercicio 2015 no conlleva un impacto en los resultados del mismo, sino que de acuerdo a las normas contables, su contabilización en caso de un resultado adverso se producirá cuando dicha multa quede a firme en virtud de la sentencia definitiva de los tribunales”.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Saieh y CorpBanca tienen problemas con el regulador por este tipo de operaciones.
En 2013 la Sbif tuvo que intervenir cuando este medio reveló cómo el empresario utilizó fondos de inversión privados (FIP) y sus aseguradoras para ‘bypasear’ restricciones a inversiones entre empresas relacionadas e inyectar fondos a SMU, su negocio minorista que en ese entonces estaba en peligro de quiebra.
La norma bancaria chilena prohíbe que un banco pueda conceder créditos a entidades relacionadas que representen más del 5 % de su patrimonio efectivo.
La evidencia en ese momento apuntaba a que Álvaro Saieh había hecho triangulaciones para poder inyectar fondos a SMU, evitando esas restricciones. Las operaciones estaban al límite de la ley y en el mercado estimaban que, a lo menos, transgredían el espíritu del artículo 84 de la Ley de Bancos.
En noviembre de ese año la Sbif zanjó las dudas sobre créditos de CorpBanca a SMU y asumió rol clave en fiscalización.
A través de una circular, el regulador dejó claramente establecido que si un banco entrega un crédito a una persona, natural o jurídica (empresa), que a su vez lo usa para financiar a una empresa vinculada al banco, debe ser considerada como préstamo relacionado y, por ende, debe ser incluida en los límites legales para ello.
Según la normativa actual, los bancos solo pueden financiar hasta un 5% a entidades que participan en el banco. Si se supera ese porcentaje, hasta un 10% se permite cuando se trata de “un grupo de personas relacionadas”, como en el caso de las cascadas.
Finalmente, la normativa permite financiar hasta en un 30% a relacionados en la medida que existan garantías más exigentes.
