Columna de opinión
«Las anchoas y sardinas, que en Chile sobrepasan el millón de toneladas, tienen un precio de 100 pesos el kilo para los grupos empresariales y contienen igual porcentaje de proteína que un kilo de pollo, con la ventaja que las primeras contienen Omega 3 marino. Pero las mismas nunca han sido posibles de adquirir por ningún hogar de Chile, ya que están monopolizadas para convertirlas en harina de pescado».
Chile posee en el sector pesquero una realidad indesmentible que da cuenta que nuestro país ha sido capturado desde hace décadas por grupos empresariales que han abusado de la corrupción, la colusión y el cohecho para conseguir el control total de la riqueza pesquera de nuestro país de la mano de una clase política instalada en el Congreso y en el Ejecutivo, desde donde han conseguido, entre otros aspectos, promover un tejido de leyes que les favorece y que se salta los más elementales criterios de protección de la libre competencia y de las leyes medioambientales, independientemente de la vergonzosa apropiación de bienes que les pertenecen a todos los chilenos.
La corrupción es indesmentible y afecta a todas las familias de Chile, basta un par de ejemplos:
1) Chile, siendo uno de los países pesqueros más grande del mundo, tiene como récord que las familias de nuestro país no tienen acceso al consumo de productos del mar, ya que su clase política ha preferido aprobar un tejido de leyes para que un puñado de grandes grupos empresariales monopolicen su riqueza pesquera a niveles insoportables y la exporten en casi su totalidad, en vez de tener como prioridad que la legislación que aprueben tenga como norte el asegurar el consumo de pescado entre las familias de nuestro país, donde dos de cada tres chilenos padece de sobrepeso u obesidad por la falta de acceso a la alimentación saludable de bajo precio, a diferencia de nuestro vecino Perú, que ha demostrado que el mayor consumo de pescado es posible si existe la voluntad política y los incentivos económicos apropiados para que ello suceda realmente.
Las anchoas y sardinas, que en Chile sobrepasan el millón de toneladas, tienen un precio de 100 pesos el kilo para los grupos empresariales y contienen igual porcentaje de proteína que un kilo de pollo, con la ventaja que las primeras contienen Omega 3 marino. Pero las mismas nunca han sido posibles de adquirir por ningún hogar de Chile, ya que están monopolizadas para convertirlas en harina de pescado. La falta de voluntad política se puede apreciar con lo que sucede con la JUNAEB a cargo del Estado, que con un presupuesto de 1.300 millones de dólares y a cargo de la alimentación de nuestros niños y jóvenes más vulnerables, por años no ha hecho nada para fomentar un potente programa para el consumo de pescado de origen chileno.
2) Por otro lado, a pesar que el inciso 1º del artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República establece como deber del Estado la tutela de la preservación de la naturaleza, la Subsecretaría de Pesca responsable del anterior mandato, cuyas máximos autoridades siempre han sido parte de la clase política y de la mano de los grupos empresariales devastaron la mayoría de las especies parte de la riqueza pesquera de nuestro país, en el último par de décadas, utilizando para ese propósito el engaño y el actuar al margen de ley, al encubrir en fines científicos «pescas de investigación» que terminaron en la devastación del jurel, merluza común, sardina austral, etc., todos ellos delitos que se encuentran en la impunidad que no han llegado al Ministerio Público. Ninguna autoridad de Gobierno o Subpesca, ni agrupación empresarial tienen explicación racional para la devastación que sufrió la riqueza pesquera del país en las últimas décadas, el silencio de ellos es porque la misma alimentó la corrupción y el enriquecimiento ilícito de unos pocos, como lo han reconocido algunos de ellos.
El Ministerio Público, a propósito de los financiamientos a la política relacionados con la ley Longueira, ha conseguido indagar y transparentar unas cuantas acciones al margen de la ley en las que están comprometidos algunos políticos, grupos empresariales y ex autoridades de Gobierno que tuvieron a cargo el sector, y que aunque es apenas la punta del iceberg de todo el actuar mafioso en el sector pesquero, hace cada día más insostenible que la clase política siga respaldando la vigencia de la Ley Longueira, que es fruto de un actuar que no cabe duda que quebranta el Estado de Derecho, el que hasta hace poco se defendía como columna vertebral de nuestra democracia.
El Sector Pesquero es una muestra dramática de cómo los grandes grupos empresariales, de la mano de la clase política, dieron forma a un tejido de leyes que ha impedido que Chile honre la economía de libre competencia que dice tener, que los nuevos emprendimientos fueran una oportunidad para miles de jóvenes y que la innovación y el talento fueran un espacio para la contribución de miles de científicos de nuestro país, para convertir lo anterior en un motor para el Desarrollo del que se beneficiaran todos los ciudadanos de Chile, por el contrario, el Sector Pesquero ha terminado concentrándose en manos de un puñado de grandes fortunas, que para obtener todo lo que han querido, han abusado del financiamiento a la política.
Los ciudadanos de Chile tenemos la obligación de imponer a nuestra clase política que derogue la Ley Longueira y que en la discusión de la nueva Ley de Pesca el tema central de la misma sea asegurar a la inmensa mayoría de las familias chilenas el acceso al consumo de pescado y productos del mar, que tenga la virtud de apalancar a los miles de pescadores parte de la pesca artesanal de pequeña escala, y que el mismo quede a resguardo como una obligación a cumplir desde el Estado y por ningún motivo sea la ocasión para una promesa retórica. A la par, es fundamental que los recursos pesqueros, así como el borde costero, sean declarados bienes públicos y, por lo mismo, quede garantizado que son de todos los chilenos.
La nueva discusión de la Ley de Pesca debe asegurar y garantizar el acceso a los recursos pesqueros a los nuevos emprendimientos y en especial a los de innovación, castigar con cárcel las acciones que deriven en monopolio y colusión, en especial la que ocurre entre grupos empresariales y armadores semiindustriales, ya que lo anterior, de producirse –como en la actualidad– permite que los primeros terminen controlando casi el cien por ciento de los desembarques y con ello impiden la libre competencia en el sector pesquero y pervierten el sentido de fondo de la misma. La nueva Ley de Pesca debería contemplar una penalidad de cárcel por las acciones que comprometan a funcionarios públicos en la devastación de especies marinas y en el daño a los ecosistemas marinos, con el fin de evitar repetir la devastación sin culpables ocurrida en el último par de décadas, ya que es una obligación que cuidemos con exceso de celo el medioambiente, para garantizar nuestra solidaridad con las generaciones futuras.
Pablo Fernando González
Pyme Innovación
