Osvaldo Macías indicó que la acción de su predecesora Tamara Agnic no fue la “más idónea” y dio órdenes que no estaban contempladas en la ley, pero recalcó que las empresas actuaron de buena fe, por lo que no es posible echar abajo las autorizaciones. Fuad Chahin consideró lo ocurrido una vergüenza.
En un mes al frente de la Superintendencia de Pensiones, Osvaldo Macías ya tomó decisiones sobre el caso más espinudo que tenía en sus manos: las fusiones de AFP Cuprum con Argentum y de AFP Provida con AFP Acquisition.
Esta tarde emitió una resolución que ratifica ambas operaciones, pero cuestiona abiertamente el procedimiento realizado por su antecesora, Tamara Agnic, lo que abre las puertas a que continúen los cuestionamientos a lo obrado por el organismo en estos casos.
La polémica por ambas operaciones partió en 2014, cuando Agnic ordenó a los controladores de Cuprum y ProVida –Principal Group y Metlife, respectivamente– crear dos AFP (Argentum y Acquisiton, llamadas “de papel” por los críticos, pues nunca existieron) y luego fusionarlas con las existentes Cuprum y Provida, respectivamente. Ambas fusiones permitieron la obtención de beneficios tributarios totales por casi US$ 500 millones.
La Contraloría señaló que si bien no puede intervenir en la decisión de la superintendencia, la creación de la AFP Argentum no cumplió con la normativa, ya que nunca existió.
Hoy la Superintendencia de Pensiones emitió un comunicado reconociendo los errores de Agnic, aunque al mismo tiempo explicó que no puede invalidar las operaciones –analizó no solo el caso Cuprum sino también de Provida–, pues los controladores actuaron obedeciendo las decisiones de Agnic, es decir, actuaron de “buena fe” y jurídicamente no es posible retrotraer los casos.
“Los procesos realizados no fueron los más idóneos para alcanzar el resultado final, toda vez que pudo optarse legalmente por el mecanismo sugerido por los propios administrados. La condición señalada por esta Superintendencia para llevar adelante las fusiones era innecesaria, ya que implicaba la imposición de una exigencia adicional a los operadores de este sistema, la que no estaba claramente impuesta en el ordenamiento jurídico”, dijo la superintendencia.
Aunque al mismo tiempo explica por qué no puede rechazar las autorizaciones: “Estando obligadas las administradoras a acatar las instrucciones que les impartió esta Superintendencia, actuaron bajo el convencimiento de la legalidad del procedimiento instruido por ella, lo que les otorgaba la confianza de estar obrando en el marco del ordenamiento jurídico vigente».
Y sobre el mismo asunto, añade: «No corresponde declarar la invalidación de las fusiones, en virtud de la doctrina de confianza legítima sostenida en la jurisprudencia uniforme de la CGR… En consecuencia, esta Superintendencia se encuentra limitada para invalidar dichos actos administrativos, a fin de no infringir el principio de la certeza jurídica que ha sido recogida por la CGR en su jurisprudencia como el respeto a la confianza legítima”.
El diputado Fuad Chahin (DC), quien ha liderado las críticas a Agnic y las operaciones, reaccionó calificando el caso como un escándalo y asegurando que el lobby de las empresas norteamericanas –que incluyó gestiones de la embajada de Estados Unidos en Chile– puso de rodillas a la institucionalidad chilena.
“Me parece un escándalo, creo que lo que hace es consolidar un beneficio tributario a través de operaciones ilegales. Creo que el gobierno debe dar una explicación, porque los mismos US$ 500 millones que está quitando a los chilenos por un ajuste presupuestario, se los regala a dos grupos norteamericanos, validando, de manera prácticamente definitiva, operaciones ilegales que le van a otorgar este goodwill. Eso me parece impresentable. A un pequeño contribuyente lo hubiesen reventado, pero como aquí se trata de dos empresas norteamericanas, el lobby norteamericano pudo más y puso de rodillas a la institucionalidad. Eso me parece una vergüenza”, afirmó.
