Fue el 15 de diciembre que la minera no metálica citó a los principales medios de prensa económicos –incluyendo El Mostrador Mercados– para transmitir las conclusiones del bufete norteamericano Shearman & Sterling, el cual fue contratado para revisar si la empresa había o no incumplido las normas anticorrupción de EE.UU.
La idea era una sola: la prestigiosa firma estadounidense no había encontrado evidencia alguna de un acto de soborno por parte de SQM, a pesar de que no por ello lo descartara. Una conclusión algo ambigua, pero que de igual manera le servía a la minera no metálica –apoyada en Extend– para difundir su tranquilizador mensaje.
Y la estrategia les dio resultados. El Mercurio tituló: “Investigación contratada por SQM revela que no hubo corrupción en aportes a la política”; La Tercera consignó “Estudio de EEUU concluye que pagos de SQM no buscaban beneficios económicos”; Diario Financiero sostuvo: “SQM: investigación por platas políticas centra responsabilidad exclusiva en Contesse y asegura que no hubo corrupción”; otros medios electrónicos, como T13, dijeron: “SQM: Informe asegura que no hay evidencia de corrupción en presuntos pagos irregulares de la minera”.
En esa ocasión, las entrevistas con los distintos medios fueron uno a uno, todos con Juan Antonio Guzmán como interlocutor válido, pues este estaba acompañado por otros ejecutivos que tuvieron un rol en el informe de Shearman & Sterling, pero no podían ser citados. A él se le atribuyeron distintas reflexiones sobre el documento, por más que hayan sido pronunciadas por terceros. Todas con el objetivo de celebrar el hecho de que los estadounidenses no hayan encontrado evidencia de que SQM sea una empresa corrupta. “No se identificó evidencia que demuestre que hubo pagos con el fin de inducir a una autoridad o funcionario con el objeto de ayudar a SQM para obtener beneficios económicos. Dicho en otras palabras, no se identificó corrupción (…). Estamos muy contentos y al mismo tiempo lamentamos lo ocurrido, pero es tranquilizador que no se haya encontrado evidencia de actos de corrupción», decía el actual presidente de la minera.
El mensaje de Guzmán iba acompañado de un comunicado de prensa que contenía varios antecedentes que le daban sustento técnico al trabajo de los abogados norteamericanos. Se decía que Shearman contó con el apoyo de Grupo Vial/Serrano Abogados y FTI Consulting, firma experta en investigaciones forenses, levantamiento y administración de documentos; que la investigación tomó nueve meses, período en el cual se recopilaron más de 3,5 millones de documentos y de estos se seleccionaron para revisar cerca de 930 mil; que fueron entrevistadas 24 personas –directores y ex directores, además de ejecutivos principales de SQM, empleados relevantes de esta y Julio Ponce, ex presidente de la minera–; y que se realizó un análisis forense de la contabilidad de la Compañía a partir del año 2008.
Este medio centró su análisis en las respuestas no obtenidas por la empresa. Pues el bufete fue contratado para revisar dos cuestiones específicas: si la compañía había hecho algún pago definido como corrupto para los efectos de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y si había incumplido disposiciones contables de acuerdo a lo prescrito en el FCPA. Si bien sobre este último ítem halló irregularidades, no encontró evidencias respecto del primero, pero era clave que tampoco lo descartara.
En ese minuto ME-O iba a declarar a la Fiscalía por las platas vinculadas a SQM, pero respecto de cualquier arista en relación con las boletas relacionadas al financiamiento irregular de campañas, dicho bufete decía no tener opinión porque no fue contratado para ello. Así, la larga lista de personajes de la política, entre los cuales hoy destaca la figura de Pablo Longueira por el escandaloso intercambio de correos con Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, resultaba una materia irrelevante para la labor del equipo jurídico de Wall Street.
Para Shearman & Sterling, un acto de soborno se materializa cuando hay un intercambio de intereses entre una compañía y un político, sobre la base de lo establecido en la FCPA. Quizás habiendo analizado el pimponeo entre Longueira y el ex gerente de la minera respecto de la ley de royalty revelado por Ciper, su visión sería distinta.
En el informe de Shearman no hay mención a dicho correo, pero sí situó a Longueira como el dirigente político que más dinero recibió por la minera. Según el informe del bufete, entre 2009 y 2014 SQM pagó $730 millones a más de 20 personas naturales y jurídicas vinculadas al ex UDI. Desde enero Longueira es investigado por cohecho por el Ministerio Público.
Hoy, por lo demás, el mismo informe ha sido fuente de información para distintos medios de prensa y para el propio Ministerio Público, con antecedentes que dan cuenta de la red de boleteros políticos que se beneficiaban de los aportes de SQM.
Qué tan concluyente parece hoy el juicio de Shearman, habiendo sido contratado por dos cuestiones específicas, es algo que con la perspectiva del tiempo y a la luz de los últimos hechos puede descartarse. Para SQM, sin embargo, fue motivo de una operación que en su minuto le ayudó ante la opinión pública para limpiar su imagen, pero que lamentablemente para sus intereses se trató de una celebración insostenible en el tiempo.
